Asesinatos selectivos, huellas de impunidad y deshumanización en Nicaragua

En las remotas montañas de Silibila, en la cuenca del río Prinzapolka en el Caribe Norte de Nicaragua, Francisco Pérez Dávila, un hombre que una vez empuñó las armas en la antigua Contrarrevolución —el movimiento armado que se opuso al primer régimen sandinista en la década de 1980— había encontrado la paz en una vida simple. Conocido por su seudónimo de guerra, “Charrito”, trabajaba como jornalero en fincas cercanas junto a su pareja, Elea Valle Aguilar.

“Lo conocí cerca de Río Blanco (departamento de Matagalpa) … Era una persona muy educada, amable y nos quería mucho tanto a mí como a sus hijos. Sabía convivir con los vecinos. Prefería quedarse sin nada para ayudar a los demás”, describe Valle sobre el hombre con el que convivió un poco más de 23 años.

Los ojos de ella se humedecen cuando recuerda a “Charrito” en las labores del campo, pero sacando tiempo para compartir con sus hijos. Le gustaba llevarlos a caseríos cercanos para pasear y comprarles algunos juguetes. 

Elea Valle Aguilar muestra fotos de sus hijos Yojeisel Elizabeth y Francisco Alexander. Foto: Gentileza, Elea Valle para Mosaico CSI

Con el tiempo, la pareja pudo adquirir una propiedad de diez manzanas de extensión en Yaoya, cerca de Silibila. 

Lejos de la política y la guerra, “Charrito” dedicó sus días al trabajo y a criar a sus hijos. Sin embargo, en la Nicaragua rural, la paz resultó ser solo una ilusión.

Daniel Ortega regresó al poder en 2007 y dos años más tarde planeaba una reelección prohibida por la Constitución nicaragüense y, junto a varios alcaldes y vicealcaldes sandinistas, recurrió de amparo en Contra del Consejo Supremo Electoral. El 19 de octubre de 2009, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó la inconstitucional sentencia número 504 en la que declaró “ha lugar” al recurso, permitiendo la reelección de todos los recurrentes.  Luego, el 30 de septiembre de 2010, a través de la sentencia número 6, la Corte Plena ratificó la decisión de la Sala Constitucional y declaró la “inaplicabilidad erga omnes” de las disposiciones constitucionales que prohibían la reelección.

En las montañas del norte del país, comenzaron voces descontentas. Una de ellas, la de José Gabriel Garmendia Gutiérrez, un excontra que en la década de 1980 llegó a ser el segundo al mando del Comando Regional José Dolores Estrada, conocido como Los Sagitarios. “Comandante Yahob” era el seudónimo de guerra de Garmendia, quien anunció, en 2010, que retomaría las armas oponiéndose a la reelección de Ortega.

“No soy un delincuente solo soy un hombre consciente que quiere liberar a su patria de la dictadura, estamos avanzando hacia la victoria definitiva”, escribió Yahob el 25 de julio de 2010 en la red social Facebook. Meses después, fue asesinado el 14 de febrero de 2011 en la finca El Diamante, en la comunidad Santa Teresa de Kilambé, en El Cuá, departamento de Jinotega. Aunque la versión oficial es que un hombre lo mató “por equivocación”, el suceso dejó más dudas que respuestas.

En la comunidad Sasle, donde vivía antes de retomar las armas, fue velado el comandante de la antigua Contra, José Garmendia, comandante Yahob. Foto: Mosaico CSI | Archivo

En los meses siguientes, más excontras fueron “aniquilados” dentro y fuera del país; pero, otros proclamaban estar alzados en armas contra las violaciones del régimen de Ortega al ordenamiento jurídico del país.

Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirma que este tipo de asesinatos a ex integrantes de la Contrarrevolución vienen fabricados como supuestos enfrentamientos armados que en muchos casos fueron ejecuciones diseñadas y preparadas con inteligencia.

