Masacre del 19 de Julio: ensayo de la instrumentalización de la justicia en Nicaragua
Uno de los acusados terminó su sentencia de 10 años por “encubrimiento”. El régimen se niega a liberarlo. Este caso no solo ilustra la impunidad, sino también el uso del sistema judicial como herramienta de represión y control político
José Olívar Meza Ráudez debería estar en libertad. El 27 de julio cumplió la condena de diez años que le impusieron por “encubrimiento” en el caso de la llamada “Masacre del 19 de julio”, ocurrida en el 2014 en el departamento de Matagalpa.
Sin embargo, después de más de una década en prisión —nueve de esos años en celdas de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”— Meza Ráudez, de 57 años, continúa encarcelado.
Meza Ráudez y otros ocho opositores fueron procesados por la masacre en la que cinco personas fueron asesinadas y al menos 16 fueron heridas en dos emboscadas en puntos diferentes de Matagalpa. Además de ellos, la Policía, que entonces dirigía Aminta Granera, señaló a Pablo Manuel Martínez Ruiz, con el supuesto alias de “Yalí”, como otro de los presuntos autores del atentado, aunque nunca fue capturado.
Pablo Martínez, alias “Yalí”, fue uno de los señalados como presunto autor de disparos en la Masacre del 19 de julio. Nunca fue capturado.
La detención de Meza Ráudez, según Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, es “ilegal” y responde a un mensaje del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: “Pueden hacer lo que les da la gana con quien quieran”.
Este patrón de detenciones prolongadas no es nuevo y refleja el control y castigo hacia quienes son considerados incómodos para el poder.
Además, según las múltiples denuncias, en el caso de la Masacre del 19 de julio concurrieron elementos represivos similares a los que el régimen Ortega Murillo emplearía después, de forma masiva, en 2018, por lo que una abogada que conoció del caso y que solicita mantenerse en anonimato, considera que “vimos lo que es capaz (de hacer) la Policía, entonces, ahí están en tela de duda todos los casos (penales)”.
La masacre
La noche del 19 de julio de 2014, simpatizantes sandinistas regresaban en caravana de la celebración del 35 aniversario de la Revolución, hacia distintos departamentos en el Centro-norte del país. En la comunidad El Carmen, en el kilómetro 75.3 de la carretera Panamericana, municipio de Darío, fueron atacados primero a pedradas y luego a balazos.
Mirna Argentina Benavides Gómez, de 45 años; Esther Ligia Vásquez Barrera, de 25, Germán Adrián Martínez Hernández, de 25, originarias de San Juan de Limay, Estelí; y Yáder Francisco Sáenz Potoy, de 22 y originario de San Ramón, Matagalpa, murieron en ese primer atentado en el que, además, 14 personas fueron heridas, según el expediente judicial.
Uno de los buses atacados el 19 de julio de 2014 en Wabule, San Ramón. Ahí murió Yelsin Talavera. Foto del archivo de Mosaico CSI
Un segundo ataque sucedió en la comunidad Wabule del municipio de San Ramón, donde murió Yelsin Talavera Galeano, de 22 años, y otras dos personas fueron heridas.
Acusaciones
Para el 20 de julio, la Policía había detenido a los hermanos Juan José y Gregorio Torres Espinoza, así como Erick Antonio Salgado González y un adolescente. Este último fue liberado horas después, pero los otros tres fueron acusados el 24 de julio inicialmente en Matagalpa, porque supuestamente lanzaron piedras a la caravana, aunque los delitos imputados fueron asesinato, lesiones gravísimas y crimen organizado. Un día después, la acusación fue ampliada contra el transportista Walter José Balmaceda Ruiz.
Juan Torres, Erick Salgado y Gregorio Torres cuando fueron llevados a los juzgados de Matagalpa. Foto del archivo de Mosaico CSI
Posteriormente, en conferencia de prensa el 7 de agosto de 2014, Granera alardeó de resolver “en tiempo récord un caso de extrema complejidad”, asegurando además que trabajaron 17 días “de forma seria, responsable, profesional y en el marco de las atribuciones que nos confiere la ley…”.
En su presentación incluyó videos en los que los supuestos responsables admitían haber participado en la masacre. Videos que cuestionaron los familiares de los detenidos, aduciendo que estos habían sido torturados y amenazados para “aprenderse un guion” y admitir la responsabilidad.
Al momento de la conferencia de Granera, la Policía ya había hecho redadas de opositores, incluso familias enteras, en Darío y otros puntos del departamento. Los opositores estaban aterrorizados.
