Organizaciones sociales, de oposición y defensoras de derechos humanos, condenaron la decisión del régimen de Daniel Ortega de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), acción con la que Nicaragua se retiraría del foro regional.

Las organizaciones que se pronunciaron a través de un comunicado conjunto son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, Fundamedios.

También el de Grupo Secuestrados Políticos Unidos, IFEX-ALC, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), Organización de Víctimas de Abril (OVA), Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y Urnas Abiertas.

“Condenamos enérgicamente la intención del régimen de Nicaragua de desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a través de acciones que alejan cada vez más la posibilidad de encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país desde el año 2018”, señala un comunicado conjunto publicado en el sitio web de Reace And Equality.

Organismos señalan falta de transparencia en comicios

Las organizaciones recordaron que el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada Colindres envió al Secretario General de la OEA, Luis Leonardo Almagro Lemes, una carta en la que expresa que instruido por el Poder Ejecutivo de Nicaragua, hacía de su conocimiento la “indeclinable” decisión de denunciar la carta de la organización.

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“Este pronunciamiento de Nicaragua se da tan solo una semana después de que la Asamblea General de la OEA aprobó con 25 votos una resolución que declara que las votaciones celebradas el 7 de noviembre no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad».

También reitera el llamado a la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y solicita al Consejo Permanente de la organización una evaluación colectiva urgente de la situación de Nicaragua con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA en un plazo hasta el 30 de noviembre, a fin de “tomar acciones apropiadas”, señala el comunicado.

Decisión del régimen es un retroceso para el país

También destacaron que la solicitudes de respaldo a los Poderes del Estado, con lo que se intenta fundamentar la decisión, carece de credibilidad ya que estos están subordinados al Partido de Gobierno.

“Para las organizaciones suscritas, el rápido avance de esta lamentable iniciativa es una prueba más de la concentración de poderes que existe en Nicaragua, que ha sido documentada y denunciada por organizaciones internacionales y, recientemente, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señala el comunicado. 

Además, destacaron que la decisión violenta la Constitución Política de Nicaragua, que en el Artículo cinco establece que “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”. 

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“La decisión representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y eventualmente afectará también otros compromisos que el Estado ha asumido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Adoptar una decisión de esta naturaleza habría ameritado una reforma constitucional en tanto afecta los principios fundamentales sobre los cuales se ha edificado el Estado de Nicaragua, según su propia Constitución”, detallan.

Organismos señalan mayor aislamiento para Nicaragua

Por otro lado, destacan que la salida de Nicaragua de la OEA traerá consigo mayor aislamiento al país centroamericano, perdiendo un valioso espacio de cooperación.

“Sin embargo, no omitimos recalcar que, a pesar de su denuncia, el Estado no queda exento de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos emanadas de la Carta que tenga pendientes tal y como prevé el artículo 143 del instrumento”, expresan.

Por otro lado, exhortaron a la OEA a cumplir con lo establecido por la Asamblea General y que se presente puntualmente la evaluación sobre la situación de Nicaragua, de conformidad con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

“Finalmente, hacemos un llamado urgente a la OEA para que, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, realice con prontitud la evaluación colectiva de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua, tal y como ha sido acordado en la Resolución antes citada, y utilice todos los medios a su alcance para restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano”, concluyen.  

Régimen con poca disposición de cumplir tratados internacionales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), declaró en desacato a Nicaragua este lunes 22 de noviembre, al considerar que el Estado no ha cumplido con las resoluciones ni las medidas cautelares otorgadas a disidentes y periodistas.

En respuesta, la cancillería nicaragüense envió comunicaciones a la Corte IDH en seis ocasiones, el  10 de septiembre, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 7 de octubre, 5 de noviembre y 17 de noviembre de 2021, acusando a la Corte de seguir un guión impuesto por Estados Unidos y de pretender violentar la soberanía del país centroamericano.

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“Reiteró que el Estado rechaza las Medidas Provisionales adoptadas por la Corte, por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica”. Señaló que la Resolución “incluye una narrativa parcializada y dirigida a destacar los lamentables sucesos del 2018 […] en los que diversas organizaciones”, señaló Nicaragua en la respuesta del 10 de septiembre.

La Corte también destacó el grave deterioro en el estado físico y psicológico de los prisioneros políticos.

“En el caso del señor Maradiaga, sus representantes informaron que habría perdido 25 libras de peso (11.3 kilos) y que la cantidad de comida que recibe al día no sería suficiente para sus requerimientos. Respecto de la señora Granera Padilla indicaron que “está muy, pero muy delgada”.

Esto es especialmente preocupante porque padece enfermedades crónicas como diabetes y no estaría recibiendo una dieta especial por su padecimiento, por el contrario, la alimentación que le proporcionan estaría compuesta principalmente de carbohidratos”, detalló la Corte en una resolución.