“Hubo un tiempo donde había combates, y realmente habían muertos de ambas partes. Pero vos mirás los resultados de este y aparecía muerto alguien a quien le hacían todo un operativo de inteligencia para, literalmente, para cazarlo, y una vez ubicado privarlo de la vida”, señala Carrión.

Uno de estos casos fue el de Enrique Aguinaga Castrillo, otro excontra cuyo seudónimo de guerra era “Invisible”, asesinado el 30 de abril de 2016 afuera de la casa de uno de sus sobrinos, en la cima de una loma, en la confluencia de los ríos El Venado y Palán, comarca Wanawas, 22 kilómetros al norte de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa. En esa ocasión, el Ejército reportó un “intercambio de disparos” con “tres o cuatro hombres” que supuestamente llevaban ganado robado; pero, los familiares de Aguinaga sostuvieron que fue “ejecutado” por el Ejército.

Enrique Aguinaga Castrillo, “Invisible”. Foto: Captura de video

Incluso, la sobrina de “Invisible” denunció que los militares la obligaron a hacerles café y sopa de gallina con la promesa incumplida de que les pagarían 200 córdobas.

Aguinaga fue uno de los nicaragüenses que llegó a pedir asilo político a Honduras en 2013 y posteriormente regresó a Nicaragua como líder de una agrupación alzada en armas. En un video que difundieron a mediados de febrero de 2016 y grabado supuestamente “en las montañas de La Cruz de Río Grande”, en el Caribe Sur, “Invisible” aparecía acompañado por los autollamados comandantes “Pedro”, “Jinotega” y “Matagalpa”, exigiendo elecciones libres.

Enrique Aguinaga, “Invisible”, fue sepultado el 1 de mayo de 2016 en el cementerio de Esquipulas, Matagalpa. Foto: Mosaico CSI | Archivo

Familiares de “Invisible” sostuvieron que este no tenía necesidad de robar. En Siuna era dueño de una finca con más de 400 manzanas de extensión. Fue concejal municipal y también concejal regional en el Caribe Norte.

Tras la muerte de Aguinaga, el liderazgo del grupo recayó en Rafael Pérez Dávila, un excontra cuyo seudónimo era “Colocho”, hermano de “Charrito”.

Rafael Pérez Dávila, “Colocho”. Foto: Cortesía

Elea Valle Aguilar dice que la Policía y el Ejército comenzaron a acosar a su marido, porque lo vinculaban con el grupo de “Colocho”. En una ocasión, atacaron a balazos a su familia y casi matan a una de sus hijas, quien pudo escapar por un barranco. La familia tuvo que desplazarse a otros lugares, pero los militares siempre la ubicaban. 

La mujer recuerda la crueldad de los militares. A un joven de quien no recuerda el nombre, pero sí el seudónimo de “Cumiche”, lo torturaron y luego degollaron en el sector de Lisawe, entre Mulukukú y Siuna, en el Caribe Norte. “Era un delegado de la palabra”, sostiene Valle Aguilar.

La masacre de San Pablo XXII

Elea Valle Aguilar tuvo que exiliarse. Llora todavía al recordar que el 6 de noviembre de 2017, su pareja la llamó telefónicamente pidiéndole que mandara a sus hijos mayores, Yojeisel Elizabeth y Francisco Alexander, ambos Pérez Valle, porque tenía dos años sin verlos. La noche del 10 de noviembre, los adolescentes de 16 y 12 años, respectivamente, emprendieron su camino hacia la comunidad San Pablo XXII, donde serían asesinados.

Yojeisel Elizabeth y Francisco Alexander Pérez Valle. Foto: Cortesía

La adolescente, que habría sido agredida sexualmente, así como su hermano y padre quedaron irreconocibles; pero Valle pudo identificarlos. Ellos y las otras tres víctimas, según el régimen nicaragüense, fueron entregados a una comisión de pastores evangélicos, y enterrados en una fosa común sin hacer peritajes ni exámenes forenses. 

