Minsa figura como ente que ocupará instalaciones de medios de comunicación y ONG expropiados

La mañana de este miércoles 23 de diciembre, el régimen de Daniel Ortega ordenó la colocación de carteles del Ministerio de Salud (Minsa) en los edificios de los medios de comunicación y ONG´s ocupadas en 2018.

Hasta el momento, se conoce que el edificio de 100% Noticias, Confidencial, la Fundación Popol Nah, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid) fueron rotulados en la parte frontal de la infraestructura; en algunos se lee “esta propiedad Pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción”.

En el caso del edificio donde estaban las oficinas de Confidencial hay un cartel que anuncia la construcción de la casa materna del Distrito I; en el Cenidh, la edificación de la casa materna del Distrito III y en Popol Nah, se desarrollará el Centro Nacional de Diabetología.

La periodista y directora de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau desde su cuenta oficial de Twitter cuestionó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de haber concretado la confiscación de estas edificaciones por medio de esta acción ilegal. De igual manera, les recordó que “esa propiedad pertenece a 100% Noticias. Regresen lo robado”.

También, declaró a República 18 que “la acción que ha realizado el régimen Ortega-Murillo es totalmente inconstitucional; en Nicaragua está prohibido la confiscación y ellos de forma de facto y de forma descarada vienen e instalan un rotulo diciendo, de hecho, porque no hay nada jurídico que lo sustente, que esas instalaciones le pertenecen al Minsa”.

Asimismo, el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro expresó desde sus redes sociales que esta medida tomada por el Estado de Nicaragua “nuca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad”.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más manifestó que “24 meses después del despojo el régimen ha materializado la confiscación, utilizando una figura que esta constitucionalmente proscrita en nuestra carga magna; de tal manera que es una acción totalmente provista de legalidad, es una acción ilegitima y que se enmarca en una arremetida contra la sociedad civil y contra medios de comunicación”.

El abogado defensor tildó las acciones de la dictadura como infames y marcadas por el odio de la pareja presidencial contra la sociedad civil que continúa realizando, pese a la represión, su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Por su parte la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) a través de un pronunciamiento lamenta el sistemático deterioro de la Libertad de Prensa en el país.

“La expropiación (confiscación ilegal) se ejecuta luego que por dos años, el gobierno de Ortega, mantuviera tomados a la fuerza los edificios y equipos de estos medios de Comunicación, sin un proceso judicial legítimo, ni respetando los derechos que le asisten a las personas jurídicas y naturales. Desde PCIN nos solidarizamos con la familia de 100% Noticias, Confidencial, Esta Semana y Niú, y exigimos al gobierno de Ortega para que se revierta este y otros procesos lesivos a los derechos ciudadanos, a la libertad de prensa y en general a la democracia de nuestro país”.

PCIN, demanda al régimen de Ortega y Murilloa adoptar una actitud tolerante frente al disenso, el periodismo independiente y medios de comunicación que permiten la pluralidad de voces y diversidad de opiniones, pilar fundamental para el Estado de Derecho.

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