Como parte de las nuevas medidas contra la dictadura, Estados Unidos sanciona a la Policía de Nicaragua
El informe de la ONU dentificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta
El Departamento del Comercio de los Estados Unidos agregó este martes a la Policía Nacional de Nicaragua a una lista de control de exportaciones del gobierno norteamericano, como parte de nuevas medidas en contra del régimen sandinista.
En 2020 el Departamento de Estado estadounidense también sancionó a la Policía y varios de sus altos mandos.
La nueva medida señala que la Policía en Nicaragua está involucrada en graves violaciones a derechos humanos, como ya lo han revelado instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.
Policía de Nicaragua no puede comprar nada en Estados Unidos
Esta sanción ocurre una semana después de que el Departamento de Estado citara informes en los que la institución controlada por Daniel Ortega es responsable de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua.
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El medio argentino Infobae informó que la designación de la “Lista de entidades” del Departamento de Comercio prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es difícil de obtener.
Esto significa que la Policía Nacional estaría impedida de realizar compras de bienes en territorio o empresas de los Estados Unidos de América.
La medida del gobierno de los Estados Unidos también ocurre a casi un mes de la presentación del informe de un Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que detalla que el régimen en Nicaragua es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
El informe de la ONU dentificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes, agregó la ONU.
