Leyes migratorias reducen flujo de migrantes nicaragüenses a Estados Unidos
Un descenso dramático de la migración nicaragüense irregular a Estados Unidos coincidió con la implementación del parole humanitario
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha registrado un descenso dramático en el número de encuentros con nicaragüenses que cruzan irregularmente la frontera sur de ese país este año.
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Mientras que fueron 35 mil los encuentros reflejados en las estadísticas para diciembre de 2022, un volumen que se mantuvo constante los últimos meses de ese año, hasta junio de este 2023 se ha registrado un promedio de 4300 encuentros mensuales. Es notorio que la transición de diciembre de 2022 a enero de 2023 vio una variación de casi 10 veces menos encuentros.
Esta dramática reducción coincidió con la expansión, en los primeros días de enero, del programa de parole humanitario, que desde octubre de 2022 estaba disponible sólo para venezolanos, y que pasó a cubrir a haitianos, cubanos y nicaragüenses. El objetivo expreso de esta política, que en gran medida facilita el acceso legal y la residencia en los Estados Unidos por un periodo de hasta dos años, era reducir la migración ilegal y los peligros que esta conlleva.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estimó que entre enero y marzo ya habían ingresado al país, beneficiadas por el programa, unas 72 500 personas, entre ellas unos 7500 nicaragüenses, esto a pesar de que, en un principio, el gobierno había anunciado que el límite para las aplicaciones del parole sería de 30 000.
Medidas más estrictas
Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano, explicó a República 18 que más que al parole en sí, el descenso se debe a las políticas adicionales que acompañaron al programa. “Se impusieron medidas restrictivas para controlar la llegada de gente a la frontera”, señaló.
Se refiere al fin del Título 42, una política de la administración Trump que permitía expulsar migrantes por razones de seguridad ante la pandemia de COVID-19 y que acabó en mayo de este año. En su lugar, el Título 8 entró en vigencia, endureciendo los controles fronterizos.
“No se puede aparecer en la frontera si un migrante no tiene autorización para entrar o una cita de CBP para presentar su caso de asilo ante una corte” dijo Orozco, señalando que como medida, esta nueva normativa es especialmente estricta para los migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, quienes huyen de crisis políticas y pobreza extrema.
Se estima que, desde que inició la crisis en 2018, un equivalente al 9% de la población de Nicaragua ha abandonado el país, motivados por una combinación de factores añadidos a la crisis sociopolítica, como lo es la falta de oportunidades laborales y la persecución política.
