Expulsión de periodista hondureña evidencia vigilancia digital del régimen

 La comunicadora de origen hondureño Kenia González Sánchez, mejor conocida como Kenya Volkanoe, fue expulsada de territorio nicaragüense por orden del régimen de Daniel Ortega el pasado viernes, 4 de agosto.

Según denunció González, ella se encontraba de tránsito por Nicaragua en un viaje destino a Costa Rica. No era la primera vez que ingresaba a territorio nicaragüense, pero sí la primera vez que tuvo inconvenientes. González contó en un video difundido en redes sociales que una patrulla de migración la interceptó a unos 20 ó 30 kilómetros de Managua y la regresó por el puesto fronterizo de Las Manos, por el cual había ingresado.

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Los oficiales de migración, quienes no se identificaron apropiadamente con sus credenciales, en un principio no ofrecieron explicación alguna para la detención 0y posterior expulsión del país. En el puesto fronterizo a González le revisaron el equipaje y le comunicaron a través de un documento que era considerada persona non grata.

González fue señalada de realizar publicaciones “a favor de los cristianos que obviamente están siendo perseguidos en Nicaragua”, según dijo la periodista, refiriéndose a la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua, la cual ha incluido el encarcelamiento de sacerdotes, supresión de procesiones y celebraciones tradicionales, expulsión de órdenes religiosas y en general violencia anti-católica.

El caso de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa encarcelado desde el 19 de agosto de 2022, es quizá el más representativo de esta política hostil.

Control digital, control fronterizo

“En Nicaragua está establecido desde hace años un muy eficiente sistema de vigilancia contra todo el que entra y sale de sus redes sociales” dijo a República 18 el experto en marketing digital y redes sociales, Manuel Díaz.

También señala que existe vigilancia de parte de agentes de la Juventud Sandinista que monitorean los puestos fronterizos ante la llegada de periodistas u otras personalidades digitales con audiencia considerable. “Hay todo un protocolo de revisión y lo que consideren dañino para el régimen trae consecuencias tanto en la salida como en la entrada” señaló.

En Nicaragua prácticamente es delito criticar en redes sociales al gobierno, puesto que “es precursor en control digital a través de la Ley de Ciberdelitos“, aprobada en 2020 y utilizada para procesar penalmente a opositores, explicó Díaz.

“A estas alturas, nadie en Nicaragua se atreve a expresarse libremente por internet. Ya es costumbre mantener la presencia digital lo más limpia posible para evitar represalias” refirió Díaz, agregando que el ambiente de temor se extiende incluso a redes que el régimen no puede vigilar, como WhatsApp. “Ellos piensan, ‘ante el desconocimiento, mejor ser precavido'” expuso el experto.

Otras tácticas de control implican el uso de enjambres de cuentas falsas para acosar a medios de comunicación independientes y a personas que opinan diferente en redes sociales, una práctica documentada por la corporación digital Meta cuando en 2021 destapó una granja de troles al servicio del Estado de Nicaragua.

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Pero estas cuentas ha podido eludir la supresión de Meta y también operan en otras redes, como Twitter y TikTok. Desde ahí, las cuentas reproducen mensajes propagandísticos a favor del gobierno, a menudo en respuesta a personas que critican las políticas del gobierno de Daniel Ortega.