Con 70 votos a favor los diputados sandinistas aprobaron la Ley de Agentes extranjeros este jueves 15 de octubre.

Con tono de burla y comentarios despectivos el presidente de la Comisión Económica y de Presupuesto de la Asamblea Nacional Wálmaro Gutiérrez justificó la ley creada por el régimen de Daniel Ortega para controlar las donaciones de las oenegés que trabajan en la defensa de derechos humanos, la libertad de prensa, otras.

Pese a que en días anteriores el Parlamento Europeo le advirtió a Ortega de que, si aprobaba dicha ley que vulnera la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, así como, el mismo desarrollo del país; se aplicarían más sanciones personales contra sus cómplices violadores de derechos humanos.

De igual manera, el Secretariado de ONGs Internacionales se pronunciaron contra dicha ley y recomendaron a la dictadura analizar las consecuencias negativas contra el país; le recordaron que sus organismos asociados tienen más de 30 años trabajando con Nicaragua.

Objetivos de la ley

De acuerdo con el objetivo de la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, el régimen establece un “marco jurídico de regulación de personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero como mecanismos que derivan en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua y que ponen en riesgo la autodeterminación, independencia y soberanía nacional”.

Para el economista Eduardo Solórzano esta ley también judicializa a cualquiera persona que haga activismo político en la comunidad internacional porque será tomado como un agente extranjero.

“Esta ley está cerrando los espacios democráticos, acorralando todos los espacios que la oposición pueda hacer y es una ley que tiene la característica de ser interpretada por el Ministerio de Gobernación o por el Sistema Judicial y llevar a cárcel o a privación de libertad a todo aquel opositor u organismos de algún representante tenga registro como agente extranjero”.

La Ley de Agentes Extranjeros normalizará las transferencias o remesas de los organismos y ciudadanos en Nicaragua; además, quedará en manos de las autoridades determinar quienes son los agentes extranjeros.

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