Valle, quien califica el caso como una “masacre”, quería exhumar los cuerpos de sus familiares y llevarlos a su comunidad para sepultarlos. Fue impedida y viajó varias veces a Managua para denunciar el caso. 

“Después que los asesinaron no me los entregaron. Salieron diciendo que la Policía me los había entregado y que fui yo quien no se los llevó. Eso es una mentira. Ahí no había policías, era el Ejército el que estaba”, expresa.

Valle agrega que “fui a la (sede policial en) Plaza el Sol (en Managua) y sólo me dijeron que me iban a llamar, pero nunca lo hicieron”.

Pasó más de un mes para que la Policía, el 14 de diciembre de 2017, emitiera la Nota de Prensa Número 13-2017, en la que afirma que el Ejército, “en cumplimiento del plan de seguridad en el campo”, habría detectado a los que calificó como “elementos delincuenciales”, con quienes entraron en un supuesto “intercambio de disparos”.

Además de los hermanos Pérez Dávila, la Policía identificó entre los muertos a Efraín Urbina, quien era conocido como “Gavilán”, acusando a los tres como autores de asesinatos, robos con intimidación, extorsión a productores, tráfico de drogas y violación.

Valle Aguilar, por su parte, dice que no recuerda los nombres, pero el seudónimo de uno de los asesinados no era Gavilán, sino “Águila”.

En su nota de prensa, la Policía señala que Dominga Pérez Moreno también era integrante del grupo, pero a los hijos de Francisco Pérez Dávila los identificó como “Francisco Alexander Pérez Valle y Tania Yuheisi Valle”, cambiándole el nombre a la adolescente.

Al grupo, la Policía atribuyó los crímenes contra José López Espinoza, el 23 de diciembre de 2015 en San Isidro Sun Sun; Ezequiel Vivas Leiva, el 17 de septiembre de 2016 en Trinitara, ambos en el municipio de Siuna; y Antonio Castillo Espinoza, el 4 de septiembre de 2016 en El Plátano de Lisawe, en Mulukukú, Caribe Norte.

Incremento alarmante

A partir de 2018, hubo un incremento alarmante en la represión y aparecieron en escena grupos paramilitares, usados por el régimen Ortega Murillo en su “Operación limpieza”, para erradicar las protestas cívicas en el país, de manera que más excontras fueron asesinados, igual que fueron asesinados miembros o simpatizantes de partidos políticos opositores y personas que representaban liderazgos religiosos, tanto en la Iglesia Católica como en la Evangélica. El patrón es el mismo: impunidad

Activistas de CxL

Martín del Socorro Blandón Rivera, tenía 35 años. Después de asistir a un culto evangélico, la noche del 14 de julio de 2019, regresaba a su hogar en Peña La Cruz, una comunidad a cinco kilómetros al sur del caserío de Ayapal, al norte de la cabecera municipal de San José de Bocay, departamento de Jinotega. Al llegar a su casa y estacionar su motocicleta, fue emboscado por hombres armados que se encontraban ocultos.

Lo acribillaron a balazos. La Policía reportó entonces que Blandón Rivera, cobrador de bus, jugador y dirigente de beisbol, así como activista del efímero partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), tenía tres impactos de bala en la pierna derecha, uno en un costado, dos en el abdomen y uno en el hombro derecho. Pero, en una publicación de Mosaico CSI, su hermana Alba Luz Blandón Rivera, relató que la violencia fue extrema: tenía 18 balazos. Lo llevaron al centro de salud en San José de Bocay, donde murió a las 5:30 a.m. del 15 de julio de 2019.

El 8 de septiembre de ese mismo año, José Ramón García Sánchez, otro activista de CxL de 47 años, fue hallado muerto dentro de una camioneta en la comunidad Tunawalan, con heridas de perdigones de escopeta. Las circunstancias de su muerte también permanecen rodeadas de preguntas sin respuesta.