El 26 de julio de 2014, el transportista Walter José Balmaceda Ruiz, fue llevado a los juzgados de Matagalpa, acusado por delitos relacionados con la masacre del 19 de julio. Foto del archivo de Mosaico CSI
En tanto, el juez de juicios de Matagalpa, Bernardo Morales, de oficio se declaró incompetente “por razón de territorio” de conocer la primera acusación contra Balmaceda y los “tira piedras”, por lo que finalmente 12 personas, incluyendo a Meza Ráudez, Balmaceda Ruiz y los “tira piedras”, fueron procesados en Managua, sustrayéndolos de juez natural.
Portada del diario La Prensa. 8 de agosto, 2014.
Luego, durante el juicio, los procesados desmintieron los videos. Uno de ellos, Jairo Alberto Obando Delgadillo declaró ante el juez que las torturas incluyeron que un policía “me puso el (fusil) AK en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza”, para hacer que admitiera su supuesta participación en los hechos.
Gonzalo Carrión. Foto: Mosaico CSI
Para el año 2014, Gonzalo Carrión trabajaba para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que fue uno de los primeros organismos de derechos humanos en denunciar arbitrariedades, abusos y hasta torturas durante el proceso judicial de estas personas.
Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, uno de los acusados, dijo incluso que fue golpeado y torturado mientras era investigado, y a pesar de que no existía algo que lo ubicara en el lugar de la masacre, lo obligaron a admitir culpabilidad.
“-Te comés la torta-, me dijo la policía y comenzaron a ocuparme de sandbag, a golpearme. Y días de maltrato después, el jefe de auxilio judicial me llevó a una casa particular. Ahí estaba un señor de apellido Avellán, de civil. Y ahí comenzó lo peor. Una tortura fea que no se la deseo a nadie. Aquí (en el cuello) tengo una cicatriz que supuestamente me iba a cortar la yugular”, dijo Gutiérrez minutos antes de que el juez de juicio Edgar Altamirano leyera la sentencia en octubre del 2014.
El comisionado al que se refiere es al comisionado Ramón Avellán, quien era jefe de investigaciones de la Policía. También encargado de reprimir a opositores en el departamento de Masaya durante las protestas de 2018; dirigir operativos contra el clero de Matagalpa, incluyendo al obispo de esa diócesis, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, y que a su vez es uno de los más denunciados por manifestantes por violaciones a derechos humanos.
“La tortura y la prisión arbitraria somete a graves cuestionamientos cualquier proceso. La legalidad de un proceso es para que haya un resultado final creíble”, sostiene Carrión.
Otro de los acusados, Wilfredo Balmaceda Castrillo, dijo ante el juez que fue obligado por agentes de la Policía Nacional a grabar videos recreando el supuesto ataque que perpetraron y declarándose culpable, para respaldar la versión del Ministerio Público.
Sin embargo, Balmaceda afirmó no haber brindado declaraciones por su propia voluntad.
Acciones como estas deben poner en duda la legalidad de las sentencias. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, los Estados deben garantizar protección judicial brindar todas las garantías judiciales a los acusados.
“La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”, reza el artículo 8. Nicaragua es firmante de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos desde 1969.
Condenas de hasta más de un siglo de prisión
La competencia para conocer el caso se la adjudicó el juez Henry Morales, en Managua, el mismo que años después condenó a varios presos políticos por las protestas de 2018.
Por disposición constitucional en Nicaragua, ninguna pena puede exceder los 30 años de prisión, de manera que los sentenciados a más tiempo de cárcel por la Masacre del 19 de julio, cumplirán sus condenas entre el 24 de julio y el 3 de agosto de 2044.
Mientras que Meza Raúdez, acusado porque supuestamente después de los atentados facilitó la fuga de Leonel Poveda Palacios y Pablo Manuel Martínez Ruiz, a quienes habría alojado en su casa durante una noche en San Isidro, fue sentenciado por encubrimiento a diez años de prisión que cumplió el 27 de julio reciente.
El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, teme que a Meza Ráudez le puedan “fabricar” nuevos cargos, como hicieron con Marvin Vargas Herrera, conocido como “El Cachorro” y considerado el primer preso político del país.
Vargas, líder de la Asociación de Veteranos de Guerra del Servicio Militar Patriótico (SMP) fue detenido el 8 de mayo de 2011, lo acusaron por una supuesta estafa agravada y fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión. Por sentencia del 7 de noviembre de 2016, fue declarada la extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de la condena y giraron una orden de libertad que nunca fue cumplida.
Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos
Aunque estaba en un área de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario, en un registro en su celda el 29 de abril de 2017, supuestamente hallaron drogas en un pantalón azul. Lo acusaron y sentenciaron a otros 12 años y ocho meses de prisión, condena que expirará a finales de 2029.
