La plataforma de investigación centroamericana, Expediente Abierto, divulgó un informe elaborado por la analista de políticas para Centroamérica, Vicki Gass, este jueves, 28 de septiembre. El trabajo fue presentado en un foro celebrado en San José, Costa Rica, al que asistieron el investigador nicaragüense Manuel Orozco; el director del centro de estudios interdisciplinarios de la Universidad ICESI de Colombia, Vladimir Rouvinski, y el economista nicaragüense, Enrique Sáenz, entre otros.

El trabajo, titulado NICA Act y RENACER: Análisis de las sanciones de EE. UU. en respuesta a los abusos de derechos humanos en Nicaragua, explora justamente revisar el impacto que han tenido esas dos piezas de legislación mencionadas a la hora de ejercer presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de su población a partir de iniciada la crisis, hace 5 años.

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El debate del foro, también tratado en el trabajo, es si las sanciones son un método efectivo para ejercer presión sobre regímenes autoritarios y si los beneficios que pudiesen traer se balancean con las consecuencias adversas que suponen para la población de los países que las reciben.

Julio Martínez presentó el trabajo en nombre de Expediente Abierto. «Este estudio fue realizado por una experta en temas de política entre Estados Unidos y América, y esperamos que aporte a las discusiones que hay ahora sobre el uso de la NICA Act y la ley RENACER; la situación actual (en Nicaragua) continúa siendo crítica y una emergencia a nivel centroamericano«.

Sanciones hasta ahora

Martínez hizo un recorrido por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre el régimen nicaragüense, entre ellas la Ley Global Magnitsky, la Orden Ejecutiva 13851 del presidente estadounidense Joe Biden, y la NICA Act. Algunas de estas sanciones, expuso Martínez, son incluso anteriores a la crisis.

Estas sanciones han tenido el efecto de «emitir restricciones de visa a funcionarios y trabajadores del Estado», y Martínez destaca que es «algo que no se ha hecho para nin´gun otro país»; «congelar activos a personas responsables de violaciones a los derechos humanos.

Estas medidas fueron fortalecidas por la Ley RENACER, «instando al Congreso a revisar la participación de Nicaragua el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, solicita mayor supervisión de préstamos a la Instituciones Financieras Intermediarias y exige informes sobre actividades rusas en Nicaragua», en particular en cuanto a cuestiones armamentísticas, de manera periódica.

Luego, en octubre de 2022, la Orden Ejecutiva 14088 permite implementar sanciones en sectores económicos concretos en Nicaragua, así como también existe «presión diplomática y colaboración con otros actores internacionales», explicó Martínez, y el estudio segura que es una de las medidas más fuertes.

Veredicto

En base a entrevistas con miembros del Congreso estadounidense, funcionarios de la administración Biden y personal de organizaciones no gubernamentales, así como también de una amplia investigación documental, el informe de Gass encuentra que las sanciones «han tenido efectos positivos», en particular fomentando «el apoyo bipartidista en el Congreso y, al hacerlo, han centrado más la atención de la Administración, tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca, en la política de Nicaragua».

«El interés del Congreso ha servido como estímulo para la acción. Si las sanciones impuestas no han obligado al régimen a cambiar su comportamiento, han aumentado la presión y han impuesto restricciones al régimen Ortega-Murillo», afirma el estudio.

Si las sanciones no han tenido más éxito, explicó Martínez durante su presentación, es porque «ha habido problemas de coordinación entre las diferentes instituciones que aplican las sanciones». Por esto el estudio recomienda a las autoridades nombrar a un coordinador que se encargue de la situación en Nicaragua

«Ciertos intereses dentro del país han limitado la efectividad de estas herramientas», señaló Martínez.

El estudio señaló dificultades en cuanto a la imposición de sanciones enfocadas en el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que podría afectar terriblemente a los trabajadores nicaragüenses. «No es tan sencillo sacar a un país del tratado», aclaró Martínez, señalando además que hay en el tratado acuerdos que podrían utilizarse para presionar al régimen Nicaragua, en particular aquellos relacionados a poblaciones indígenas y derechos de los trabajadores.

Asimismo, en el informe se plasma la necesidad de mejorar la presión en las Instituciones Financieras Intermediaras para evitar que el régimen tenga acceso a fondos de entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Fondo Monetario Internacional.

El estudio propone evaluar mayores sanciones sectoriales, en particular a las industrias del café, textil y de la exportación de carne de res, como ya ha ocurrido en los sectores minero y azucarero. «La Administración debe dejar en claro su voluntad de explorar áreas de compromiso e incentivos para el cambio», concluye el informe.