Amplio rechazo a iniciativa de ley considerada un arma más del régimen para reprimir a la oposición

La iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros presentada este martes 22 de septiembre por diputados de la bancada sandinista, que tiene mayoría calificada en la Asamblea Nacional ha sido rechazada por diversas organizaciones civiles y políticas del país.

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“El Estado de Nicaragua nos avasalla al vernos como ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses bajo sospechas de trabajar como agentes extranjeros con el supuesto fin de poner en riesgo la seguridad de nuestro país”, señala en un pronunciamiento la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por más de 100 oenegés, que hacen un llamamos a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional a exigir sea archivada por ser inconsulta, con politizada fundamentación, y por sobre todo, por pretender ser una arma más de un Estado policial contra la sociedad civil.

De acuerdo a la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG la iniciativa de ley no está respaldada por ningún estudio o análisis de riesgo, pero sí insiste en que cualquier persona que reciba dinero del exterior, sea persona natural o jurídica, debe registrarse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) y someterse a seguimiento financiero de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto reafirma el Estado policial que desea seguir consolidando el Régimen Ortega-Murillo.

“Ya no sólo estamos en un estado de total indefensión, sino bajo la constante posibilidad de ser acusados sin fundamento, exigiendo mediante esta iniciativa de ley, que la sociedad civil se autoincrimine como activistas sociales y defensores/as de derechos humanos”, se lee en el pronunciamiento.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también repudia enérgicamente esta iniciativa de Ley, considerando se trata de un instrumento más de la dictadura para seguir hostigando y persiguiendo a opositores.

El doctor José Dávila Membreño, vocero de la Alianza Cívica expresa que este anteproyecto de ley busca anular a los que tengan relaciones con instituciones extranjeras, porque deja a discrecionalidad de considerar que esas relaciones son injerencias de gobiernos u organismos extranjeros.

“Esta dictadura no tiene frenos ni escrúpulos en seguir imponiendo férreos controles a la vida de los ciudadanos, a sus libertades”, denuncia.

En tanto, Juan Sebastián Chamorro también de la opositora Alianza Cívica dijo que, en un nuevo zarpazo contra las libertades públicas, el verdadero fondo de la ley es reprimir a los opositores nicaragüenses.

“Este registro dentro del Ministerio de Gobernación le da a este ministerio enorme poderes discrecionales, de tal manera de que sí nombra a este agente externo, está incurriendo en prácticas en que a juicio de este ministerio son contrarias a la ley, este agente puede ser confiscado, puede perder sus libertades civiles o políticas”, alerta.

Camino a la cubanización

Para el experto en derecho internacional e integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, esta iniciativa de ley es un peligrosísimo paso más hacia la cubanización de Nicaragua. Explica que su objetivo principal es el de cerrar definitivamente todas las formas de financiamiento a cualquier iniciativa ciudadana que sea considerada sospechosa por la dictadura, por el solo hecho de recibir cualquier tipo de financiamiento desde el exterior.

Según Maradiaga existen nuevas formas de dictaduras que utilizan las leyes para criminalizar, para castigar y para impedir las expresiones de solidaridad de la ciudadanía.

“Ese concepto de agente extranjero claramente está siendo acuñado con el supuesto de darle un respaldo jurídico a la represión del régimen, bajo la premisa de que hay una injerencia extranjera”.

De probarse esta ley cualquier organización, fundación, asociación, colectivo, misioneros, medios de comunicación, consultores, prestadores de servicios que reciban financiamiento, fondos o donaciones extranjeras estarán obligados a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y si no lo hacen el MIGOB actuando de hecho podría definir a cualquier persona como “agente extranjero”.

Esta Iniciativa de ley es complementaria a otras medidas arbitrarias que ya han sido aplicadas desde el año 2018 contra organizaciones de la sociedad civil, que fueron despojadas de sus personerías jurídicas, manifiesta Maradiaga, quien a su vez advierte que ahora la intención es ampliar el castigo y la presión contra cualquier persona que se considerada opositora.

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