“Esa nueva acusación llegó meses después de que él estaba en detención ilegal, porque había cumplido la primera condena, y era evidente que era otro montaje más contra el ‘Cachorro’, y por eso creo que a este ciudadano (Meza Ráudez) no lo van a poner en libertad”, opina Cuevas.
Alexandro Álvarez fue coordinador del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Organización de Estados Americanos y detalla que este tipo de violaciones, levantan las alertas dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Para efectos de cuál es el futuro de estas sentencias, no hay una, sino muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenan a los estados dejar sin efecto sentencias que han sido dictadas con estos argumentos. Violaciones gravísimas al debido proceso, la imputación de cargos sobre hechos inexistentes y la práctica de tortura para obtener confesiones está dentro de aquellos aspectos”, señala.
Álvarez reconoce a estas personas como presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Señala que los patrones que engloban la situación de estas personas caben en el perfil de prisioneros políticos.
“Esto es el resultado de un trabajo incansable y paciente de la sociedad civil, que ha instalado ese término y que prácticamente ha sido parte de lo que la comunidad internacional ahora entendida, se refieren a la situación de las personas presas en Nicaragua son presas y presos políticos. Quienes estamos fuera de estas organizaciones, usamos el término”, explica.
Marvin Vargas y los 9 sentenciados por la Masacre del 19 de julio, son los diez presos que están detenidos por asuntos políticos desde antes de la crisis de 2018, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, integrado por nueve organizaciones.
José Manuel Urbina Lara, el abogado que defendió a José Olívar Meza Ráudez en el prolongado y cuestionado proceso judicial por la Masacre del 19 de julio, también está en la cárcel y es parte de la lista de 45 presos políticos del Mecanismo.
Fue sentenciado a cuatro años de prisión —que expiran el 24 de enero de 2025— por homicidio imprudente en accidente de tránsito en perjuicio de José Antonio Rizo Castro, de 30 años, sucedido a la 1:30 de la tarde del 24 de enero de 2021 en la comunidad Los Cipreses, kilómetro 172.5 de la carretera hacia Pueblo Nuevo, municipio de Jinotega. Aunque la legislación permite la mediación en este tipo de casos, la Fiscalía impidió que los familiares de la víctima pudieran mediar con el abogado. Antes de caer preso, en sus redes sociales hacía fuertes señalamientos a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Cuestionamientos
Familiares de los presos por la Masacre del 19 de julio, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, a través de distintos medios, siempre cuestionaron los argumentos oficiales. Reunieron pruebas de que los acusados estaban en distintos lugares al momento del atentado.
La defensa de Eddy Gutiérrez presentó fotos captadas durante una reunión familiar a las 9:20 y 9:21 de la noche del 19 de julio de 2014, la misma hora en que, según la entonces fiscal, María Oviedo, él era uno de los que dispararon contra la caravana en Darío.
La foto que presentó la defensa de Eddy Gutiérrez. Al momento de la masacre, él estaba en un festejo familiar.
Pero el juez Morales desestimó todas las pruebas de descargo y los señalamientos de tortura a los acusados.
“El juez estaba obligado, de oficio, a mandar una investigación por tortura, así como por violación (en el caso relatado en el proceso por Obando), abuso de autoridad, etcétera, y la misma fiscal, la doctora Oviedo, estaba obligada por mandato de la Ley creadora del Ministerio Público, a oficiar a la Policía y a dirigir actos investigativos por tortura, por violación y abuso de autoridad y funciones y las dos autoridades omitieron sus obligaciones. Fueron cómplices en ese acto bestial”, opina el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas.
Oviedo, con el estallido sociopolítico de 2018, dejó la Fiscalía y comenzó a trabajar con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organización en la que también trabajaba Cuevas. Ella defendió a varios presos políticos, pero luego fue encarcelada, desterrada con el grupo de 222 presos políticos enviados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, todos despojados de la nacionalidad nicaragüense.
Ensayo de lo sucedido en 2018
De acuerdo con el testimonio de los familiares, publicados por La Prensa y el programa Esta Semana en 2014, la persecución contra los acusados por la Masacre comenzó después de las cuestionadas elecciones nacionales de 2011, tras enfrentamientos entre orteguistas y opositores en Darío, por los que diez de estos últimos fueron acusados en Matagalpa, incluyendo al transportista Walter Balmaceda Ruiz y al exalcalde de Darío y exdiputado liberal Pedro Joaquín Treminio. Sin embargo, solo Ángel Antonio Gómez Matamoros y Pedro Joaquín Valle Gómez enfrentaron procesos separados.
