Médicos, periodistas y organizaciones civiles en medio de la pandemia encarnan la reducción de las libertades públicas

A casi cuatro meses que el gobierno de Ortega y Murillo admitió el primer caso confirmado de Covid-19 en el país, después de querer aparentar de que en Nicaragua existía un sistema de salud fuerte y que estaba preparado para el embate de la pandemia, la población todavía no ha conocido a detalle cuál es el plan que tiene el Ministerio de Salud (MINSA) para enfrentar la crisis sanitaria en el país. Ha reinado el secretismo oficial y la falta de transparencia con la que se reporta los casos y muertes por esta enfermedad.

En su reciente  informe actualizado sobre la situación en Nicaragua,  la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó que la crisis sanitaria causada por el COVID-19 “ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua, donde se ha estigmatizado a las voces disidentes y críticas contra la inacción y falta de respuesta del gobierno de Ortega y Murillo frente a la pandemia.

Médicos, periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil han sido reprimidos por el régimen en este contexto de pandemia.

Mientras en todo el mundo las y los médicos han sido reconocidos por su heroico trabajo y los riesgos que  implica estar en la primera línea, en Nicaragua, el gobierno no sólo ha arriesgado a su personal de salud, sino que les ha descalificado y despedido, esto como respuesta a las acciones preventivas que el sector médico ha promovido para contribuir a la contención de contagios y muertes por este virus.

La doctora Anely Pérez Molina, Secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), dijo a República 18, que poco antes que se conociera del primer caso de Covid-19 en el país, la UMN hizo llegar una propuesta al gobierno y a la sociedad civil sobre qué medidas tomar, basadas en todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para disminuir el impacto de la pandemia.

“Lo que nunca esperamos es que el gobierno iba a actuar de manera tan negligente, pero tampoco nos imaginábamos que esto iba a provocar un recrudecimiento de las libertades”, dice la doctora Pérez.

Pérez, señala que como gremio médico habían sufrido la represión desde 2018 y eso los llevo a organizarse para apoyar a la población, para atender a los pacientes heridos y ese mismo compromiso ético es el que se expresa durante esta crisis sanitaria, el de la necesidad de ayudar.

La Secretaria de la UMN, manifiesta que la represión contra el sector empezó con el recrudecimiento de medidas dentro de los hospitales, en donde “a los médicos primero se les prohibió usar equipos de protección personal aduciendo que a Nicaragua la pandemia no iba a llegar y esto provocó que muchos médicos fueran mal vistos dentro de los hospitales por simplemente andar protegidos”.

“Eso les restringe el derecho a la salud a los médicos, les restringe el derecho a la expresión porque no podían expresar que estaban preocupados o que había que tomar medidas dentro de las diferentes unidades de salud”, exalta la doctora Pérez.

El recrudecimiento para el sector salud llega a su máxima expresión con el despido. De acuerdo a la doctora Pérez, al menos 20 médicos han sido despedidos, todos ellos profesionales de primera línea, con amplia experiencia y años de servicios en  hospitales públicos del país.

Los despidos ocurren como una medida represiva contra los médicos, que exigían al Estado equipos de protección; además por crear conciencia entre el personal de las unidades de salud y hospitales sobre cómo protegerse y cuidar de su salud y la de sus familias.

Todas esas medidas del gobierno como campañas de desprestigio, despidos, asedio sistemático, amenazas, es para “callar al gremio médico sobre lo que sabemos y conocemos que no se está haciendo bien, en torno al manejo estatal de la pandemia”.

Pandemia recrudece el riesgo de ejercer periodismo

Los periodistas independientes en Nicaragua se cuidan de la represión,   se protegen contra el  contagio del Covid- 19 y luchan contra el secretismo oficial y censura del régimen, para poder informar en tiempo de pandemia.

Desde abril 2018 ejercer la libertad de prensa en el país, se convirtió en un ejercicio de alto riesgo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha intentado de todas formas  silenciar a los periodistas para matar la verdad.

Informar libremente sobre el avance de la pandemia en este país, implica represalias y cada vez son más violentas por parte de las instituciones estatales. Ha habido un recrudecimiento del lenguaje de odio y estigmatización a los periodistas y medios independientes.

El periodista William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en Nueva Segovia, confirmó a República 18 que él y otro colega de la zona norte enfrentan procesos judiciales por informar sobre casos de Covid-19, confirmados incluso por fuentes hospitalarias y hasta por funcionarios públicos.

“Posterior a que nosotros publicáramos los artículos, los pacientes salieron dando declaraciones cuando fueron dados de alta, tras el proceso de recuperación del tratamiento del Covid-19 en hospitales como el de Somoto,  Estelí y el de Nueva Segovia”.