Los crímenes contra estos activistas de CxL tampoco fueron aislados, principalmente en el departamento de Jinotega, donde hay numerosos reportes de muertes con tintes políticos. Solo en 2019 hubo más de una veintena de casos en circunstancias similares, caracterizadas por la presencia de sujetos armados, cuyas acciones dejaron un rastro de sangre y miedo en comunidades rurales.

En su anuario estadístico de 2019 la Policía registra 85 muertes de naturaleza homicida en el departamento de Jinotega: 50 homicidios, 28 asesinatos, 4 parricidios y 3 femicidios. Sin embargo, ese mismo año, con reportes periodísticos, incluyendo de medios oficialistas, Mosaico CSI documentó al menos 113 muertes homicidas, sin incluir los casos de tres opositores asesinados en Honduras y otros casos de personas fallecidas en circunstancias presuntamente accidentales.

Entre estos casos, el asesinato de Santos Juan Martínez Hernández y Freddy de Jesús Montes Quintanilla en El Cuá, departamento de Jinotega, el 17 de marzo y el 18 de agosto de 2019, respectivamente, resaltan por la impunidad y la incertidumbre. 

Agricultores y excontras conocidos, Martínez y Montes compartían, además, la fe evangélica. Sus familias, desconfiadas de la versión de robo que circulaba extraoficialmente, sospechaban de un grupo vinculado a un individuo señalado como paramilitar y que residía en la comunidad Abisinia.

Como en estos casos, al menos 59 de las víctimas de 2019 tenían impactos de armas de fuego y de ellas, por lo menos 40 víctimas recibieron más de balazo. Mientras que en 20 casos fueron usadas armas de guerra.

De los casos con mayor repercusión en 2019 están los asesinatos del productor Oliver Montenegro Centeno, el 23 de enero en El Cuá, y de Néstor Uriel Aráuz Moncada, funcionario de la alcaldía de Wiwilí, asesinado el 21 de febrero. Ambos participaron en las protestas de 2018 y ninguno de esos casos ha sido “esclarecido”.

Oliver Montenegro Centeno, asesinado en su finca. Foto: Cortesía

Familiares de Montenegro, acribillado a balazos y machetazos, dijeron en aquella ocasión que policías “combinados” con paramilitares habrían participado en el crimen en la finca que el productor tenía en Caño La Cruz, 30 kilómetros al norte de El Cuá. 

Del caso de Aráuz, su esposa Jasmina García Rodríguez solo supo que lo emboscaron en El Jicote, a 5 kilómetros de Wiwilí con dirección a Maleconcito. 

Aráuz, quien además era dirigente local de las ligas de béisbol; en las elecciones de 2016 fue primer miembro del Consejo Electoral Municipal y después estuvo en la campaña municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Crímenes transfronterizos

En el municipio de Trojes, en El Paraíso, Honduras, fue asesinado el excombatiente Santiago Rivera Müller, alias “Tigre-León”, el 21 de junio de 2019. Había participado en las protestas antigubernamentales de 2018, particularmente en los tranques (las barricadas que la población erigió a modo de presión en las principales vías del país) en El Cuá y Wiwilí.

Una semana después, en la misma localidad, fue asesinado Edgard Montenegro Centeno, el 27 de junio de 2019. Murió junto a su hijo adoptivo, Yalmar Zeledón Olivas, emboscados y acribillados con fusiles AK-47 cuando viajaban por carretera en una motocicleta. 

A Edgard Montenegro lo conocían como “Comandante Cabezón”, el seudónimo que usó en la Contra, en la década de 1980. Después del triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, se reinsertó a la vida civil como un reconocido productor en el sector de La Esperanza del Kilambé en el municipio de Wiwilí, Jinotega, donde residía. Pero, en 2018 participó en las protestas y luego tuvo que exiliarse.

En Trojes también fue asesinado Francisco Sobalvarro , un excontra originario de El Cuá, Jinotega, conocido con el seudónimo de Berman. Lo mataron en circunstancias imprecisas la noche del 13 de julio.

