Justicia selectiva: La Ley según el régimen Ortega Murillo en Nicaragua
El país donde los asesinos pasean libres y los opositores son condenados a siglos de prisión, despojados de la nacionalidad y desterrados. En Nicaragua la impunidad es la norma.
En Nicaragua la impunidad en la norma.
En Nicaragua, la justicia ha alcanzado niveles insospechados de surrealismo. Opositores sentenciados a siglos de prisión “por respirar” y asesinos con penas tan leves que parecen recompensas. Un sistema maestro de lo absurdo, un país en el que la justicia es solo una ilusión y la impunidad es la norma.
Un ejemplo de esta distorsionada justicia es el de Abner Onell Pineda Castellón, acusado de disparar a Jorge Luis Rugama Rizo en el municipio La Trinidad, Estelí. Un crimen a sangre fría que, en virtud de una condena severa, demuestra que están de cabeza las expectativas de justicia en Nicaragua.
Abner Onell Pineda Castellón, cuando fue presentado por la Policía. Foto tomada de La Prensa
Pineda, funcionario de la Alcaldía de Estelí y con señalamientos de integrar las fuerzas paramilitares en ese departamento, fue sentenciado a solo un año de prisión por “homicidio imprudente” y rápidamente liberado gracias a la benevolente interpretación judicial del juez Erick Laguna. Para muchos, este fallo no es más que una muestra del favoritismo que se extiende a quienes tienen conexiones con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este caso no es aislado y se enmarca en un contexto más amplio de represión y manipulación judicial en Nicaragua.
Paulo Abrāo, quien en 2018 era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estima que “una característica crucial del régimen de Nicaragua es su convivencia con el estado de impunidad y un incumplimiento con su deber legal de investigación y sanción a los responsables por graves violaciones a los derechos humanos”.
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El asesinato de Erick Antonio Jiménez López durante la llamada Operación Limpieza en el Barrio Monimbó de Masaya, el 17 de julio de 2018, nunca fue investigado. A través de una ley de autoamnistía, promulgada el 8 de junio de 2019, la Asamblea Nacional, controlada por Ortega y Murillo, se aseguró de que nadie tuviera que rendir cuentas.
Esa ley, identificada también como Ley 996, “fue una burla para nosotros”, exclama desde el exilio Azucena López García, madre de Jiménez, quien sigue su clamor de justicia, aunque su familia en Nicaragua paga el precio por su valentía. Su hermana Nelly López García y el esposo de esta, Eddy Castillo, fueron encarcelados por el simple acto de compartir en redes sociales su demanda de justicia.
“Seguiremos exigiendo justicia por cada hijo asesinado, por cada hijo desaparecido, por los que fueron torturados y por los que están presos, exigimos su libertad”. Azucena López García, madre de Erick Antonio Jiménez López. Foto de Mosaico CSI.
La ley de amnistía fue la respuesta del régimen para proteger a los responsables de las 355 muertes registradas en 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Nicaragua (GIEI-Nicaragua).
Claudia Paz y Paz Bailey formó parte del GIEI-Nicaragua, designado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH, para investigar de manera independiente los hechos suscitados de la violencia estatal en 2018. Para ella, el Poder Judicial nicaragüense actúa como “una herramienta más en la represión”.
Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI-Nicaragua documentó 109 muertes, 1400 heridos y 690 detenidos. Las demás muertes sucedieron en junio y julio, durante la Operación Limpieza.
Paz y Paz, de origen guatemalteco y actual directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), afirma: “no conozco ningún caso donde se haya hecho justicia y se haya sancionado a los responsables”.
“Lo que se hacía es que a los opositores políticos se les montaba un caso y se les hacía parecer como responsables cuando no tenían nada que ver, como los estudiantes que estuvieron incriminados por el caso de un chico que murió en León; pero, ese es uno de muchos otros casos donde las ejecuciones del Estado se disfrazaban a través de procesos de judicialización”, señala Paz y Paz.
El régimen no discrimina cuando se trata de aplicar su justicia arbitraria. El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue sentenciado sin juicio a 24 años y 4 meses de cárcel, así como a 210 días multa, equivalentes a 56,461.15 córdobas, “por predicar el Evangelio”. Luego fue desterrado junto a otros clérigos, en una clara muestra de cómo la ley es usada para callar a los que desafían el poder.
Obispo Rolando Álvarez reaparece en visita a España. Foto tomada de redes.
Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, no se sorprende. “Esto te da la medida de cómo funcionan las cosas en nuestro país, cuando se refiere a la justicia sandinista. Un sandinista puede asesinar, puede hacer cualquier cosa y lo cobija la impunidad. Pero un ciudadano, si no es afín al sandinismo, no puede ni hablar porque será atropellado por la demoledora, injusticia sandinista”, expresa.
El asesinato de la brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima el 23 de julio de 2018 en Managua es otro ejemplo de esta perversa justicia. Su asesino, Pierson Gutiérrez Solís, fue condenado a 16 años de prisión, pero liberado en junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía. Mientras tanto, la madre de Raynéia llora a su hija desde Brasil, sin poder entender cómo es posible “tanta impunidad”.
De manera similar, la rusa Elis Leonidovna Gonn, quien roció ácido sulfúrico al sacerdote Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, fue sentenciada a ocho años de prisión. Pero, en un giro digno de novelas, fue liberada en circunstancias desconocidas y ahora se da una “dolce vita” de viajes por distintos países. Una nómada de lujo que deja atrás su acto de crueldad.
Esta serie revela cómo el sistema judicial nicaragüense no solo fracasa en garantizar justicia, sino que se convierte en una herramienta de represión y manipulación bajo el régimen de Ortega y Murillo, perpetuando un clima de impunidad para quienes cometen crímenes de lesa humanidad.
Una alianza colaborativa entre La Mesa Redonda, República 18 y Mosaico CSI, te presenta las historias de Raynéia Gabrielle Da Costa Lima, Jorge Luis Rugama Rizo y el sacerdote Mario de Jesús Guevara Calero. Estas historias humanizan las cifras y muestran el sufrimiento de las víctimas y sus familias en un sistema judicial que protege a los culpables y castiga a los inocentes.
Raynéia Gabrielle Da Costa Lima: Una joven brasileña que encontró la muerte en Managua, cuyo asesino fue liberado bajo una polémica ley de amnistía.
Jorge Luis Rugama Rizo: Un hombre cuyo asesino recibió una sentencia irrisoria, poniendo en evidencia la manipulación del sistema judicial.
Mario de Jesús Guevara Calero: Un sacerdote atacado con ácido sulfúrico por la rusa Elis Leonidovna Gonn, quien ahora vive libremente en Italia, dejando atrás una historia de violencia y dolor.
