La situación migratoria de miles de nicaragüenses que se exiliaron en Costa Rica a raíz de la represión contra manifestantes opositores, tras el estallido de abril de 2018 es incierta. Solamente un 1.25 % del total de migrantes nicas que han solicitado refugio en Costa Rica han tenido una respuesta positiva, según el informe Persecución a Organizaciones Civiles y Situación de los Exiliados en Costa Rica.

El informe, elaborado y presentado por la activista Ana Quirós, en San José, Costa Rica, señala que, en los más de dos años de la crisis sociopolítica en Nicaragua, alrededor de 98,000 nicaragüenses han solicitado asilo en ese país.

Mayoría de migrantes nicas con documento de “solicitud”

De ese universo de nicaragüenses que ha solicitado la condición de refugiado, solo 1,229 han recibido dicho estatus, “es decir, solamente el 1.25%”, señala la directora del Centro de Información y Servicio de Asesoría (CISAS).

Esto quiere decir que, al menos 63,000 personas cuentan con carnet de solicitante de refugio y unos 27,000 con un permiso laboral de solicitante de refugio.

Pero, esto no quiere decir, refiere Quirós, que estas personas necesariamente tengan un trabajo, debido a que algunas empresas costarricenses no reconocen dicho carnet como una identificación laboral.

Un tercio de millón de Nicas en suelo costarricense

El informe presentado este 6 de octubre, también señala que las instituciones costarricenses calculan un aproximado de “350,000 personas nicaragüenses que permanecen en el país sin pasar por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)”.

El dato fue recabado gracias a informaciones cruzadas que recogen las autoridades costarricenses a través de otras instituciones como el Ministerio de Salud y de Educación.

“A pesar de la política de puertas abiertas a migrantes, cuando se trata de la situación de la población migrante nicaragüense, la respuesta es lenta, burocrática y no toma en cuenta sus condiciones críticas y necesidades”, señala el informe.

El informe también destaca que hay numerosas normativas y disposiciones que podrían proteger a las personas migrantes, pero muchas autoridades e instituciones las desconocen en la práctica, violentando los derechos básicos.

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