Nicaragua es el primer país sin Academia de la Lengua Española

La RAE no vaciló en mostrar su respaldo y en reivindicar enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos.

  • 9:09 pm
  • May 31, 2022
Academia de la lengua Nicaragüa
República 18

Nicaragua pasaría a ser el primer país sin Academia de la Lengua Española luego de la decisión del régimen de Daniel Ortega de arrebatarle su personería jurídica.

En el planeta, todos los países de habla hispana poseen una Academia de la Lengua, incluyendo a Filipinas, en Oceanía y a Guinea Ecuatorial, en África.

Real Academia Española (RAE) preocupada

Luego del anuncio del régimen de que 83 organizaciones no gubernamentales perderían su personería jurídica, incluyendo a la Academia en Nicaragua, la RAE se pronunció.

“La Real Academia Española (RAE) manifiesta su profunda preocupación por la noticia del posible cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua”, dijo a través de un comunicado.

De igual manera, la entidad internacional señaló que la Academia de la Lengua Española es una “entidad fundamental para el cuidado de la lengua”.

Que ha apoyado a través de sus 94 años de existencia a desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma.

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La RAE no vaciló también en mostrar su respaldo y en reivindicar enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos.

Academia de la Lengua Española: una de más de 300 organizaciones ilegalizadas

Sin su personería jurídica, la Academia de la Lengua Española de Nicaragua pasaría a formar parte de las 344 organizaciones ilegalizadas por el régimen.

Desde 2018, luego de iniciadas las manifestaciones en contra de Daniel Ortega y su gobierno totalitario, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano inició una cacería de organizaciones.

Las primeras en ser ilegalizadas estaban vinculadas a la comunicación, medio ambiente y desarrollo social.

Sin embargo, gracias al engranaje jurídico que ha creado el régimen, le permite decidir que organizaciones, asociaciones o movimientos sociales son ilegales.