La dictadura, a través del Ministerio de Gobernación, canceló la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús señalándola de supuestamente incumplir las leyes del país. La disposición se da en el marco de un continuo hostigamiento, represión, robo de instalaciones y expulsión de religiosos de esa congregación.

Según Gobernación, la Compañía de Jesús incumplió con sus obligaciones al no reportar Estados Financieros entre 2020 y 2022, contar con junta directiva vencida.

Ante esto, asegura que obstaculiza  el control y vigilancia de Gobernación.

Bienes a manos del Estado

La publicación en La Gaceta, Diario oficial de Nicaragua señala que el destino de los bienes inmuebles pasarán a nombre del Estado. Sin embargo, la dictadura ya había cancelado la personería jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA) y robado las instalaciones de los religiosos de la Compañía de Jesús.

«Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua», cita la resolución.

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El pasado 18 de agosto, la dictadura oficializó la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA a través de la publicación de una resolución del Ministerio de Gobernación en La Gaceta, Diario Oficial.

Gobernación establece que la UCA, ahora llamada Universidad Casimiro Sotelo, deberá enviar todos los registros académicos al CNU, que continuará con las actividades de la universidad.

“Encontrándose la Universidad en incumplimiento de sus obligaciones conforme Ley, al no reportar Estados Financieros periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario) y Junta Directiva vencida desde el 18/03/2022 (no identificando el beneficiario final), violentando lo establecido en el artículo 34 numerales 3, 7, 24, 25, 26, 26.1, 26.3, 27 y artículo 35 numeral 7 de la Ley N°. 1115”, señala la resolución del Ministerio de Gobernación, al servicio de la dictadura.

Además, la resolución cita la sentencia de la jueza Gloria María Saavedra en la que, sin juicio previo con acceso a la defensa, declaró culpable a la universidad por los delitos de terrorismo el pasado 15 de agosto.