Pandemia y violencia estatal dejaron un 2020 sangriento para las mujeres

Pese a que en cada inicio de año la ciudadanía intenta encontrar el lado positivo a la situación sociopolítica que aqueja a Nicaragua desde 2018; esta vez, les ha sido imposible procesar un solo tema y es la violencia de género que ha cobrado la vida de 71 mujeres y ha dejado en la orfandad a más de 85 menores de edad.

Solo en 2020 los organismos feministas documentaron 115 femicidios frustrados, la cifra más alta desde 2018. Algunos de los casos, que en su mayoría se realizaron en el ámbito privado o en el hogar, fueron justificados por la vicepresidenta Rosario Murillo como “crímenes pasionales” porque los hombres presentaban posibles problemas mentales.

Estas frases utilizadas en varias de sus alocuciones de mediodía causaron enojo y rechazo en la población; además, empezaron a exigir al Estado de Nicaragua aplicar debidamente la Ley 779, “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres” y garantizar la debida atención a los casos de violencia machista.

Para la activista feminista e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Támara Dávila, desde 2018 la violencia contra la mujer sube exponencialmente porque el Estado de Nicaragua no se ha preocupado por cuidar o atender las denuncias de la ciudadanía que es víctima constante de abusos.

“La mayoría de estos casos reportan los familiares que fueron denunciados antes, de que estas mujeres denunciaron a sus exparejas; denunciaron la violencia que estaba sucediendo”, dijo Dávila quien, además, resaltó la responsabilidad de las autoridades de cumplir las leyes y proteger a las mujeres que pueden ser víctimas de femicidios.

La activista feminista resaltó que cuando las Comisarías de las mujeres estaban funcionando y se relacionaban con organizaciones de mujeres, pese a las altas deficiencias, trabajaban en dar atención a las víctimas de violencia de género; sin embargo, cuando la administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) decidió cerrarlas incrementó la indolencia hacia las mujeres.

De igual manera, la defensora feminista y representante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir Martha Flores ratificó que seguirán denunciando y exigiendo justicia para las vidas de mujeres que han sido arrebatadas y van a insistir “que las instituciones del Estado cumplan en aplicar la Ley 779 y no continúen beneficiando; ya que están pasando sobre la Ley que nace para proteger a las mujeres y niñas y adolescentes en manos de sus agresores”.

Flores resaltó que en los primero seis meses de pandemia en Nicaragua, según el Observatorio de Violencia Machista de la organización que representa, fueron asesinadas 10 mujeres y niñas originarias de la Costa Caribe; esto es un indicativo de que el lugar más inseguro para las mujeres es el hogar y solo demuestra que “no hay un lugar seguro para ellas”.

“Por contar con unas instituciones sin ningún compromiso político para resguardar la vida y seguridad de las mujeres; este año favorecieron a más de 20 mil presos donde 500 eran femicidas, violadores y agresores que fueron liberados por indulto, con el que demuestran que le dan mayor poderío a este sistema patriarcal que ha cobrado la vida y destruido vidas”.

Las activistas feministas aseguran que desde diferentes espacios seguirán denunciando y exigiendo justicia por cada mujer que sufre violencia machista.

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