Ampliarán denuncia en Argentina contra la dictadura por agresiones a territorios indígenas
El 6 de octubre de 2022 se conoció que la justicia argentina abrió una investigación penal por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios del régimen nicaragüense
Darío Richarte, uno de los abogados que interpuso denuncia contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Argentina, aseguró que ampliará las denuncias incorporando pruebas vinculadas a la represión de la dictadura a los pueblos originarios.
A través de la red social X, Richarte aseguró que “espera que pronto haya novedades al respecto”
“En respuesta a las múltiples consultas recibidas quería comentarles que la semana que viene se ampliará la denuncia agregando las últimas pruebas vinculadas a la represión de la dictadura sobre los pueblos originarios mientras se sigue adelante con la investigación. Esperemos que pronto haya novedades”, dijo Richarte.
Richarte es profesor en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires y, sobre lo que sigue, destaca la experiencia que tiene Argentina en la investigación de crímenes fuera de su territorio, por jurisdicción universal, como los del Franquismo en España y los cometidos en Birmania contra el pueblo Rohinyá.
Se cumple un año de la denuncia
El 6 de octubre de 2022 se conoció que la justicia argentina abrió una investigación penal por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios del régimen nicaragüense a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota.
Eventualmente, el proceso podría conllevar la «captura internacional de Ortega y cómplices», señaló Richarte desde su cuenta en Twitter.
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Y agregó que «hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en primera persona la violencia criminal y por el trabajo previo de la OEA, ONGs y medios».
Los 16 funcionarios denunciados orginialmente
– Francisco Díaz Madriz: Jefe de la Policía Nacional
– Néstor Moncada Lau: Asesor privado de Ortega para temas de espionaje e inteligencia,
– Julio César Avilés Castillo: General de Ejército.
– Oscar Mojica: General en retiro, director del Ministerio de Transporte y guardaespaldas de Ortega.
– Gustavo Eduardo Porras Cortés: Presidente de la Asamblea Nacional.
– Roberto López: Es director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
– Oscar Valladares: Es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, y también forma parte de la planificación de las acciones represivas.
– Sonia Castro: Actuó como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y fue responsable de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas en las protestas.
– Leonardo Ovidio Reyes Ramírez: Presidente del Banco Central de Nicaragua y actúa como instrumento de financiación de la dictadura.
Persecución a comunidades indígenas
En las últimas semanas, el régimen sandinista incrementó la persecución contra territorios indígenas, encarcelando a dos dirigentes del partido regional Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henriquez.
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Además, la dictadura promueve la explotación minera de estas áreas. El pasado 19 de septiembre se conoció que la empresa china Zhong Fu Development, recibió del régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo dos concesiones mineras para explotar unas 15 400 hectáreas en el Caribe norte de Nicaragua, impactando negativamente el entorno ambiental y a comunidades indígenas, indicó la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (INANA-AIP), en un comunicado.
La agrupación indígena denunció las concesiones y el aumento de las actividades de extracción en la región nicaragüense de la Moskitia. Además, identificó en el área del cerro Miramar, que abastece de agua potable a la comunidad de Sahsa, una concesión minera de 14 000 hectáreas. El vital líquido ahora está contaminado por productos químicos de la industria. Además, existe otra concesión de 1 400 hectáreas en Llano Sur, en igualdad de circunstancias.
