Al menos 2,031 anomalías y 285 hechos de violencia política, fueron registradas durante las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, según reporta en el noveno informe del observatorio independiente Urnas Abiertas.

“El 90% de dichos reportes son provenientes de personas observadoras en el terreno, mientras que el otro 10% se recibió a través de las redes ciudadanas y el chatbot habilitado por Urnas Abiertas” reza el informe.

De acuerdo al informe, el papel de la observación ciudadana, realizado por Urnas Abiertas y otras organizaciones, fue fundamental en el proceso electoral de 2021, como información independiente, ya que la observación internacional fue reemplazada por acompañantes electorales.

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“La información presentada por el CSE no permitió verificar que dichos acompañantes contaran con capacidad técnica ni que tuvieran herramientas para desarrollar alguna metodología reconocida para el desarrollo de observación o acompañamiento electoral imparcial, objetivo y transparente”, precisa el informe de la organización.

Régimen coacciona el voto

El informe señala que durante las elecciones también se registraron acciones violentas para coaccionar a la ciudadanía para el voto, en 13 departamentos del país. 

“Dichas acciones, se llevaron a cabo desde días antes de la jornada de votación del 7 de noviembre y se enmarcan en la estrategia coercitiva de la dictadura para condicionar las preferencias del votante a través de las estructuras del Estado, empresas afines, así como el control policial y paramilitar”, detalló la organización.

Además, agrega que dichas acciones fueron implementadas por instituciones públicas, trabajadores del Estado e integrantes de las estructuras partidarias del FSLN, lo cual evidencia “una acción coordinada proveniente del más alto nivel de toma de decisiones del partido-Estado”.

“Las principales acciones que fueron utilizadas para coaccionar el voto fueron: Indicaciones a lo interno de las instituciones públicas sobre la obligación del voto; Plan de movilización de elecciones a nivel local – comunitario; Ofrecimiento de pago o de beneficios de programas sociales; y Presión focalizada contra sectores específicos. Además, todas estas acciones fueron acompañadas con diferentes amenazas”, añade.

Violencia política, entre anomalías

Asimismo, la organización aseguró que se registraron 285 hechos de violencia política provenientes de 14 departamentos y las 2 Regiones Autónomas.

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“La manifestación de violencia política que fue reportada con mayor frecuencia fue la presencia paramilitar en los alrededores de los CV. Estos paraestatales ejercieron un rol de control de las personas que llegaban y también ejercieron acciones intimidatorias contra la ciudadanía”, refiere el informe.

El informe afirma que durante las horas de cierre en los Centros de Votaciones se reportó intimidación de paramilitares y policías para desalojar a las personas y evitar que permanecieran fiscalizando la publicación del cartel de resultados que cada CV debe de publicar.

Régimen impide cobertura electoral

Por otra parte, el informe detalla que el gobierno de Daniel Ortega les impidió la entrada para cubrir las elecciones al menos a 7 periodistas, fotorreporteros y camarógrafos internacionales.

“Estos medios corresponden a: The New York Times, Washington Post, Vice, National Public Radio, CNN, Le Monde y Televisión Española (TvEs), al menos 2 de estas personas fueron impedidas a abordar el avión desde su punto de origen, pese a que ya tenía comprado sus boletos para viajar a Managua”, añadió.

El pasado 7 de noviembre, Daniel Ortega fue reelegido en su cuarto mandato presidencial consecutivo desde su reelección en 2007. Sin embargo, el proceso electoral fue reconocido como ilegítimo por la mayoría de países de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, Canada, la Unión Europea y Reino Unido.