No es de ahora

No es de ahora. Los asesinatos de liderazgos políticos y religiosos empiezan desde el “Comandante 3-80”, Enrique Bermúdez Varela, asesinado el 16 de febrero de 1991 en el parque de un hotel en Managua.

Una autopsia “realizada en Miami por el doctor Joseph H. Davis, examinador médico del condado de Dade, demostró que a Bermúdez lo asesinaron con un arma soviética y dos balas simultáneas en la región parietal derecha de la cabeza, con trayectoria de derecha a izquierda y disparadas a escasos 50 centímetros del objetivo”, publicó La Prensa.

Esa misma publicación señala que “El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos compiló una lista de centenares de excontras asesinados a partir del 25 de abril de 1990, entre ellos cinco excomandantes del Estado Mayor de la Contrarrevolución: Enrique Bermúdez (3-80), Francisco Ruiz Castellano (Renato), Israel Galeano Cornejo (Franklin), Diógenes Membreño Hernández (Fernando), Manuel Antonio Rugama (Aureliano), más siete comandantes regionales y 205 comandos”. 

Complicidad militar y policial

Luis Fley, “comandante Johnson”, es un exguerrillero contrarrevolucionario que está exiliado en Estados Unidos, consecuencia de la persecución y represión política agravada en 2018 en Nicaragua, y considera que entre el Ejército y la Policía existe una complicidad en las regiones más alejadas de Nicaragua para “cazar” a los opositores.

“Es muy sabido que el Ejército ayuda a la Policía Nacional. O sea, que hay una coordinación, y eso se ha estado dando: donde la Policía no tiene acceso y el Ejército tiene más movilidad y puede moverse de un territorio a otro, y hace acciones de policía (…) y con ese nombre realizan acciones en contra de los campesinos”, expresa.

Por su parte, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, destaca “la deshumanización” que existe por parte de las autoridades nicaragüenses, pues en las notas de prensa emitidas por el Ejército y la Policía se refieren a los asesinatos como eliminaciones.

“Cada vez que se mataba a alguien, se antecede con el lenguaje, incluso militar o policial: ‘se eliminó a un delincuente’. Ese era un proceso de deshumanización de la persona y para querer justificar la eliminación de una persona, o sea, la privación de su vida, decían eso, que eran delincuentes comunes”, explica Carrión.

Para Fley, los excontras que se convierten en víctimas del gobierno de Daniel Ortega, son quienes tienen el respaldo de otros campesinos. Tal como sucedió con Enrique Aguinaga, el “comandante Invisible”.

“Ellos (el gobierno de Daniel Ortega) identifican quiénes son una amenaza que está creciendo. Realmente son grupos pequeños que luego la gente, los campesinos, se van sumando y le van dando su respaldo y se van convirtiendo en una amenaza, entonces el ejército y la policía comienza a buscar la manera de cómo neutralizarlos, pues de eliminar a los integrantes”, señala Fley.

Por otro lado, esto además de ser una acción selectiva contra estas personas, tiene una doble finalidad que es enviar una amenaza a todos aquellos que quieran levantar la voz, afirma Fley.

“Eso lleva dos objetivos: terminar con la amenaza que está creciendo y mandar un mensaje: ‘esto es lo que le espera’, a los que osan tomar un fusil en contra del gobierno o de la dictadura de Ortega”, explica el exguerrillero.

No obstante, pese a que muchas de estas situaciones son tipificadas como combates entre dos lados por las instituciones nicaragüenses, Gonzalo Carrión afirma que gran parte de estas son ejecuciones, ya que no existe un combate real.

“Se les atribuye incluso que no solo andaban en abigeato, sino traficando drogas y cosas, cualquier mote dirigido a despojar de la calidad humana de la persona y con el agravante de dudosa credibilidad del comunicado oficial, Policía o Ejército, porque no en pocos casos eran todos muertos y ni un herido, y del otro lado, de los que ‘imponían el orden’ por eliminarlos, ningún rasguño”, menciona Carrión.