Cárceles con puertas abiertas para asesinos de periodistas en Nicaragua

En casos de periodistas asesinados, la justicia en Nicaragua se ha mostrado benevolente. Los asesinos de María José Bravo Sánchez y Ronny Adolfo Olivas Olivas, aunque cada uno fue sentenciado a 25 años de prisión, hoy caminan libres. No es solo un insulto a la memoria de los reporteros, sino un claro ejemplo de un sistema judicial que cede a presiones políticas y privilegios, dejando a las víctimas sin verdadera justicia.

Si bien los crímenes sucedieron en circunstancias, momentos y lugares distintos, en los procesos judiciales de ambos casos prevaleció la narrativa oficial, pero, la sociedad nicaragüense quedó clara de que Bravo y Olivas fueron asesinados en contextos en los que indagaban sobre temas que incomodaban a poderosos intereses locales y que la justicia nunca fue completa.

María José Bravo Sánchez, una joven periodista de 26 años y madre de un hijo de 3 años, residía en Santo Tomás, Chontales. Fue asesinada el 9 de noviembre de 2004 por Eugenio Hernández González, mientras ella cubría las elecciones municipales y estaba afuera del Instituto Nacional en Juigalpa, que servía como Centro de Cómputos Departamental del Consejo Supremo Electoral en Chontales.

Hernández, exalcalde liberal del municipio El Ayote, en la jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur —pero electoralmente atendido desde Chontales— esa noche le disparó un balazo en el pecho. Bravo fue llevada al hospital, pero llegó fallecida. Su asesino, al que apodaron “El matón de El Ayote”, fue condenado a 25 años de prisión, pero hoy está libre.

Un sistema viciado desde el principio

“Desde el principio se intentó beneficiar a la persona que cometió este crimen contra María José Bravo”, opina el veterano periodista Eduardo Cruz, quien cubría las noticias judiciales en La Prensa y siguió el caso de cerca. Recuerda cómo se habló de una “bala saltarina”, una teoría que intentaba presentar el asesinato como un accidente y reducir la condena de Hernández.

Artículo publicado por La Prensa el 4 de agosto de 2009 en el que refleja los intentos por liberar al apodado “Matón de El Ayote”.

El periodista Cruz recuerda cómo el “pacto” político entre liberales y sandinistas era el telón de fondo de estas decisiones judiciales cuestionables. “En aquel momento para aprobar una sentencia los liberales necesitaban el apoyo de los sandinistas y viceversa… Se hacían esos favores para mantener el balance entre los dos”, explica.

“En todo momento existió el temor de que el hombre estuviera libre en su comunidad en El Ayote”, agrega Cruz. Esta comunidad, predominantemente liberal, siempre presionó para que el exalcalde fuera liberado, y según el periodista, el pacto político entre liberales y sandinistas buscaba facilitar esa maniobra.

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Un magistrado liberal tuvo que reunirse en privado con periodistas para explicar la cuestionable teoría de “la bala saltarina”, recuerda Cruz. En una ocasión, este periodista llamó a la magistrada Nubia Ortega de Robleto, también liberal, para preguntarle sobre los intentos de liberación de Hernández. “Hemos tratado de ayudarle, pero no hemos podido, pero estamos en eso”, fue la respuesta de la magistrada, una clara evidencia del apoyo que el exalcalde liberal de El Ayote tenía en las altas esferas judiciales.

Un duelo sin justicia

Doña Elda Antonia Sánchez, la madre de María José, nunca dejó de clamar justicia para su hija. En cada oportunidad que tuvo, viajó desde Santo Tomás, Chontales, hasta Managua para denunciar el caso ante los medios y rogar para que el asesino de su hija no quedara en libertad. A pesar de su avanzada edad y sus problemas de salud, nunca se rindió.

Publicación de la Portada de La Prensa el 7 de marzo de 2008

“En vida siempre pidió que esto no sucediera, lo hizo desde la humildad que la caracterizaba, pero con voz fuerte y enérgica”, recuerda una periodista amiga de María José, quien prefiere mantenerse en el anonimato. 

Para esta periodista, la justicia en el caso de María José no fue más que una fachada. “No hubo justicia; solo fue parcial, como para tapar un parche en el momento debido a la demanda de justicia que hacían familiares, amigos y hasta gente que ni siquiera conocía a María José”, comenta la colega y amiga de la periodista asesinada. Doña Antonia falleció a la media noche del 30 de mayo de 2013 con el amargo deseo de ver cumplida una justicia que nunca llegó.

