Nicaragua ha incumplido sus responsabilidades con Comité contra la discriminación hacia la mujer
Nicaragua ha incumplido con las exigencias de la Convención contra la violencia hacia la mujer, que ratificó hace más de 40 años
La Sesión N°86 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer abrirá este lunes, 16 de octubre, en Ginebra, Suiza, y discutirá sobre la situación de los derechos de la mujer y su intersección con la diversidad sexual en el mundo hasta el 21 de octubre. El gobierno sandinista de Daniel Ortega se encuentra junto a otros dos países que no han respondido la lista de cuestiones recopilada por Naciones Unidas para esta sesión.
La lista recoge una serie de medidas para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en los países miembro de la organización. El Comité había solicitado una respuesta de Nicaragua en marzo de 2020, pero el régimen no cumplió con estas solicitudes.
De los países que recibirán evaluación por el Comité, sólo Francia y Jamaica, además de Nicaragua, incumplieron la obligación que adquirieron al ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Nicaragua la ratificó en 1981.
Albania, Bután, Guatemala, Malawi, Filipinas, Uruguay son los demás países que evaluará el Comité.
Estas cuestiones tratan sobre acceso a la justicia; prevención de violencia de género; trata y explotación relacionados a la prostitución; la situación de las defensoras de derechos humanos y la nacionalidad de mujeres activistas, derechos sexuales y reproductivos, y otras cuestiones relacionadas a la calidad de vida de mujeres y niñas en el país.
ONU exigió respuestas por represión de 2018
En el contexto de las exigencias previas a esta sesión del Comité, un documento emitido por Naciones Unidas en 2020 solicitó al régimen «proporcionar información sobre el número de mujeres detenidas en relación con las protestas de 2018 o la defensa de los derechos humanos y sobre los mecanismos para protegerlas contra la tortura y los malos tratos«.
También había solicitado «proporcionar información sobre los enjuiciamientos y condenas de los autores de violaciones de los derechos humanos en relación con la crisis social, política y de derechos humanos, y sobre las reparaciones proporcionadas a las mujeres víctimas de la violencia extrajudicial y las mujeres familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, víctimas de tortura y familiares de personas que murieron en el contexto de las protestas de 2018, incluidas las defensoras de los derechos humanos, las periodistas y las mujeres transgénero».
No hubo tales enjuiciamientos ni condenas en contra de quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad contra civiles durante la crisis de 2018, ni mucho menos reparaciones para las víctimas de la violencia.
¿Cómo está realmente el país?
El régimen sostiene que «Nicaragua ha experimentado en los últimos 12 años grandes avances en el aumento de la igualdad y equidad de género en todos los aspectos de la vida, hay más poder en las mujeres nicaragüenses, son protagonistas activas de las políticas y acciones de Gobierno, participan eficazmente en espacios políticos y económicos», pero este mensaje ha sido cuestionado por activistas y expertos que el mismo régimen ha empujado al exilio.
Por ejemplo, el régimen destaca la aprobación de la Ley 648, que exige que los cargos públicos en Nicaragua deben repartirse de manera equivalente entre hombres y mujeres.
En declaraciones anteriores, la activista feminista María Teresa Blandón dijo a República 18 que «las mujeres» seleccionadas para cubrir la mitad de los cargos «comparten con los hombres criterios problemáticos que hacen que ni unos ni otros tengan buenos desempeños en los distintos poderes del Estado» porque «están subordinados, tanto hombres como mujeres, a los mandatos de la pareja Ortega-Murillo«.
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Asimismo, Blandón deploró la participación de la mujer dentro del régimen sandinista, puesto que «se da en el contexto de un régimen autoritario, anti-democrático que no respeta el Estado de derecho y no estamos hablando de ningún avance porque la participación de las mujeres no se da en el marco de la práctica democrática«.
Al mismo tiempo, ante la inacción del régimen el país ha registrado la persistencia de la violencia contra la mujer, evidenciada en la cifra de feminicidios. En lo que va de 2023, el observatorio de la organización feminista Católicas por el derecho a decidir ha registrado 60 feminicidios.
Asimismo, los registros de instancias de violencia sexual son preocupantes. El Instituto Nicaragüense de Medicina Legal registró 3943 casos de violencia sexual contra menores de edad en su último anuario estadístico, con fecha del 2021. Desde entonces, las cifras no han sido actualizadas y no se ha podido dimensionar la situación, algo que Naciones Unidas también exige.
