En México ya es legal la interrupción del embarazo, siguiendo un fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ese país que despenaliza la práctica después del pasado miércoles, 5 de septiembre, en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Esto contrasta con la situación en Centroamérica, región vecina y con lazos históricos con México en la que se ubican tres de los países con más duras penas contra el aborto en el mundo: El Salvador, Nicaragua y Honduras.

«Es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal», resolvieron los ministros de la Corte, quienes mantienen que la penalización «viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar«.

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La decisión fue unánime y la medida la propuso la ministra Margarita Ríos Farjat, quien aseguró que tendrá efecto retroactivo. Es decir, que beneficiará a las mujeres ya procesadas por haberse realizado un aborto.

Desafíos regionales

La decisión de la Corte en México sigue siendo limitada. Muchos estados que permiten el aborto han establecido mecanismos que limitan el acceso del mismo y otros, a pesar de la ley, continúan procesando a mujeres que se realizan abortos, como es el caso del estado de Guerrero, que ha visto aumentar las carpetas de investigación en casos por aborto, a pesar de que en ese estado es legal desde 2022.

Son 40 los estados que aún restringen el aborto, la vasta mayoría en un país con una población de 97 millones de católicos, el 77% del total. El catolicismo ha tenido una presencia constante en la historia del país en los últimos cinco siglos, moldeando su cultura hacia y valores en una dirección conservadora.

La Iglesia católica prohíbe el aborto de manera casi absoluta bajo pena de excomunión, o separación del sacramento más importante de esa fe.

En Hispanoamérica, la mayoría de países permite el aborto por ciertas razones específicas, como la salud de la madre o por motivos socioeconómicos. Tan sólo El Salvador, República Dominicana y Nicaragua tienen prohibiciones totales; mientras que Uruguay, Cuba, Argentina y Colombia son los países más permisivos.

Con el fallo, la Corte mandó también al Congreso a derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario antes de acabado el período de sesiones post-sentencia.