El periodista Cruz señala que una versión que el periodismo no pudo demostrar es que Hernández tuvo beneficios que no tenían otros reos, incluyendo salidas de prisión.

Desde 2014, Hernández intentó salir de la cárcel interponiendo un incidente de extinción de pena. La entonces jueza de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de la Circunscripción Central, Bertha Gómez, dijo a La Prensa que en la prisión el exalcalde de El Ayote en la prisión no había tenido “una conducta adecuada”.

Portada del diario La Prensa el 11 de marzo de 2014

Hernández fue liberado el 13 de mayo de 2020, bajo el régimen de convivencia familiar otorgado por el régimen Ortega Murillo en ocasión del Día de la Madre, celebrado en Nicaragua cada 30 de mayo. Con él salieron otros 2814 reos de distintos penales del país escogidos por el Poder Ejecutivo y que casi siempre toman por sorpresa al Poder Judicial.

Así fue sorprendida la jueza de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de la Circunscripción Central, Ingrid Conrado, quien tuvo que “judicializar” ese régimen de convivencia familiar por sentencia que dictó el 27 de mayo de 2020.

“Se ha recibido copia de Carta de Libertad emitida por las autoridades penitenciarias donde se indica que el sancionado Eugenio Hernández González ha sido administrativamente ubicado en régimen de convivencia familiar y puesto en libertad el pasado trece de mayo del año dos mil veinte”, señala la sentencia de Conrado.

Agrega: “En este caso partiendo de la información emitida por las autoridades penitenciarias, la efectiva prisión cumplida hasta el día trece de mayo del año dos mil veinte es de 15 años, seis meses y 4 días, faltándole para el cumplimiento de la pena privativa de libertad 9 años, 5 meses y 23 días, al momento que se le ubicó en convivencia familiar por las autoridades penitenciarias. El tiempo faltante para el cumplimiento total de la pena será el periodo de prueba que deberá cumplir el beneficiado”.

Entre otras medidas, como el impedimento de consumir bebidas alcohólicas, la jueza Conrado estableció la presentación de Hernández cada dos meses al Juzgado Local Único de El Ayote, una sanción que debe cumplir hasta el 9 de noviembre de 2029.

Por sentencia del 9 de mayo de 2023, Conrado accedió al cambio del lugar para presentarse solicitado por Hernández, estableciendo el Juzgado Local Único de El Tortuguero, en el Caribe Sur, como nueva ubicación para la presentación periódica.

La impunidad no es casualidad

El caso de Ronny Adolfo Olivas Olivas, otro periodista asesinado en Nicaragua refleja un patrón similar de injusticia. Él era corresponsal de La Prensa y trabajaba en una emisora local en Estelí.

Olivas, además de ser periodista, era abogado y conocido por su afán de ayudar a los necesitados a través de sus reportajes en el departamento de Estelí. El 14 de agosto de 2005, días después de unas publicaciones relacionadas con el narcotráfico en Estelí, fue asesinado de dos disparos por Santos Roberto Osegueda Palacios, un conductor de taxi. 

Aunque inicialmente la Policía indicó que el asesinato se debió a una discusión por el costo de una carrera de taxi, existía la sospecha de que fue un crimen ordenado debido a las publicaciones de Olivas tan solo dos semanas antes de su asesinato. El 31 de julio de 2005 publicó un artículo titulado “Asoma gran red narco“, que implicaba en el tráfico de drogas a varios nicaragüenses y extranjeros que vivían en Estelí.

Una de esas personas mencionadas en la publicación, Samuel Gutiérrez Lozano, lo llamó para refutar, de modo que, al siguiente día, 1 de agosto, publicó el artículo “No soy jefe narco”. Por esas publicaciones, recibió una serie de amenazas, vía telefónica, y él lo denunció ante la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos.

Un año después, el 18 de julio de 2006, la Policía encontró los restos de una avioneta que estaba enterrada en la finca San Rafael, situada en el sector conocido como Kukula, a 15 kilómetros del poblado de La Trinidad, en Estelí, al límite con el municipio matagalpino de San Isidro, lo que confirmaba las indagaciones de Olivas. Pero, el caso fue abordado como un crimen común.

Las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva que identificara a los verdaderos responsables. Osegueda incluso se rio al salir del juicio después de haber sido declarado culpable.

Como en el caso de María José, el asesino de Olivas fue sentenciado a 25 años de prisión, pero también fue liberado años antes de cumplir su condena completa.

