Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, en su actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua manifestó que no ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018.

 

La Alta Comisionada, informó que su Oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas.

 

También, destacó que se continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida, como el homicidio contra Jorge Rugama Rizo, asesinado por Abner Pineda Castellón, quien disparó contra la humanidad de Rugama por gritar ¡Viva Nicaragua Libre!, cuando una caravana orteguista pasada frente a su vivienda el pasado 19 de julio en La Trinidad Estelí.

 

“Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales”, expresó Bachelet.

 

Bachelet, señaló que como advirtió en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

 

Según organizaciones de la sociedad civil, 94 personas percibidas como opositoras al Gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud.

 

La Alta Comisionada exhorto una vez más al Gobierno de Daniel Ortega a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno.

 

Asimismo, Bachelet se mostró preocupada por casos con posible impacto sobre la libertad de prensa, como los procesos por calumnias e injurias abiertos en contra de periodistas; así como por los actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía Nacional en contra de personal de las emisoras La Costeñísima de Bluefields y Radio Darío en León.

 

También le preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, Canal 12, Canal 10 y 100% Noticias, que podría afectar su continuidad como medios informativos.

 

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