Este lunes, Guatemala completó una semana de un paro general en el marco de la crisis política desatada a partir de las elecciones generales que definieron a Bernardo Arévalo como ganador de los comicios en segunda vuelta.

«En consenso hemos decidido fortalecer las acciones de protesta en el paro nacional indefinido en todos los territorios de Guatemala», consignó el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en la red social X.

Condeca es una organización que aglutina a indígenas, anunció el cierre de carreteras en 52 puntos de Guatemala.

El cierre de vías es para exigir la salida de la fiscal María Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han liderado los allanamientos al Tribunal Electoral y al Partido Semilla.

Sin embargo, aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala intentó sofocar las protestas con una resolución que garantiza la toma de poder de Arévalo, las manifestaciones no cesaron.

Exmandataria de la CICIG alerta sobre golpe de Estado

Flor Gálvez, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reafirmó que Guatemala se encamina hacia un golpe de estado utilizando mecanismos técnicos y jurídicos.

“Efectivamente nos encaminamos hacia un Golpe de Estado. El Ministerio Público ha vulnerado al Tribunal Supremo Electoral y eso es casi un golpe de Estado técnico y jurídico, porque están queriendo hacer parecer que hay un delito, cuando en realidad no lo hay. No estaba en sus planes que quedara electo el Movimiento Semilla”, aseguró Gálvez en entrevista a República 18.

El pasado 1 de septiembre, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un intento de golpe de Estado en su país para evitar que asuma el poder.

«Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», dijo Arévalo.

Ante esa situación, Gálvez afirmó que la comunidad internacional debe contribuir en el restablecimiento de la ruta institucional en el país centroamericano.

“Deben seguir haciendo más énfasis, quizás un poco más severas, si piensan imponer sanciones. Se debe aplicar la carta democrática si existe un rompimiento en la democracia”, afirmó.

Descomposición e impunidad de décadas

A criterio de Gálvez, la descomposición del sistema judicial en Guatemala registra años de retroceso, pese a los intentos de la CICIG.

“Esto se viene descomponiendo desde hace años. Desde la CICIG intentamos hacer cambios institucionales, pero al momento de la salida, hubo una debacle en todo lo que se logró construir, sobre todo en el sistema de justicia, que ha sido el bastión para generar la criminalización”, aseguró.

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A su consideración, las arremetidas del sistema de justicia contra Arévalo surgen ante el temor de revelar casos de corrupción en Guatemala.

“Todos están cooptados porque no les conviene que salgan a la luz casos de corrupción, entonces se genera todo esto para continuar en la impunidad. Está en manos de la ciudadanía exigir los cambios”, aseguró.

“La situación también es por el hartazgo de la ciudadanía, no solo por la criminalización de los miembros del Partido Semilla, sino por todo lo que ha sucedido desde año y medio en las Cortes de Justicia y en el Ministerio Público”, añadió.

Movimiento Semilla surgió primero como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente, Otto Pérez Molina, salpicado por escándalos de corrupción política por los que fue finalmente condenado.