A dos años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su compromiso permanente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y con la población nicaragüense.

Asimismo, la CIDH ha constatado  la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, “caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas”.

A dos años de esta crisis socio política, la CIDH observa que persiste plena alineación de todos los poderes del Estado con el Ejecutivo, y esto ha permitido entre otras cosa “coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar permanentemente a cualquier persona identificada como opositora al Gobierno”.

En este contexto, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha identificado desde el segundo semestre de 2019 a la fecha, patrones de violaciones a los derechos humanos consistentes en detenciones arbitrarias y la criminalización en contra de personas opositoras, inclusive excarceladas, bajo procesos arbitrarios e ilegales.

Actualmente al menos 70 personas, aún permanecen privadas de la libertad bajo estas circunstancias.

La CIDH destaca que, este segundo aniversario de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, ocurre en medio de los efectos de la pandemia global del COVID-19. Al respecto, el pasado 8 de abril, la Comisión manifestó su profunda preocupación por la ausencia de medidas destinadas al distanciamiento físico o social como mecanismo para contener la pandemia en el país, según las recomendaciones de los organismos internacionales especializados.

La respuesta violenta del régimen de Daniel Ortega a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, ejecutada bajo diferentes modalidades o etapas de represión, según registro de la CIDH, ha resultado en la muerte de 328 personas, cerca de 2 mil heridas, más de 100 mil huyeron del país y miles fueron detenidos.