Aragón, señala que desde que el régimen de Ortega y Murillo retornó al poder las libertades públicas, libertad de prensa y libertad de expresión han sido cercenadas.

“La información pública solo es dada a conocer en medios oficialista, con periodistas que juegan nada más un rol de divulgadores y en el caso de los periodistas independientes nos hemos visto limitados a recurrir  a fuentes extra oficiales y hacer todo el proceso de verificación para poder publicar”.

William Aragón, confiesa que  le ha tocado realizar un periodismo casi clandestino para poder obtener y difundir información.  “Entre las medidas que hemos tomado es movernos en grupos de tres a cinco periodistas, permanecer el menor tiempo posible en un punto haciendo entrevistas, entre menos tiempo permanezcas en la calle aseguras tu protección física, evitas que seas agredido por grupos paramilitares que son quienes tienen mayor incidencia entre los tres departamentos de la Segovia”.

El periodista, quien ya tiene más de un año de estar fuera de su casa, dice que en su plan de seguridad ha incorporado rutas de evacuación, rutas para movilizarse sin dejar rastro que permita a estos grupos violentos poder localizarlo.

En el contexto del Covid-19 todo ha sido mucho más difícil señala Aragón, “la gente tiene miedo de hablar, no se puede decir que alguien murió por Covid-19 aunque lo tengamos confirmado, incluso aunque ellos mismo los del gobierno salgan con imágenes, con videos”

Abigaíl Hernández, de la comisión ejecutiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), expresa que la pandemia vino a recrudecer la situación de peligro que hombres y mujeres periodistas viven en el país, “nosotros venimos en un proceso bien fuerte desde hace dos años en el que tenés que estar lidiando con amenazas, la persecución, el acoso y con las múltiples trampas que el gobierno y esta maquinaria de comunicación oficialista nos tienden, con noticias falsas, inventando hechos, poniendo siempre las piedras en el camino para que las y los periodistas de prensa independiente tiendan a confundirse y perder credibilidad”.

Una ONG castigada  por gestionar ayuda en el contexto de pandemia

En la ciudad de Camoapa, ubicada en el departamento de Boaco, nació hace 36 años una organización no gubernamental dedicada a promover el desarrollo dentro de la ciudad y los alrededores del municipio, la Asociación de Hermanamiento Municipal (Asodhermu), que a pesar de su trayectoria y sinnúmero de proyectos desarrollados junto a organismos internacionales amigos, perdió su personería jurídica sin ninguna explicación lógica.

Desde 1984, Asodhermu habría contribuido en el desarrollo e implementación de proyectos como becas escolares para jóvenes de las zonas rurales, el equipamiento del hospital San Francisco de Asís, de la cabecera municipal, proyectos de prevención de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes, proyectos agrícolas, entre otros.

Este año, según su presidente, Heberto Mejía, con la entrada del virus SARS-Cov2, que provoca la enfermedad de la Covid-19, en la ciudad de Camoapa se formó un Comité Ciudadano, creado con el fin de ayudar a las personas más necesitadas a paliar los efectos que la pandemia causaría en sus vidas. El comité se conformó por una pluralidad de personas, incluyéndolo a él.

“En esos mismos momentos surgió la idea, la gente comenzó a donar. De tal manera que se habló de la posibilidad de que Asodhermu, pudiera gestionar recursos para ayudar a los sectores más vulnerables del municipio, de la ciudad y el campo”, dijo Mejía a República 18.

La ayuda estaría destinada a las personas afectadas por el virus o las familias donde hubiera personas de alto riesgo o vulnerables ante el Covid-19. Estas personas recibirían un “kit de prevención” que estaría equipado con alcohol, alcohol en gel, cloro y medicamentos necesarios para tratar los síntomas de la enfermedad. De igual manera, el kit contaría con algunos insumos alimenticios como arroz, frijoles, entre otros perecederos, para las personas cabezas de familia que estuvieran contagiadas y tuvieran que guardar reposo, hasta que estuvieran en condiciones de volver a trabajar.

“Se pensó en la posibilidad de conseguir ese aporte para la comunidad, que por hogar recibieran unos mil córdobas aproximadamente. Se habló de eso, se iba a iniciar el proceso de la gestión con un organismo con el que nosotros trabajamos, de España y California, pero en esos mismos días, el 20 de junio, por ahí, me entero de que hay una moción en la Asamblea. Hay un proyecto de resolución para quitarle la personería jurídica a Asodhermu”.

“A partir de ese momento, nosotros decidimos desistir de gestionar recursos porque pensamos que podía haber sido esa la causa por la que estaban haciendo eso, porque estábamos intentando gestionar recursos. Entonces decidimos parar eso…pero fue muy difícil, ya sabemos los resultados”, señaló Mejía.

