Álex Aguirre y su historia como activista de derechos humanos

Álex Aguirre, a sus 29 años, recuerda cómo inició su camino hacia el activismo cuando tenía apenas unos 8 años. Movido por un terrible caso de abuso sexual en su natal La Joba, en el municipio de Wiwilí de Jinotega.

“Cuando supe que una de mis vecinas había sufrido abuso sexual por parte de un familiar, me junté con los niños del barrio y en una caja de zapatos recogimos cartas y firmas para llevárselas a la Policía” recuerda Aguirre, relatando cómo entre todos hicieron “una reunión en la casa comunitaria para poder hablar sobre el tema del abuso, cómo esto afectaba a los niños, a las niñas, por qué era necesario denunciarlo”.

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Aguirre cuenta que le impactó la naturalidad con que las autoridades de la Policía Nacional se tomaron un delito de esa magnitud. “Es normal, o más bien está normalizado, que las autoridades y hasta las propias familias no se preocupen por los crímenes ligados a temas de sexualidad en zonas rurales” como lo es Wiwilí, el más lejano municipio de Jinotega que da con la frontera hondureña y es parte de la reserva de biósfera de Bosawás.

Esa fue una experiencia formativa. En su adolescencia se unió al programa de Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes, encaminándose hacia una formación de activismo, liderazgo, democracia y abogacía a favor de los derechos, enfocado en derechos sexuales y reproductivos.

Antes de la crisis

Tras estudiar una ingeniería en la (ya ilegalizada por el régimen de Daniel Ortega) Universidad del Norte, Aguirre fue instrumental en la creación de Iniciativa 0-20, un programa innovador bajo el lema “cero embarazos a los veinte años”, que a través del Ministerio de Salud (MINSA) trató de “brindar atención y asesoría y seguimiento a jóvenes en materia de responsabilidad en salud sexual y reproductiva; métodos anticonceptivos, prevención del primer y segundo embarazo adolescente, y prevención de la violencia”.

“Tratábamos de que los jóvenes sirvieran de consejeros a nivel comunitario porque, claramente, en las escuelas, en las comunidades, en los hospitales y centros de salud hay una gran cantidad de estigma contra los jóvenes sexualmente activos, y en particular contra las mujeres jóvenes” lamenta Aguirre.

Pero esas iniciativas desaparecieron cuando el sandinismo llegó al poder en su municipio, alrededor del año 2013. Entonces Aguirre llevó su activismo en otra dirección, integrándose al Consejo Nacional de la Juventud, organización ligada al Ministerio de Juventud que “fue casi que ilegalizada, o mejor dicho, confiscada por órdenes del entonces ministro de juventud, Bosco Castillo, quien además mandó a amenazara a toda la directiva” señala.

“No se habló de esto porque fue en 2016 y siempre los movimientos juveniles hemos sido excluidos e invisibilizados. Éramos muy jóvenes y nos amenazaron hasta de muerte cuando intentamos recuperar nuestra posición” explica Aguirre.

El primer exilio

Abril 2018 lo encontró estudiando trabajo social como su segunda carrera en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua. Entonces era parte de la Red Nacional de Juventudes, organización que reunía a más de 35 colectivos, redes y grupos juveniles.

“Yo me sumé a las protestas en Matagalpa, cofundé el Movimiento Cívico 19 de Abril de Matagalpa con todos los jóvenes que anduvieron en las calles y me atrincheré” refiere Aguirre, quien colaboró con la organización de al menos 38 manifestaciones a través del movimiento.

El 7 de julio de 2018, Aguirre tuvo que esconderse para resguardar su vida. Matagalpa, como varias otras ciudades, fue atacada por grupos paramilitares afines al gobierno que desmantelaron las barricadas como parte de la “Operación Limpieza“.

Una cacería despiadada contra cualquiera involucrado en las protestas anti-gubernamentales de ese año consumió los esfuerzos gubernamentales. “Llegaron en la madrugada, identificaron mi casa y una familia de paramilitares conocidos como ‘los Soza’ llegaron a rafaguearla” denuncia Aguirre.

“Tuve que salir corriendo por la puerta de atrás, tirarme un muro. Un vecino me dio salida a eso de las 3 de la madrugada y un vecino me sacó de la ciudad” detalla.

Ante amenazas y persecuciones constantes, Aguirre tuvo que salir del país. Llegó primero a El Salvador “sin nada” y comenzó a trabajar en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con la experiencia adquirida en nicaragua, donde estuvo por más de un año en la Dirección de Seguridad Democrática.

Segundo exilio

A Nicaragua regresó en 2021, cuando se estaban conformando alianzas opositoras y se hablaba de una posible contienda electoral que fue finalmente truncada por el encarcelamiento de todos los opositores de parte del régimen de Ortega.

“Cuando comienzan las detenciones” entre mayo y junio de ese año, “la Procuraduría de Derechos Humanos llega a mi casa y me dice que tengo medidas cautelares” por su trabajo en 2018. La persecución se intensificó tanto que una vez más volvió al exilio, pero esta vez en Costa Rica.

En el exilio, Aguirre tuvo la oportunidad de estudiar dos maestrías. Una en la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, donde estudió resolución de conflictos, paz y desarrollo; y la otra en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, donde estudió en gerencia de proyectos de desarrollo, ambas en Costa Rica.

Aguirre se considera como un “libertario de centro-derecha” y aunque cree que tanto la izquierda como la derecha pueden ser “vulgarmente retrógradas, violadoras de derechos humanos”, cualquier ideología es válida en tanto no vaya contra los derechos humanos.

“Mi activismo siempre se ha enfocado los jóvenes, pensando en el desarrollo económico” y para él, un gobierno ideal sería “uno donde haya una real separación de poderes, pesos y contrapesos, pluralidad política y donde cada quien tenga la libertad de expresarse de forma abierta, sin miedo”: