“Hubo una parcialización de la justicia, yo no estoy conforme”, dijo Kalúa Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima, al salir de los juzgados en Bluefields, en donde enfrentó el juicio por el delito de calumnia y por el cual la jueza orteguista Deyanira Traña, dictó un fallo de culpabilidad.

El abogado defensor de la jefa de prensa de La Costeñísina, Boanerge Fornos, señaló que la prueba evacuada no demostró los hechos que se querellaban, “tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo y al contrario lo único que se quedó acreditado fue que se abrieron micrófonos para que cualquier persona que se considere afectado pueda dirigirse a la población”, expresó Fornos.

Kalúa Salazar, expresó que durante el juicio los abogados de la parte acusadora solicitaron revelar quien era la fuente de información, que bajo anonimato denunció a las ex funcionarias de la Alcaldía de El Rama de corrupción.

Salazar, aseguró que los micrófonos de Radio La Costeñísima continuarán abiertos para que población pueda seguir denunciando. “No por esto que estamos pasando significa que ningún otro ciudadano va a llegar a La Costeñisima y le vamos a decir que no porque tenemos miedo a una demanda, nosotros vamos a recepcionar todas las denuncias públicas que hagan los ciudadanos”.

La parte acusadora solicita como pena de 120 a 300 días multas, de lo cual el abogado defensor de la periodista Kalúa Salazar pide pena mínima, que corresponde a 120 días multa.

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN),  ha externado su preocupación y ha alertado que la judicialización de periodistas es una estrategia más del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra la prensa independiente, la cual se ha intensificado en los últimos meses.

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