Nicas en frontera de Costa Rica llevan ocho días bajo asedio policial, sin agua y sin dirección

Más de 560 nicaragüenses continúan varados en la frontera de Peñas Blanca, entre Costa Rica y Nicaragua esperando una respuesta positiva del gobierno de Daniel Ortega para poder ingresar a su país, que por Ley Constitucional les compete. Sin embargo, la política del régimen es que solo podrán entrar siempre y cuando paguen los 150 dólares para la prueba del Covid-19.

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El calvario que están sufriendo los nicaragüenses es que no cuentan con ese dinero, porque desde hace meses estaban sin trabajar en Costa Rica por la crisis sanitaria que enfrenta el mundo ante el nuevo coronavirus. La mayoría de estos ciudadanos tuvieron incluso que renunciar al refugio otorgado por Costa Rica, como resultado de la crisis sociopolítica de abril 2018, donde el gobierno de Ortega persiguió y acosó a quienes no simpatizaban con el mandatario.

“Esta situación, resulta muy difícil, primero porque tuvieron que renunciar al refugio y se exponen a amenazas y asedios, pero en Costa Rica ya era imposible subsistir porque no tenían trabajo”, señaló Maribel, del Movimiento Campesino, quien visitó la frontera para donar alimentos y utensilios de higiene.

“Las condiciones son inhumanas”

Las condiciones en las que se encuentran los nicaragüenses  varados en la frontera, y reducidos a un pequeño espacio,  aglomerados sin ningún mecanismo de seguridad ante la pandemia. “Solamente hay un servicio higiénico para las más de 500 personas, hay niños, adultos”.

El estado actual de estos ciudadanos es  inhumano. Ante el Covid-19, organismos de la salud han recomendado mantener distanciamiento social y lavado constante de manos. Pero en estas condiciones, los nicaragüenses están lejos a cumplir ya que solo tienen un baño, no hay acceso al agua, ni siquiera se han bañado, y mucho menos pueden lavarse las manos constantemente.

Tania Amador, Fundadora de Corner of Love  apoya actualmente a los ciudadanos con dos platos de comida al día para cada uno. “Tratamos de llevarles la comida caliente. Las condiciones son tristes, están aglomerados, parecen como en un corral de cerdos”, comentó vía telefónica a República 18.

Según Maribel, del Movimiento Campesino, están recogiendo agua de lluvia para poder bañarse y lavarse las manos, pero no es suficiente.

Lo mismo constató Amador, quien señala que en la parte nicaragüense hay unos botes de agua, pero los ciudadanos expresan ser agua sucia y contaminada.

Angélica Baltodano, Coordinadora de la CPDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos) en Costa Rica, viajó este fin de semana hasta la frontera de Peñas Blancas. La periodista constató a República 18 que hay niños, embarazadas y personas de la tercera edad.

“Conversamos con una señora que tiene 35 años de vivir en Costa Rica y es residente, pero la situación del COVID 19 la dejó sin trabajo y ella prefiere tener sus últimos días con su familia en su tierra natal”.

“Hay mujeres embarazadas, conversé con una mujer de 9 meses, su esposo está en Nicaragua y ella tiene miedo de tener a su hijo en la intemperie”, compartió la periodista.

Para comer solamente cuentan con lo que les lleva  organizaciones de la sociedad civil, y las cosas que les ha pasado la policía costarricense, apoyando con insumos de protección básicas como mascarillas y alcohol en gel para evitar las probabilidades de contagio.

“Es horrible, escuchar a la gente que tienen para volver a su casa. Esperando una respuesta que no se si sabe en qué momento va a llegar”, expresó consternada Baltodano.

Policia nica en asedio constante

Angélica Baltodano, Coordinadora de la CPDH también constató que los ciudadanos están bajo un plástico, se cubren con toallas, y están recibiendo asedio policial de parte de Nicaragua.  “Los tienen amedrentados, solo tienen un espacio de 2 metros donde las organizaciones les pasan la comida”.

Igualmente denunció que cuando ella y su equipo de la CPDH llegaron al lugar donde los nicas están aglomerados bajo una cerca improvisada de color naranja, “los policías comenzaron a tomarme fotos y videos y a la gente que estaba conmigo. Igual le pasaba a todos aquellos que llegaban a hablar con las personas”.

Baltodano compartió que conversó  con ciudadanos y el clamor de la mayoría es preocupación. “Están preocupados porque no tienen respuesta. Hay 5 nicas que lograron pasar porque pagaron la prueba del COVID19,  pero no sabemos si llegaron bien porque no tenemos reporte hasta el momento”.

Igualmente compartió a este medio que “Hay personas que lograron pasar por punto ciego, llegaron a suelo nicaragüense pero el ejército los esta intimidando que tienen que regresarse porque no hay pasada hacia Nicaragua”.

La policía de migración de Costa Rica  no tienen comunicación formal con las autoridades nicaragüenses. 

Wendy Quintero, periodista de El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + durante su visita insitú constató que desde el 18 de julio permanecen varados, sin poder bañarse, con un único servicio sanitario, aguantando hambre y sol.

El 25 de julio la policía de Costa Rica traslado a dos mujeres embarazadas quienes estaban en malas condiciones y fueron llevadas a un hospital.

“Esta medida desproporcionada transgrede los derechos humanos de la población nicaragüense migrante que en distintas ocasiones han manifestado la imposibilidad de continuar recibiendo en los países que cogida por falta de empleo lo cual generó condiciones socioeconómicas adversas obligándoles a regresar a Nicaragua, dijo el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca + a través de una misiva.

Igualmente señaló que el gobierno nicaragüense no debe establecer obstáculos que impiden el regreso de sus nacionales todo lo contrario debe asegurar el retorno asistido y regulado sin limitar sus derechos principalmente de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dijo a través de Twitter: “Hemos conocido la situación que enfrentan alrededor de 850 nicaragüenses en zonas fronterizas en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, y Panamá en condiciones precarias a la espera de la autorización por parte de las autoridades de Nicaragua para retornar a su país”.

“Al implementar controles fronterizos y medidas más estrictas en las fronteras en el contexto de la Covid19, los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales garantizando los derechos humanos de las personas”.