Un grupo de expertos que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  exigieron el fin de la detención arbitraria del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, luego de la liberación de 12 sacerdotes católicos el 18 de octubre de 2023.

Los expertos son Nazila Ghanea, Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión

En un comunicado, los expertos expresaron una profunda preocupación por la situación del monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien está en confinamiento solitario y en condiciones de detención que contravengan gravemente las reglas de Nelson Mandela.

“Se ha observado que Monseñor Álvarez, desde los diálogos nacionales de 2018, por sus llamados a la liberación de prisioneros políticos y por pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses”, refiere el comunicado.

Además apunta que los expertos notaron su situación de detención arbitraria en la que se celebró desde agosto de 2022, así como la sentencia severa que se le impuso sin juicio, incluida la pérdida de los derechos de ciudadanía y la nacionalidad.

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Preocupación por la persecución a la Iglesia Católica

«Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de acoso contra los miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses», señalaron

En una comunicación oficial enviada a la dictadura, el 2 de agosto de 2023, los expertos expresaron una grave preocupación derivada de restricciones reportadas al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencia y el acoso de organizaciones religiosas en el país.

Los expertos observaron que las medidas represivas adoptadas por las autoridades parecen incluir el arresto arbitrario y la detención de miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, su deportación forzada y prohibiciones arbitrarias de entrada al país y la criminalización de sus actividades pastorales.

Además, prohibiciones sobre el desempeño de las ceremonias religiosas; acoso policial en sus hogares o lugares de culto, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones que pertenecen a grupos religiosos, así como a la confiscación de sus activos.

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Exponen cancelación de organizaciones

El comunicado señala que el grupo de expertos detalló que el régimen canceló al menos 1,000 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales se dice que más de 320 son de carácter religioso.

“En agosto de 2023, el gobierno canceló el estado legal de la histórica Universidad Central Americana (UCA) administrada por la Orden Católica de la Sociedad de Jesús, y confiscó sus instalaciones. En 2023, también canceló el estado legal de dos universidades cristianas evangélicas, y otro asociado con la Iglesia Católica”, destaca el comunicado.