Régimen ofrece 226 mil hectáreas para mineras extranjeras
El aumento de la presencia de mineras supondría un peligro latente para las comunidades cercanas a las zonas cedidas
El gobierno regional de la Costa Caribe sur, controlado por el régimen de Daniel Ortega, abrió convocatorias para empresas interesadas en la explotación del territorio nicaragüense, según informó Amaru Ruiz, director de Fundación del Río.
Según reveló un documento difundido por Ruiz a través de su cuenta de Twitter, el gobierno ofreció 226 mil hectáreas a la empresa minera Calibre Mining para su distribución entre cinco compañías mineras bajo los nombres “ACACIA, AGATA, AMAPOLA, COLIBRI, MONARCA”.
Son 5 concesiones mineras en juego, que elevan las alertas de defensores de derechos humanos por sus terribles efectos en el ambiente y las comunidades del Caribe nicaragüense.
Entre 2014 y 2021, la Dirección General de Minas otorgó 274 concesiones mineras, sumando casi 100 mil hectáreas. Al año siguiente, se registró otra concesión por más de 4 200 hectáreas.
Los estimados más recientes posicionan un 36% del territorio nacional cedido a empresas mineras extranjeras, entre las que se destacan las canadienses Calibre Mining y B2Gold, pero también hay presencia en el país de mineras colombianas, como HEMCO. Un plantel minero de HEMCO registró un accidente en mayo en el cual un río de la zona acabó contaminado con cianuro, sustancia altamente tóxica.
“Una barbaridad”
“Estas serían las primeras concesiones en el Caribe sur. No tenemos conocimiento de alguna otra anterior en el Caribe sur” dijo Ruiz a República 18. El aumento de la presencia de mineras supondría, entonces, un peligro latente para las comunidades dada la naturaleza de los accidentes, pero también de los métodos de producción en sí.
“El territorio ocupado por estas concesiones casi equivale a la extensión de la reserva Indio-Maíz“, señaló Ruiz, quien considera “una barbaridad” la extensión de las concesiones.
Aunque no se sabe a ciencia cierta la ubicación de estas cesiones de territorio, pero Ruiz asegura tener razones para creer que la zona más afectada será el municipio de Paiwas. “Habremos de ver cuáles otros sitios se están aprobando” añadió.
“Esta situación podría agudizar el deterioro ambiental e inclusive desplazar a más familias de la región sur del país” dijo Ruiz, llamando además a estar “atentos a la sesión del concejo regional este viernes”, donde se discutirán detalles de la convocatoria.
Ruiz denunció la poca disponibilidad de la información sobre estas cesiones, que debería ser pública. “No sabemos si obtuvieron el proceso de aval en las comunidades indígenas donde se ubicarán las concesiones, ni tampoco tenemos los estudios de impacto ambiental” expuso Ruiz.
El gobierno promueve este modelo de negocios a través de ProNicaragua, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Gobierno de Nicaragua, que en materiales promocionales se jacta de tener 49% de la superficie del país a la venta.
“En vez de garantizar la seguridad de las comunidades en las zonas cedidas, desde el gobierno se vuelven promotores de estas mismas empresas“, acusó Ruiz.
Tal política de extracción en complicidad con agentes extranjeros contrasta con la retórica anti-imperialista constantemente reafirmada desde el gobierno de Ortega.
