Funcionarios sandinistas insisten en las mentiras de Murillo sobre el estallido de abril de 2018
Repitiendo relatos propagandísticos refutados, los funcionarios mintieron revisitando los discursos de odio de Rosario Murillo.
Edwin Castro y Denis Moncada, ambos funcionarios sandinistas de vieja data, insisten en repetir mentiras refutadas sobre el estallido social de abril de 2018 en el programa oficialista "15 Minutos". 2 de abril, 2025.
El asesor presidencial y ex-canciller, Denis Moncada, y el diputado y jefe de la bancada sandinista que domina la Asamblea Nacional, Edwin Castro, se presentaron en el programa oficialista 15 Minutos de la televisora Viva Nicaragua Canal 13 el pasado miércoles, 2 de abril, replicando una serie de puntos propagandísticos del régimen sandinista en cuanto al estallido social de abril de 2018.
A la respuesta violenta del régimen contra manifestantes pro-democracia, Castro la llamó “la victoria del pueblo sobre el terrorismo, sobre los criminales, sobre los traidores” a la vez que a las protestas pro-democracia las calificó de “una intentona golpista, una masacre de nuestro pueblo“, replicando narrativas emitidas desde el Ejecutivo.
Moncada, por su parte, declaró que abril de 2018 fue un tiempo de “crimen, muchos crímenes atroces cometidos contra el pueblo nicaragüense” y el gobierno sandinista, a pesar de que diversos informes, incluyendo el más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de las Naciones Unidas concluyesen que la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad recae en el gobierno de Nicaragua, específicamente en 54 individuos de alto rango dentro de la estructura de poder sandinista.
Moncada repitió la refutada noción de que las protestas constituyeron “un intento de golpe de Estado“ financiado desde Estados Unidos a través de organizaciones de la sociedad civil, prácticamente ilegalizadas en Nicaragua tras el estallido social.
Ambos funcionarios celebraron la aprobación en la Asamblea de una ley que declaró abril “mes del pueblo que defiende la paz”, otro de los intentos de eliminar e invertir el significado que para miles de nicaragüenses tuvo el estallido social. “Quisieron, con las acciones de abril, parar el desarrollo del país”, concordaron ambos, una narrativa emitida desde el ejecutivo.
La mano de Murillo
La propaganda sandinista responde a una estrategia de comunicación cuyos principios fueron formulados por la actual “copresidenta”, Rosario Murillo, cuando fungía como Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía al regresar al poder su esposo, el caudillo sandinista Daniel Ortega, en 2007.
A partir del estallido social de 2018, los elementos que buscaban incitar el resentimiento social fueron acrecentándose, como también la naturaleza deshumanizante de las herramientas retóricas de Murillo quien, al referirse a sus opositores, lo hace con discursos de odio.
El régimen sandinista se ha negado repetidamente a cooperar con organismos de derechos humanos para establecer, con su aporte, los hechos del estallido social y la posterior represión. En su lugar, se ha dedicado a negar los hallazgos de grupos de investigadores independientes, incluyendo iniciativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el más reciente GHREN.
Su hostilidad contra estos organismos ha llegado a extremos como separarse de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH forma parte, y más recientemente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los organismos han probado concluyentemente que el régimen sandinista, durante e incluso antes del estallido social de abril de 2018, se vio involucrado en delitos que incluyen detenciones arbitrarias, juicios injustos, desapariciones forzadas; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; expulsión de nacionales y prohibición de entrada en su propio país; privación arbitraria de la nacionalidad, denegación de protección y denegación de expedición y renovación de pasaportes; cancelación de la personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro; amenazas, acoso y vigilancia; y confiscación de bienes; constituyendo así varios crímenes de lesa humanidad.
