UNAB responsabilizan al régimen por «crimen sanitario»
“Denunciamos ante los organismos internacionales que se continúa poniendo en riesgo la vida de las personas en el país, ahora con una triple crisis: la dictadura, la recesión económica y la pandemia”

Miembros del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), denunciaron este miércoles las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los nicaragüenses, que fiel al modo de gobernanza, realiza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Denunciamos ante los organismos internacionales que se continúa poniendo en riesgo la vida de las personas en el país, ahora con una triple crisis: la dictadura, la recesión económica y la pandemia”.
Tamara Dávila, señaló que el despido injustificado de más de veinte médicos deja desprotegida a la población y eso es una muestra más que al régimen no le importa la salud de las personas.
2,087 personas han muerto por Covid-19 en el país, según el Observatorio Ciudadano, pero el régimen orteguista sólo reconoce 97 muertes vinculadas a la pandemia. En los fallecimientos de los últimos meses, el Ministerio de Salud (MINSA), ni siquiera ha informado las causas reales de defunción, lo que constituye una violación a los derechos humanos e irrespeto a las familias, denuncia la UNAB.
Incremento de la represión en contra de activista y líderes opositores
Dávila, dijo que en el combo de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, siguen los juicios viciados contra presas y presos políticos y “esto atenta contra la ley”, violenta los derechos de quienes están en un proceso penal; además de las limitaciones que enfrentan las abogadas y abogados defensores quienes son constantemente perseguidos y acosados.
También, la integrante del consejo político de la UNAB, manifestó que desde hace cuatro semanas reportan la reactivación de fuerzas combinadas de la Policía sancionada con elementos paramilitares, asediando a activistas y líderes opositores.
“Más de 30 casas asediadas sólo el pasado fin de semana pasado; además constante persecución y secuestro en el municipio de Wiwilí, en Jinotega, en donde las casas de opositores están constantemente vigiladas”, refirió Dávila.
Violeta Granera, también de la opositora Unidad Nacional, expresó que el régimen no sólo ha mostrado su insensibilidad e irresponsabilidad criminal frente a la pandemia, sino que además no ha cesado en reprimir a la población considerada opositora. “Aún tiene poder para dañar y lo está usando porque sabe que está absolutamente debilitado y aislado y ante la falta de legitimidad, la violencia es su único argumento para sostenerse en el poder”.
Régimen menosprecia la vida de las mujeres
A la fecha se contabilizan en el país 36 femicidios, que de acuerdo a Tamara Dávila corresponde a la cifra más alta desde el 2014, lo que evidencia que la violencia e inseguridad contra las mujeres no se ha detenido, sino que más bien está en aumento y claramente no hay voluntad gubernamental para tomar medidas al respecto y castigar a los femicidas.
“Desde el 2007 ha sido una política gubernamental el desprecio la vida de las mujeres”, afirma Dávila.
Régimen pone trabas a nicas que buscan regresar al país
Producto de la crisis sanitaria del Covid-19, miles de nicaragüenses se encuentran varados en el Caribe y Centroamérica, por la falta de voluntad del régimen de abrirle las puertas a sus connacionales, señaló Félix Maradiaga, también integrante del consejo político de la UNAB.
Maradiaga, dijo que las empresas de cruceros han puestos a disposición todos sus recursos para cumplir con los requisitos de repatriación, “pero cada vez que se cumple con un requisito el régimen sale con una excusa adicional, lo que claramente viola la legislación internacional que establece que ningún nacional debe ser inhabilitado de entrar a su propio país, ya que lo dejaría en una condición de apátrida”, es decir de persona que carece de una nacionalidad legal.
La Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha instado a los países de América Latina a abrir sus fronteras y permitir el regreso de sus conciudadanos varados en naciones extranjeras, así como a dotarles de atención sanitaria y otros derechos. “En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia“, exaltó Bachelet.
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