Todo arreció con las elecciones municipales de 2012, cuando el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua designó al sandinista Ángel Rafael Cardoza como alcalde de Darío, aun cuando el opositor Edgard Matamoros demostró que había ganado esos comicios. Hubo protestas reprimidas por civiles del oficialismo y la Policía. Los opositores José Vidal Obando Lira y Juan Miguel López murieron. Sus muertes siguen impunes, a pesar de que hay videos que muestran a los oficialistas que disparaban.
La Masacre del 19 de julio de 2014 fue un “pretexto” para silenciar a líderes de la oposición, según defensores de derechos humanos.
Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, recuerda patrones similares a los que sucedieron después con los presos políticos de 2018: secuestros de personas sin que sus familiares supieran durante días y semanas sobre el paradero de los secuestrados; cargos “inventados”, procesos viciados con sustracción de juez natural y en los que los procesados prácticamente quedaban en indefensión, torturas físicas y sicológicas, además del encarcelamiento en áreas de máxima seguridad.
Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que después del 2018 se hizo fácil diferenciar los patrones. “Ahora son patrones y por eso podríamos asimilar con más facilidad”, señala.
“Cuando nosotros cuestionamos los abusos alrededor de la masacre del 19, cuando cuestionamos los abusos a Marvin Vargas (…) se nos cuestionaba a nosotros, porque (como población) no teníamos el conocimiento, y la conciencia se fortalece exactamente con el conocimiento. Por eso la diferencia es que esos comportamientos después se volvieron patrones”, expresa.
De acuerdo con el más reciente informe del Mecanismo, al menos 15 de los 45 presos políticos, están en reclusión diferenciada, en aislamiento, insalubridad y tortura sicológica, condiciones que “constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación agrava el estado de salud físico y mental de las personas detenidas, impactando de manera significativa en su bienestar integral”.
Los presos por la Masacre del 19 de julio continúan en condiciones de “reclusión diferenciada”, en celdas de máxima seguridad. Ahí, José Ricardo Cortéz Dávila perdió la vista a causa de la diabetes que padece.
“El odio de Ortega es tan grande que (José Ricardo) es un señor de la tercera edad y ya está ciego, perdió la vista en la cárcel durante su secuestro. José Ricardo mantenía muy bien su vista y hoy por hoy perdió la vista en la cárcel”, menciona Gabriel Putoy, del Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX).
Putoy afirma que, hasta la fecha, el GREX ha recibido decenas de denuncias de torturas que sufren los 10 presos políticos anteriores al 2018.
A Cortez Dávila, días antes del 5 de septiembre, cuando el régimen desterró a 135 presos políticos a Guatemala, “lo alistaron”, lo movieron a la Galería 16, de donde salían todos, pero lo dejaron ahí. Siempre quedó preso, según el testimonio coincidente de desterrados y familiares de presos políticos.
Esto se considera tortura psicológica para los expertos en derechos humanos. Y las denuncias constantes y sobre todo la visibilización de esto, suma al amplio catálogo de denuncias que aguardan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Producir sufrimiento psicológico o moral en las personas puede ser calificado como malos tratos al menos, o como tortura incluso. De modo que no es descartable que este tipo de crueldades, porque es una crueldad hacer algo con una persona en ese en esa circunstancia, puede hacer calificado como tortura o como malos tratos en el futuro” señala Alexandro Álvarez.
“Están reconocidos en el mecanismo de personas presas políticas y debieron de haber sido incluidos en las listas (de nicaragüenses desterrados) independientemente que el destierro es otra forma de violación grave de derechos humanos y después la nacionalidad, pero no lo han hecho”, añade Gonzalo Carrión.
En este sentido, Gabriel Putoy expresa que dadas las circunstancias en Nicaragua, las esperanzas de esperar “benevolencia por parte del régimen de Daniel Ortega” comienzan a desaparecer, y que es la comunidad internacional quien tiene la opción de presionar al mandatario sandinista.
Sin embargo, la comunidad internacional puede hacer poco en el caso de Nicaragua, explica Alexandro Álvarez, dada la posición hostil del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y la poca comunicación que hay con la administración de este país.
“El nivel de cerrazón que tiene Nicaragua con la comunidad internacional; el nivel de diálogo… Es completamente nulo, esto no es comparable ni con la situación de Cuba ni con la situación de Venezuela, ni con la situación de ningún otro estado de la región, y me atrevería a decir: con ningún otro estado del mundo. O sea, el nivel de cerrazón para dialogar, siquiera, es absolutamente nulo”, señala.