Daniel Ortega causa el exilio de 11 religiosos y envía amenaza de muerte a otros 13 en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega continúa su política de ataque y percusión contra la Iglesia Católica. Hasta ahora mantiene a ocho religiosos encarcelados, 11 se exiliaron ante inminentes detenciones y 13 han sido amenazados de muerte, según la segunda entrega del estudio “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”.

Pese a los datos de este estudio, un minucioso conteo realizado por República 18 cifra en 11 la cantidad de religiosos detenidos: dos seminaristas y nueve sacerdotes, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, quien dirigía las Diócesis de Matagalpa y Estelí, dos cargos asignados por El Vaticano.

Esta segunda entrega se caracteriza por el “alarmante aumento” de hostilidades en contra de religiosos y laicos de la Iglesia Católica de Nicaragua. En tan solo seis meses hubo un incremento de 206 agresiones, comparado con los últimos cinco años, cuando ocurrieron 190.

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La abogada Marta Patricia Molina, encargada de este estudio independiente, basó su registro en las publicaciones de medios de comunicación, comunicados de las diócesis y arquidiócesis de Nicaragua y denuncias en las redes sociales.

Ortega contra el catolicismo

Entre los principales hallazgos del estudio, realizado entre abril de 2018 y mayo de 2022, destaca que la Iglesia Católica de Nicaragua ha sufrido 396 hostilidades, principalmente cometidas por oficiales de la Policía Nacional, paramilitares y fanáticos orteguistas.

“Hemos incluido hostilidades que no fueron registradas en el primer estudio pero que también se documentaron y que fueron registrados en los medios de comunicación consultados”, señaló Molina.

Solo en 2022 fueron registrados 127 hostilidades contra personas de la Iglesia Católica, 35 de las cuales fueron mediante mensajes de odio contra los sacerdotes. Durante el año también se registró el exilio de 11 religiosos (divididos entre ocho sacerdotes, dos diáconos y un obispo).

Para este estudio la investigadora considera como personas religiosas a todas aquellas que se dedican a la vida consagrada como sacerdotes, obispos, diáconos, seminaristas, religiosas y monjas.

En el estudio también se destaca la expulsión del Nuncio Apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag y otro sacerdote de origen extranjero. Así como la prohibición de salida de un sacerdote nicaragüense y la prohibición de entrada de otros ocho.

“Cada acto que se está cometiendo contra la Iglesia Católica es un delito penado en nuestra Constitución. Hemos identificado que se han violado 21 derechos presentes en la Constitución Política de la República”, declaró Molina.

A 104 días del secuestro de monseñor Rolando Álvarez

Esta segunda entrega del estudio es brindada precisamente a 104 días desde el secuestro de monseñor Rolando Álvarez, quien guarda de facto una especie de casa por cárcel. Álvarez también es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. 

Al respecto, la Comisión de Estados Unidos para Libertad Religiosa Internacional, señaló estar preocupada por la campaña de persecución religiosa que existe en Nicaragua.

“La creciente represión de la libertad religiosa por parte del presidente Daniel Ortega comenzó cuando arremetió contra la Iglesia Católica, después que ayudó a los manifestantes y al clero católico individual a expresar su oposición al gobierno durante las protestas pacíficas en abril de 2018”, publicó en su cuenta de Twitter dicha comisión, citando las palabras de su presidente, Nury Turkel.

La Comisión para la Libertad Religiosa ha advertido desde el año 2018 que “simpatizantes del régimen han hostigado rutinariamente al clero y a fieles católicos” y señala que, recientemente, “el clero católico se encuentra bajo persecución directa”.

“Además, el gobierno ha tomado medidas más duras contra las organizaciones afiliadas católicas, como cerrar organizaciones benéficas y expulsar sus trabajadores, despojando a las universidades de fondos y estatus legal, cerrando medios de comunicación y eliminando organizaciones no gubernamentales”, agregó la Comisión.

Nicaragua vive una de sus peores crisis en tiempos de paz. El régimen de Daniel Ortega mantiene encarceladas a unas 220 personas presas políticas. Mientras se mantiene sobre el país una política de Estado que vulnera hasta los derechos humanos más básicos.