En 2009 hubo un intento de los diputados por indultarlo junto a otros 38 reos, según una iniciativa presentada por el diputado liberal Carlos Gadea Avilés.

De acuerdo con el expediente judicial, Osegueda habría sido detenido el 17 de agosto de 2005 y la condena de 25 años expiraba el 17 de agosto de 2030. En 2018, la Defensoría Pública solicitó la extinción de la pena, pero, por sentencia del 13 de diciembre de ese año, la jueza de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de Estelí, Mercedes Jirón, consideró que todavía le faltaba tiempo para cumplir con la sentencia.

La valoración judicial fue que, al 13 de diciembre de 2018, Osegueda tenía 13 años, 3 meses y 26 días de efectiva prisión, además de 3,188 días —equivalentes a 8 años, 8 meses y 28 días— computados como tiempo laborado en el Sistema Penitenciario, por lo que la suma era de 22 años y 24 días.

Esa decisión, apelada por la defensa, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Las Segovias en virtud de una sentencia del 28 de junio de 2019. Sin embargo, la defensa insistió en pedir nuevamente la extinción de la pena y, por sentencia del 13 de diciembre de 2019, la jueza Jirón consideró que, mientras estuvo procesado, Osegueda cumplió un año y siete meses en los cuales trabajó, entre el 24 de abril de 2006 y el 14 de noviembre de 2007. Ese tiempo duplicado en el cálculo de Jirón le dio tres años y dos meses, además de los ocho años, ocho meses y 28 días laborados como condenado. Al sumarlos con 14 años, tres meses y 26 días, Osegueda habría acumulado 26 años, dos meses y 24 días de “prisión”.

Estado pone en peligro a familiares de las víctimas

En Nicaragua existe la extinción de pena por trabajo, según la Ley 745, ley de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal en su artículo 16: “El trabajo se reconocerá como un derecho para efecto de descuento y cumplimiento de la pena, a razón de un día de privación de libertad por día trabajado”.

Carlos Journet, director y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresa que este tipo de normativas ponen en peligro a las familias de las víctimas.

“Hay una revictimización de la familia de las víctimas. Porque ven que la persona no sólo no ha cumplido la condena, sino que muchas veces luego puede volver a tener algún tipo de presión sobre la familia del asesinado. Son situaciones que los sistemas judiciales deben corregir. Lamentablemente en Nicaragua no están dadas las condiciones institucionales para que ello ocurra. Sabemos que el régimen de Ortega no tiene una política hacia la protección del periodismo, sino todo lo contrario”, afirma.

Los paralelismos entre los casos de Olivas y la joven María José Bravo son innegables: dos periodistas asesinados, dos condenas de 25 años y, sin embargo, dos asesinos que lograron salir en libertad antes de tiempo, gracias a un sistema judicial benevolente.

Esta reducción de penas y la falta de una investigación profunda sobre el móvil del crimen han enviado un mensaje de permisividad y desprotección, alentando nuevos ataques contra los periodistas, de acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos.

Según Cristina Zahar, coordinadora del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), el gobierno parece evitar cualquier línea de investigación que conecte estos crímenes con el ejercicio del periodismo, reforzando la idea de que, en Nicaragua, informar es un riesgo mortal.

“Eso nos muestra un poco como el gobierno trata la cuestión de la libertad de prensa. La trata de una manera no efectiva y muy particular, porque pareciera que no quisieran investigar a fondo. El caso de Olivas, por ejemplo, (con) el chofer de taxi, no fueron a fondo en las investigaciones para saber si pudiera ser un ejecutor del crimen, y pasó como un asesinato “simple”. En estos casos de periodistas (…) eso no parece ser lo que el Gobierno quiere ni la línea de investigación que siguen”, explica.

La impunidad en el asesinato del periodista Ángel Gahona

El asesinato del periodista nicaragüense Ángel Gahona cumplió el pasado 21 de abril, seis años de impunidad, aunque el sistema de justicia del país, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, hizo de todo para hacer creer que había hecho “justicia” por el crimen. 

Sin embargo, la investigación y el proceso judicial estuvieron plagados de incongruencias; y tanto la familia de Gahona como organismos defensores de Derechos Humanos acusan a la dictadura de encubrir a los verdaderos culpables.

Gahona, de 42 años, era el propietario del noticiero El Meridiano en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua. Era hijo de dos pastores, estaba casado con la también periodista Migueliuth Sandoval y era padre de dos niños. Era el mayor de tres hermanos.

