Después de las recientes sanciones contra la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, el asesor presidencial, Paul Oquist y la Cooperativa Caruna, los analistas políticos y economistas aseguran que este es un “devastador” golpe a las finanzas del régimen, lo que pone en una situación complicada a Ortega y Murillo.

El exembajador y analista políticos Bosco Matamoros detalló que dicha noticia “tiene un efeto tremendo en la capacidad de gobernar de Ortega. El caso de Oquist es un ciudadano norteamericano nacionalizado en Nicaragua que le da un diseño a las políticas del gobierno, la señora Julia es del instrumento institucional desde donde se ordenaban las acciones represivas contra los opositores”.

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En el caso de Caruna, esta se encargaba desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, de canalizar los recursos de la cooperación venezolana, mantener y hacer operaciones; pero con las sanciones según Matamoros, las instituciones financieras deben de alejarse y romper toda relación para evitar que las sanciones les alcance.

“Con esta presión el gobierno está con el agua al cuello, si continua así va a terminar asfixiándose, se ha convertido en un órgano con funcionarios sancionados, la Policía sancionada, sus instrumentos financieros sancionados. ¿Quién va a atreverse en el sistema financiero nicaragüense tener relaciones con Caruna? ningún banco”, manifestó Matamoros.

 Caruna inmovilizada

Con estas sanciones la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L. (Caruna) queda totalmente inmovilizada. Los especialistas han recomendado al régimen de Ortega recomponer su partido y ceder porque lleva al país a un “despeñadero”.

El catedrático y economista Luis Murillo explicó que “se ha cercado cada vez más al gobierno en su mecanismo de carácter financiero. En relación con los funcionarios creo que no es el mejor momento porque el gobierno ha buscado mecanismos para obviar esta situación”.

Asimismo, resaltó que la mayor parte de los recursos de Caruna van a quedar a nivel interno; es decir, que solo se podrá utilizar en el país. También existe la posibilidad que las cuentas de esta institución ya se encuentren en el exterior.

Por su parte, el economista y catedrático Eduardo Solorzano también aseguró que dicha institución trabaja con fondos del Alba, lo que los convirtió en agentes intermediarios de la dictadura.

“Después sancionaron a Bancorp y pasaron los fondos a Caruna. ¿Ahora Caruna está sancionada y la pregunta es donde van a pasar esos miles de millones de dólares? Porque al estar sancionados no pueden hacer operaciones internacionales ni invertir en el extranjero, y toda la red de bancos corresponsales norteamericanos rechazan operaciones de Caruna. Ese es el problema”, analizó el catedrático.

Hasta la fecha, hay 25 funcionarios estatales públicos y nueve instituciones del Estado sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dichas listas también han sido utilizadas por el gobierno de Canadá para aplicar sanciones y en su momento, solicitadas por el Parlamentos Europeo para continuar sobre la misma ruta.

Entre la lista de ciudadanos y funcionarios sancionados por violación a los derechos de los nicaragüenses, corrupción y hasta lavado de dinero figuran la vicepresidenta, primera dama y encargada de comunicaciones Rosario Murillo y sus hijos, quienes ocupan grandes cargos en instituciones creadas con fondos del Estado.

En el caso de la Unión Europea, solo han sancionado a nueve funcionarios; sin embargo, está latente la suspensión de Nicaragua de los acuerdos a los que pertenece sino sede a mejorar las condiciones de derechos humanos para los ciudadanos y opositores en el país.

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