Régimen condena con 8 años de prisión a jóvenes presas políticas
Las tres jóvenes fueron condenadas por tráfico de drogas, aunque el relato oficial no concuerda con la naturaleza de sus detenciones
Adela Espinoza Tercero, joven presa política del régimen sandinista, fue condenada a 8 años de prisión y 800 días multa tras un juicio irregular este miércoles, 8 de noviembre, por un cargo espurio de «tráfico de estupefacientes», según informó Ricardo Zeas, miembro del Movimiento Político Avanza, a República 18.
Además, Zeas señaló que Gabriela Morales y Mayela Campos Silva, también presas políticas, fueron condenadas también en ese mismo proceso.
El régimen sandinista había detenido a las jóvenes poco después de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), entre el 19 y el 21 de agosto. Las tres fueron trasladadas al Distrito III de la Policía Nacional en Managua y luego el régimen las internó en el Sistema Penitenciario de Mujeres «La Esperanza» mientras eran enjuiciadas.
Las tres jóvenes fueron también acusadas de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de información y la comunicación («ciberdelitos») en perjuicio del Estado de Nicaragua, una combinación de cargos utilizada para criminalizar a opositores, según han denunciado organismos de derechos humanos.
El caso se llevó en el Décimo Juzgado Penal de Managua desde el 24 de octubre. La ampliación de la acusación para incluir los cargos por tráfico de drogas se realizó por medio de una audiencia el 27 de octubre. El relato oficial del régimen es que las tres fueron detenidas en conjunto mientras se transportaban en un vehículo en el que cometieron el delito, pero las fechas no concuerdan.
Jóvenes eran activistas
Espinoza tiene 26 años y es madre de dos menores. Estuvo involucrada en protestas y activismo desde el inicio de la crisis en 2018. En particular, en la UCA participó en manifestaciones y colaboró con movimientos feministas que resistían en el interior de la ahora ocupada institución.
Morales, por su parte, estuvo involucrada en en las protestas desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua en 2018, año en el que también sufrió secuestro de parte del régimen. Morales es egresada de la extinta Universidad Juan Pablo II.
Campos fue detenida junto a su pareja, Joseph Miranda. La joven de 27 años cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Las jóvenes forman parte de un grupo de al menos 89 presos políticos que mantiene el régimen sandinista en sus prisiones en condiciones precarias. Las jóvenes presentan pérdida de peso y enfermedades en la piel por casi nula exposición al sol y otros tratos crueles documentados por organizaciones de derechos humanos como una política de tortura desde el Estado.
