Defensoras urgen actuar para detener la pandemia de la violencia, que cobro la vida de otra mujer

Organismos defensores de los derechos de las mujeres y feministas han condenado el reciente abuso sexual y femicidio en contra de la joven Eliza Rivera de 22 años, con siete meses de gestación, crimen ocurrido la madrugada de este jueves 17 de septiembre en Ayapal, micro región del municipio de San Juan de Bocay, del departamento de Jinotega.

Las activistas recuerdan al Estado de Nicaragua su deber de proteger la vida por medio del correcto cumplimiento de la Ley 779, así como, volver a encarcelar a los hombres que liberaron y que anteriormente habían sido procesados por violencia machista.

El Grupo Venancia de Matagalpa, señaló que tanto el Estado como la sociedad deben de actuar para detener esta pandemia, ya que la violencia contra las mujeres no es un problema personal en el que nadie se debe meter, “es un problema social que nos atañe a todas y todos. Por eso si somos testigos de violencia, como en el caso de la joven Eliza, podemos hacer algo, desde una llamada telefónica a las autoridades, un grito preguntando qué pasa, una mano ofreciendo apoyo o refugio. Hay muchas maneras de intervenir con seguridad”, explican.

También se pronunció la Red de Mujeres contra la Violencia. “Condenamos a que se continúe cuestionando, enjuiciando y culpabilizando a las mujeres y/o a las madres por los crímenes en contra de hijas e hijos, quitando el foco de atención hacia los verdaderos culpables y se justifique la violencia; actitudes que contribuyen a mantener intacto un sistema social que nos discrimina y somete, perpetuando las violencias”, detalla el comunicado.

De igual manera, el movimiento feminista manifestó la desprotección estatal e impunidad a la que están expuestas las mujeres. “La falta de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres y la liberación de reos condenados por diversos delitos graves, trae como consecuencia dolor, inseguridad y desconfianza total en el sistema judicial”.

El movimiento exige al Estado de Nicaragua velar por la vida y protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Comisaría que atiendan a las víctimas con respeto

Sandra Arceda, responsable del Colectivo 8 de Marzo del Municipio de Esquipulas, Matagalpa resaltó la importancia de que las Comisarías de la Mujer atienda correctamente las denuncias y no revictimicen a las víctimas.

Para Arceda el Estado es quien está motivando los actos de violencia porque no respetan los derechos de los ciudadanos, lo que da una pauta a los hombres para actuar de la misma manera.

La activista feminista pide que se eduque a la población en derechos humanos, en igualdad, en el significado de la violencia, temas de género, entre otros. Así como, la correcta aplicación de las leyes.

En lo que va del año más de 53 mujeres han muerto a manos de sus parejas, amigos y vecinos; en muchos de estos casos habían puesto la denuncia, pero no fueron atendidas por las autoridades.

Los organismos y feministas le han recordado a la pareja presidencial que la violencia contra las mujeres no se va a detener con cadena perpetua, pero si con del debido cumplimiento de las leyes, con educación y con el respeto a los derechos o la vida de las personas.

“No podemos hablar de cadena perpetua cuando el gobierno no ha dejado claro en su discurso por qué está haciendo esto, solo está hablando de crímenes de odio, pero no se refirió a los femicidios, no se refirió a la violencia sexual contra las niñas y niños, no se refirió a eso. Hicieron un discurso hablaron de crímenes de odio, pero no deja claro a qué se refiere. Dice crímenes de odio que afectan con la paz entonces están hablando de grupos, actores sociales de oposición”, indicó Arceda.

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