La aprobación de la Ley de reforma y adicción del Código Procesal Penal de Nicaragua por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, ha provocado diversas reacciones de rechazo por considerar que viola el derecho de los detenidos, al estar en un periodo de investigación denominado Detención Judicial, nueva figura jurídica que viola el derecho constitucional a ser puesto a la orden del juez en 48 horas y lo alarga hasta 90 días, ampliando así el plazo de investigación.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) advierte que esta detención por más de 90 días es tan perversa, que no será sumada al cómputo de las penas o a un futuro proceso que llegará a afrontar el detenido. Además, viola estándares y pactos internacionales de derechos humanos.

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Por su parte la Unidad Nacional, en un comunicado rechazó categóricamente esta enmienda aduciendo que atenta contra el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que todo ciudadano tiene, ya que mientras al juez se le da potestad que a libre discrecionalidad conceda dicho plazo de detención, en ese período se limita la defensa de los acusados.

“Denunciamos esta reforma al Código Procesal Penal como una herramienta para perseguir, reprimir y encarcelar a la oposición. Una clara muestra de la poca voluntad política del régimen para permitir la transición a la democracia, misma que tanto hemos demandado y por la cual seguiremos luchando en Nicaragua”.

De acuerdo a la Unidad Nacional al igual que el combo de leyes promovidas en diciembre pasado, esta reforma es parte de las trampas legales que la dictadura está construyendo mediante el absolutismo para desarticular a la oposición.

Herramienta de represión y castigo

También la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragüenses (UPPN) se pronunció en rechazo y condena a esta nueva reforma o “figura legal represiva” que para los excarcelados violenta el espíritu de las garantías constitucionales para la aplicación plena de un terrorismo o sicariato estatal.

“Un patrón ya consecutivo del régimen sandinista con la creación y/o reformas de leyes que se ejercen como herramientas de represión y castigo o bien como un intento desvergonzado de legitimar el proceder sangriento, represivo y criminal de la dictadura además del Estado de facto en que vivimos los nicaragüenses.”

Como organización de víctimas directas de crímenes de lesa humanidad los integrantes de UPPN denuncian que estas herramientas represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “que buscan la manera de legalizar y legitimar la represión, persecución, secuestros prolongados, tortura y castigo de opositores nicaragüenses nos dejan en total indefensión, vulnerabilidad y repetición de la violencia ejercida por el Estado de Nicaragua desde abril del 2018”.

La UPPN sostiene que estas herramientas represivas no podrán borrar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua y el régimen Ortega Murillo, “ni darán impunidad a los verdaderos criminales amparados hoy en el Estado y en la organización criminal FSLN. Tampoco lograran acallar voces de denuncia por las graves violaciones de Derechos Humanos que sufre el pueblo de Nicaragua, seguiremos firmes en nuestro empeño por alcanzar Justicia Plena y la construcción de un verdadero Estado de Derecho para garantizar la No Repetición”, concluye el pronunciamiento emitido este miércoles.

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