El 21 de abril de 2018, Gahona salió de su casa para cubrir las protestas contra la dictadura en Bluefields, que surgieron en respuesta a reformas fallidas al Seguro Social y la demanda de justicia por el asesinato de manifestantes.

Gahona, quien era muy querido por el pueblo costeño, fue abatido a las 6:30 de la noche mientras realizaba un Facebook Live sobre las protestas. Su muerte lo convirtió en un símbolo de la represión de la dictadura Ortega-Murillo contra la prensa y la impunidad en el país. 

Juicio controversial

A las dos semanas del asesinato de Ángel Gahona, el régimen Ortega Murillo presentó como responsables del crimen a los jóvenes costeños Brandon Christopher Lovo Taylor y Glen Abraham Slate. El 8 de mayo de 2018, ambos fueron apresados y enfrentaron una audiencia en la que les impusieron prisión preventiva. Sin embargo, la investigación y el proceso judicial estuvieron plagados de controversias.

La familia de Gahona, incluyendo su esposa Migueliuth, expresó serias dudas sobre el proceso judicial, que en todo momento careció de pruebas congruentes. Y acusaron a la dictadura de encubrir a los verdaderos culpables. La familia cree que el asesino del periodista es un policía.

Los defensores de los acusados apelaron el caso, argumentando violaciones al debido proceso. Alegaron que los jóvenes no estaban en el lugar del suceso y que una supuesta arma hechiza, que la Fiscalía afirmó que utilizaron los acusados, no tiene el alcance requerido para impactar a una persona.

A pesar de estas irregularidades, en agosto de 2018, el Poder Judicial dictó sentencia: Lovo Taylor fue condenado a 23 años y seis meses de prisión, y Slate, fue sentenciado a 12 años y seis meses. No obstante, la familia Gahona rechazó el veredicto.

En junio de 2019, Lovo y Slate fueron excarcelados bajo una ley de amnistía, junto a un grupo de presos políticos.

Impacto y repercusiones internacionales

La muerte de Ángel Gahona ha sido un grito de alerta sobre la situación de la libertad de prensa en Nicaragua. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras condenaron el asesinato y exigieron una investigación exhaustiva y transparente. 

La falta de justicia en el caso de Gahona refleja una problemática mayor: la impunidad prevalente en Nicaragua. 

Mientras la familia Gahona y los defensores de derechos humanos continúan exigiendo justicia, el caso del periodista de Bluefields sigue siendo una herida abierta en la lucha por la verdad y la libertad de expresión en el país.

Periodistas recuerdan el legado de Gahona

La periodista Yahaciela Barrera recuerda a Ángel Gahona como una persona activa, alegre, que le gustaba hablar con todas las personas.

“Era muy buena persona, era creativo, inteligente, era el mejor en televisión. Estudiamos Comunicación en la Uraccan (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense) y era muy objetivo, tenía muchas fuentes, porque sabía cómo llegarle a la gente, y todo el tiempo andaba trabajando, desde que se levantaba a las 5:00 de la mañana, a las 7:00 (de la mañana) que iba a dejar a su hija al Kinder y a su hijo en la escuela, él andaba trabajando en la calle”, relató.

“Su muerte fue un golpe duro para el periodismo y como persona también (…) todo cambió, fue un tiempo de silencio, de miedo de que algo podía pasarnos. Unos ya tenían el pensamiento de exilio, empezaron los acosos cibernéticos”, continuó Barrera.

La periodista, actualmente exiliada, considera que “definitivamente no se ha hecho justicia (en el asesinato de Gahona), lastimosamente eso se quedó como en silencio total, nadie habla de eso”.

El periodista Jesús Salgado, ex profesor de comunicación en la universidad Uraccan, recuerda a Gahona como un amante del Periodismo y una persona innovadora.

“Ángel Gahona obligó a mejorar los formatos en televisión local que había, porque él fue uno de los primeros que empezó a utilizar tecnología en la producción audiovisual. Él era muy creativo, siempre estaba preguntando, yo era profesor de él y era muy curioso, siempre estaba haciendo diseños y me los mostraba, él tenía una constante curiosidad con la comunicación, era autodidacta”, contó Salgado.

Sobre la acusación a Lovo y Slate, el periodista Salgado apunta que no fueron más que otras víctimas de la dictadura, utilizados para dar una apariencia de justicia al crimen de Gahona.

“Algunos de los medios del régimen decían que habían visto a ellos (Lovo y Slate) en el grupo de jóvenes que estaban en las protestas. El régimen necesitaba dar una respuesta al crimen de Ángel, había un reclamo, hay, todavía existe. Para mí fue que necesitaban señalar a alguien”, declaró Salgado.

