OACNUDH exhorta al Estado de Nicaragua revisar recién aprobada reforma al Código Penal
Para la Oficina del Alto Comisionado la enmienda es contraria a la Constitución y los estándares internacionales, pues “permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH) que dirige Michelle Bachelet reaccionó este miércoles a la Ley de reforma y adicción del Código Procesal Penal aprobada este dos de febrero por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional de Nicaragua y que retrasa hasta 90 días el control judicial de la detención y que para OACNUDH es contraria a la Constitución y los estándares internacionales, pues “permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”.
Para OACNUDH esta reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno. Pone en riesgo, además, la integridad y seguridad de los denominados “detenidos judiciales”, que permanecerán sin control judicial efectivo.
OACNUDH exhorta al Estado de Nicaragua a revisar esta reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades, fue lo expresado a través de su cuenta de Twitter.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más también ha rechazado esta enmienda, con la cual la Policía Nacional y el Ministerio Público tendrían la potestad discrecional para detener abiertamente a cualquier persona y después de ello investigar los hechos, lo cual sería una violación flagrante a la libertad individual, al principio de presunción de inocencia y a las garantías judiciales, sostienen en un reciente comunicado.
De acuerdo al Colectivo dichas reformas al Código Penal constituyen un instrumento para aumentar la persecución y criminalización contra ciudadanos que reclaman sus derechos.
Desde 2001 en Nicaragua la acusación contra una persona detenida se presenta en un plazo de 48 horas a la autoridad competente, lo que para los diputados sandinistas ha “limita el plazo de investigación exhaustiva” para recopilar todos los elementos de prueba y sustentar la acción penal; es bajo ese argumento que la enmienda establece que el juez de audiencia pueda establecer un plazo no menor de 15 días ni mayor de 90 para que la Fiscalía pueda ejercer una investigación más amplia.
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