Doce sacerdotes fueron desterrados hacia Roma la tarde del miércoles, 18 de octubre, según el gobierno gracias a una negociación que facilitó la Santa Sede en el Vaticano. Sin embargo, en las cárceles del régimen sigue habiendo más de 70 presos políticos, según la lista más reciente del Mecanismo para el reconocimiento de los presos políticos.

Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, es el religioso de más alto rango aún retenido por el régimen sandinista y permanece así desde hace más de un año. Álvarez fue condenado a 26 años de prisión en febrero, luego de que se negara a ser desterrado junto a un grupo de 222 presos políticos que perdieron la nacionalidad.

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Álvarez también fue castigado con la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Ese destierro masivo dejó a unos 35 presos políticos en las cárceles del régimen, un número que fue aumentando los meses siguientes con varias detenciones. Para junio había 64 casos detenidos y, sin contar las liberaciones recientes, el número asciende hasta alrededor de 84.

Hubo detenciones de Semana Santa, cuando el régimen había prohibido las procesiones religiosas. En Nandaime, fueron detenidos Jimmy Bonilla y su tío, Emanuel Gutiérrez, supuestamente por haber participado en una procesión religiosa. El periodista colaborador de Canal 10, Víctor Ticay, quien cubrió esa actividad, también fue detenido y guarda prisión desde entonces.

Tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de agosto, tres jóvenes fueron detenidas. Al menos 16 mujeres permanecen como presas políticas.

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Presos como Jaime Navarrete, Fanor Alejandro Ramos y Eliseo Baltodano, detenidos en 2019, llevan más de mil días en prisión. Jonathan Snyder López Guzmán, un joven de apenas 25 años, es quien más tiempo detenido lleva, desde el 22 de junio 2018.

Condiciones deplorables

Aunque el Mecanismo ha identificado a al menos 89 presos políticos (excluyendo a los sacerdotes liberados, son 84), el número preciso de detenidos es incierto y no todas las identidades han sido confirmadas. Varios presos el Mecanismo no ha podido incluir en sus listas debido a que los familiares de estos detenidos temen acudir a esta instancia.

En junio de este año, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ publicó un informe que documenta 158 casos de tortura perpetrados por individuos al servicio del Estado de Nicaragua en contra de presos políticos a partir de la crisis de 2018.

«Lo que en un inicio comenzó como una política de detenciones y tortura para reprimir las protestas y castigar a las personas que se alzaron contra el régimen evolucionó y se sostuvo en el tiempo como una herramienta para asegurar la impunidad y la perpetuidad en el Poder de la pareja gobernante» denunció entonces el informe.

«La práctica de violencia sexual es exponencialmente más grave en perjuicio de las mujeres, en virtud de los tipos de violencia sexual perpetrados, de las circunstancias, intencionalidad y ensañamiento» apuntó el informe.