Luego del asesinato de Gahona, se colocó en el lugar donde murió un altar con su fotografía, la bandera de Nicaragua. “Ese punto donde cayó Ángel fue un lugar de reencuentro de la comunidad, y durante varios meses permaneció ese altar a la memoria de Ángel, donde la gente llegó a dejar flores, a cantar, a rezar, hubo un reconocimiento a la vida de Ángel”, recalcó Salgado.

En tanto, la periodista Barrera insiste en que la población de Bluefields tampoco creyó que Lovo y Slate fuesen los culpables de la muerte de Gahona. “Fue una enorme cantidad de gente que fue a la casa de ellos en muestra de apoyo”, aseveró.

Barrera cuenta que la abuela de Lovo, la jueza de Distrito Penal de Juicios, Carmen Merlo, fue destituida del cargo en represalia, aunque una nota del Poder Judicial argumenta su destitución en octubre de 2018 por “comprobársele la comisión de infracciones graves y muy graves en el ejercicio de su cargo”.

Para Salgado habrá justicia en el crimen contra Gahona cuando la dictadura salga del poder y Nicaragua recupere su democracia. 

“Eso va a ser posible en la otra Nicaragua con un gobierno democrático, que se pueda aclarar el crimen de Ángel. La esperanza del pueblo nicaragüense y del pueblo costeño radica en eso”, sostuvo Salgado.

La vida de Migueliuth cambió tras el asesinato de su esposo Ángel, migró hacia Estados Unidos, y actualmente lleva una vida de bajo perfil y separada del mundo de los medios de comunicación.

Establece patrón

“Yo no veo respuestas del gobierno nicaragüense, para aclarar los crímenes en contra de periodistas, infelizmente”. Cristina Zahar, coordinadora del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) para América Latina.

Carlos Jornet, director y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), subraya que el patrón de impunidad en Nicaragua no solo debilita la confianza en el sistema judicial, sino que también alienta más ataques contra periodistas. La falta de un compromiso real por parte del Estado para proteger a la prensa y hacer justicia en estos casos genera un ciclo de violencia que perpetúa la represión y el silencio.

“Tiene un impacto sobre toda la sociedad indudablemente (…) porque la gente ve que se han cometido crímenes y que no se ha llegado a identificar a los autores reales o se los ha liberado rápidamente, entonces genera una sensación enorme de desconfianza en la justicia de impunidad para quienes delinquieron y presión nuevamente sobre el periodismo porque alienta a nuevos hechos de violencia contra quienes investigan, contra quienes informan, contra quienes opinan, contra quienes expresan una disidencia”, menciona Jornet.

En casos como los de María José, Adolfo, Ángel y otros asesinatos a periodistas que no han sido aclarados con completa transparencia, se convierte en una violación a los derechos humanos de un país entero, y no sólo por la vulneración de la vida de un periodista, sino por la inacción del Estado nicaragüense.

“El derecho de ser informado, el derecho de libertad de pensamiento, de reunión pacífica, de protestar; de decir lo que uno piensa… Esos son derechos garantizados en todo el mundo por los estándares internacionales y por las constituciones del país”, añade Cristina Zahar.

Comunidad internacional debe presionar al régimen

Jornet y Zahar están de acuerdo en que la impunidad general y la persecución estatal son asuntos serios para la libertad de prensa en Nicaragua. Ambos defensores de derechos humanos destacan que los periodistas han sido silenciados no solo a través de la violencia, sino también por la impunidad que se utiliza para llevar a cabo actos violentos.

Otro punto para destacar es que actualmente la represión del gobierno de Daniel Ortega ha obligado a casi todos los periodistas independientes a abandonar Nicaragua debido al denso clima represivo que se percibe en el país.

“Hubo muchos medios que cerraron por cuestiones financieras, por persecución política. Y la cuestión de la impunidad es una cuestión muy seria”, señala Zahar.

Carlos Journet también expresa que, de parte de los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, solamente queda seguir presionando al régimen de Daniel Ortega.

“Cuando se llega a ese punto, cuando ya se llega a un régimen totalmente autoritario, tiránico y dictatorial, es muy difícil que la presión internacional logre un efecto inmediato, pero tarde o temprano eso empieza a permear y creemos que es la forma de mantener el tema permanentemente en debate, que no nos olvidemos de Nicaragua; que no nos olvidemos de los colegas nicaragüenses que siguen intentando ejercer el periodismo”, señala el presidente de la SIP.