El modus operandi  contra la ONGs

Pero el 14 de marzo del año 2009. Asodhermu estaría constituida legalmente bajo la escritura No 115. “A partir de esa fecha nosotros empezamos a funcionar como tal, procedimos a hacer la gestión ante el poder legislativo, logramos adquirir la aprobación. El decreto legislativo de la Asamblea Nacional para constituirnos y ser legalmente reconocidos y posteriormente hacer los trámites ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB)”.

En las oficinas del Ministerio de Gobernación (MIGOB), Mejía acudió ante la instancia llamada, Departamento de Asociaciones, relata, “en esa instancia uno inscribe estos organismos y ahí nos asignaron el número perpetuo 4500”.

Luego de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Gobernación, comenzaron a trabajar “sin aparentes problemas”, señala Mejía, quien asegura que presentaron sus informes en regla y forma. “Comenzamos a trabajar de forma normal, sin aparentes problemas, presentando nuestros informes y todo eso. En este año, el 28 de febrero, que es el último día para rendir informes ante el ente regulador, presentamos nuestro acostumbrado informe anual de las operaciones del año 2019, debidamente certificados con una contadora CPA”.

“Presentamos eso y en el documento, en la carta de presentación que hicimos, nos pusieron el recibido, una hora y una fecha, pero no nos pusieron el sello. Se negaron a ponernos el sello que ellos normalmente ponen encima del papel donde dan por recibida la documentación. Eso lo estaban haciendo prácticamente con todas las onges ese día, porque ese era el reclamo que se escuchaba de la gente, por qué no me le pone el sello, decían”.

Según Mejía, inmediatamente hizo el reclamo, pero le dijeron que “no era necesario” sellar el documento, que eso era normal dentro del procedimiento.

Reclamo infructuoso

Ante las trabas que les presentaba el Ministerio de Gobernación y el anuncio de la cancelación de la personería jurídica de la organización, Mejía junto a otros directivos de Asodhermu, se contactaron con diputados opositores de la Asamblea Nacional, quienes defendieron sin éxito su situación en el plenario. “Era una decisión prácticamente tomada, ya no había qué discutir, se violentaron todos los procedimientos que la ley establece y procedieron y llevaron a efecto la cancelación”.

“También intenté promover un recurso, aunque no me habían notificado nada, pero intenté promover un recurso ante la instancia de Gobernación y no me lo quisieron recibir. Dijeron que eso ya lo habían mandado a ejecutar y que ya no había nada qué hacer ahí… Yo pienso que esto ya es un plan preconcebido, porque solo estaban buscando el argumento y el argumento perfecto era decir que yo no había presentado el informe financiero de Asodhermu y que por lo tanto ya no había nada qué hacer”.

A pesar de que la organización ya no cuenta con la personería jurídica, Heberto Mejía asegura que “Asodhermu va a existir siempre en el corazón del municipio de Camoapa” y que continuarán trabajando con la comunidad, especialmente ante el embate causado por la pandemia de coronavirus en la población del municipio. “Nos quitaron un número en el Ministerio de Gobernación y el decreto legislativo de la Asamblea Nacional, pero lo que no van a quitar es del corazón de la gente. Del corazón de nuestro pueblo que tanto se ha beneficiado de estos proyectos y que son visibles además”.

Solo en Nicaragua se castiga y descalifica por ayudar

Guillermo Medrano, especialista de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, señala que el régimen ha despreciado la ayuda de organizaciones especializadas como la de las asociaciones médicas, que han puesto a disposición su conocimiento, su experiencia y hasta su personal médico para sumarse a iniciativas de país y reducir el efecto de la pandemia. También bloqueó un proyecto de Centros de Prevención Médica impulsado por el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.

“Todas estas negativas nos confirman que Ortega no tiene el mínimo interés de velar y proteger la salud de los ciudadanos, pese a que por mandato constitucional le corresponde al Estado dirigir, organizar los programas, servicios y acciones de salud”.

Medrano, manifiesta que solamente en Nicaragua, se castiga y se descalifica, se estigmatiza a las personas e instituciones que quieren ayudar. “Uno mira que en otros países el gobierno se abre, pide apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones. Esto en Nicaragua es insólito”.

Las pandemias se combaten con la participación de la ciudadanía y de todos los sectores, en ningún lugar del mundo una pandemia se elimina por un acuerdo legislativo o por un decreto gubernamental, se combate con acciones concretas, con la implementación de políticas públicas, con amplia participación y colaboración de la ciudadanía, concluye Medrano.

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