El magistrado Marvin Aguilar asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de manera irregular, sin nombramiento oficial ni juramentación, luego del retiro forzoso de la magistrada Alba Luz Ramos el pasado 24 de octubre, cuando fue obligada a desalojar sus oficinas.

La nueva autoridad de Aguilar se vio reflejada en su orientación de dar asueto con goce de salario los días 2 y 3 de noviembre «en fin de conmemorar el Día de los fieles difuntos», según reza una circular con fecha del 31 de octubre en la que es presentado como «presidente en funciones de este Supremo Tribunal«.

La circular lleva la firma de Rubén Montenegro Espinoza, secretario de la CSJ.

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Previo a la purga de funcionarios en el Poder Judicial, Aguilar fungía como vicepresidente bajo la autoridad de Ramos, pero extraoficialmente se manejaba que era él quien en verdad ejercía mayor poder sobre la Corte en virtud de su cercanía con la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo.

Un Poder ocupado

El Poder Judicial ahora estaría completamente intervenido por la Policía Nacional que ha ocupado las oficinas de la institución, ha detenido a varios funcionarios ahora bajo investigación desde el régimen por supuestos actos de corrupción y también ha redoblado la seguridad y vigilancia sobre los trabajadores de ese Poder del Estado, según reportes a medios independientes.

Además de Ramos y Martínez, de sus puestos han sido separados también funcionarios como Adda Benicia Vanegas Ramos, magistrada de la sala penal de violencia y justicia de adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua y sobrina de Ramos; Martín García, director de informática de la CSJ; Berman Martínez, secretario de organización del Frente Sandinista en la CSJ y allegado de Ramos; y Yadira Centeno González, presidenta de la Sala Civil y de Familia.

Asimismo fueron destituidas Martha Quezada, presidenta de sala penal del Tribunal de Apelaciones de Managua; Martha Leiva, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Masaya; y la jueza Margarita Vanegas Arteaga, prima de Alba Luz Ramos.

Analistas apuntan a la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo, como la arquitecta de este golpe contra el Poder Judicial, asistida desde dentro de la institución por el propio Aguilar, así como por los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau (inteligencia) y el comisionado general retirado Horacio Rocha (seguridad), quien coordina a las fuerzas policiales.

La reforma

Como parte de este golpe contra el Poder Judicial, el Legislativo, representado por la Asamblea Nacional nicaragüense bajo control del régimen sandinista, aprobó el martes, 31 de octubre, una reforma a la constitución que retira a la Corte Suprema la facultad sobre los Registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil.

La Ley de Adscripción del Sistema de Registros transfiere la responsabilidad de supervisar los Registros Públicos a la Procuraduría General de la República. Esta entidad, a partir de la reforma al artículo 165 de la constitución rescrito por la ley, ahora nombrará a los registradores públicos y podrá sancionarlos por faltas disciplinarias.

Todo esto se ejecutará a través del Sistema Nacional de Registros (SINARE), una dependencia de la Procuraduría que vendría a reemplazar al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un órgano con autonomía, al menos en el papel, dentro de la CSJ. El Consejo ahora sólo tiene facultad para nombrar a médicos forenses y secretarios.

Tanto la Procuraduría como la CSJ fueron estructuras de apoyo al programa represivo del régimen sandinista. Mientras que la CSJ colaboraba con la criminalización de cualquier expresión de oposición (al punto que Ramos fue sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos), la Procuraduría fue clave para la cancelación de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales.

En concreto, la Procuraduría llevó a cabo el traspaso de los bienes de estas organizaciones al Estado de Nicaragua una vez la cancelación arbitraria fuese consumada, lo que vendría a ser una confiscación de facto.