El Departamento de Estado de los Estados Unidos «está tomando medidas para imponer restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el apoyo a los ataques del régimen de Daniel Ortega a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil«, según anunciaron vía comunicado este viernes, 29 de septiembre

«Renovamos nuestro llamado a las autoridades nicaragüenses para que liberen a quienes están injustamente detenidos por su valiente apoyo a una sociedad civil libre y a la libertad de conciencia, incluido el obispo Rolando Álvarez», quien es prisionero del régimen desde agosto de 2022, añade el comunicado.

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Estas sanciones ocurren en conformidad con la orden ejecutiva 10309 del presidente estadounidense Joe Biden, que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas.

«Hasta la fecha, hemos restringido la elegibilidad para visas para más de 1.000 funcionarios nicaragüenses, incluidos aquellos involucrados en abusos de derechos humanos, represión de voces independientes y corrupción», un hecho confirmado antes esta semana por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado durante una conferencia en San José, Costa Rica.

«Quienes participan en la represión y niegan los derechos humanos de sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a Estados Unidos», concluyó el comunicado.

El Departamento de Estado hizo especial énfasis en el cierre y usurpación de la Universidad Centroamericana (UCA) en agosto de este año y en la reciente cancelación del Instituto Nicaragüense de Administración Empresarial (INCAE) como actos «arbitrarios e infundados» que atentan contra «instituciones académicas independientes, alterando las esperanzas y los sueños de los nicaragüenses que buscan construir un futuro mejor en su patria».