La “Reserva Militar Patriótica”: ¿preámbulo de un nuevo servicio militar sandinista?
La reforma a la ley que rige al Ejército de Nicaragua abre la posibilidad de la militarización de la población, reviviendo uno de los peores momentos en la historia moderna de Nicaragua.
Soldados del Ejército de Nicaragua durante un desfile militar.
La aprobación esta semana de una reforma al Código de organización, jurisdicción y previsión social militar de Nicaragua dispone, entre otras cosas, la constitución de una “reserva militar patriótica” en la que “ciudadanos voluntarios” podrán tomar parte.
La reforma a la Ley 181 es una adaptación a una serie de reformas a la Constitución aprobada entre finales de 2024 y principios de 2025, misma que cimentó la figura de la “copresidencia”, ocupada en esta ocasión entre Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Es decir que se adapta el Código militar para la inclusión de cuerpos paralelos, como los “policías voluntarios”, nombre que el régimen ha dado a combatientes paramilitares reclutados de entre la base sandinista y la fuerza del sector público.
La reforma al Código militar supone, pues, la constitución de una fuerza paramilitar propia del Ejército, como se hizo con la Policía anteriormente, abriendo las puertas del entrenamiento militar a la población en general.
Esto significa que, efectivamente, el régimen sandinista estaría reintroduciendo el servicio militar a Nicaragua, yendo contra una de las promesas de Ortega durante la campaña electoral que lo regresó a la presidencia en 2006. Asimismo, también acaba probando las advertencias realizadas por los oponentes políticos del caudillo sandinista y traen memorias de la guerra civil en la década del ’80.
“Esto resulta contradictorio, ya que el ejército se considera un ente profesional que requiere entrenamiento militar para formar parte de él. No tiene sentido involucrar a ciudadanos comunes en el ejército, especialmente cuando este ya cuenta con reservas para situaciones de emergencia“, explicó Augusto Centeno, joven politólogo nicaragüense en el exilio, a República 18.
“Esto refleja la desinstitucionalización del Ejército de Nicaragua y su subordinación absoluta al poder político, en lugar de al poder civil, como lo exige la Constitución Política. Creo que esto sigue la misma línea de la institucionalización de los cuerpos parapoliciales”, refirió el experto.
El establecimiento de un servicio militar en Nicaragua ha sido un tema tabú desde el colapso de la primera dictadura sandinista (1979-1990) y la abolición del “Servicio Militar Patriótico”, denominado por la mayoría como servicio militar obligatorio, con que el régimen sandinista de ese entonces llevó a decenas de miles de jóvenes a batallar en zonas remotas del país.
El servicio militar obligatorio de la primera dictadura sandinista fue establecido el 13 de septiembre de 1983. Aunque la ley facultaba al Estado a reclutar por la fuerza a jóvenes de entre 18 y 25 años, hay amplios registros y testimonios que detallan el reclutamiento forzoso de menores de edad.
Los jóvenes eran entrenados mínimamente e integrados en el Ejército Popular Sandinista para combatir a la guerrilla contrarrevolucionaria, la Resistencia Nicaragüense (RN), conformada por veteranos de la extinta Guardia Nacional, campesinos, comunidades indígenas y excombatientes revolucionarios descontentos con las políticas marxistas implementadas desde la Dirección Nacional del Frente Sandinista.
Aunque los estimados varían, las víctimas del conflicto se cuentan entre 10 y 43 mil, con alrededor de 12 mil lisiados en combate.
¿Un nuevo alzamiento?
Para Centeno, sin embargo, más que para una guerra, las reformas parecen encaminadas a prepararse en caso de un estallido social similar al que el país vivió a partir de abril de 2018, cuando cientos de miles de manifestantes pro-democracia exigieron la renuncia de Ortega a raíz de reformas a la seguridad social y la subsiguiente violencia policial.
Más de 350 personas fallecieron a manos del Estado, que justificaba su actuar desmedido con discursos de odio que retrataban a los manifestantes como “terroristas” y “golpistas”. Investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de las Naciones Unidas determinaron que el Ejército colaboró en la represión.
“El gobierno debe ser consciente de que no cuenta con el apoyo mayoritario de los nicaragüenses y que su permanencia en el poder solo puede garantizarse mediante el uso de la fuerza. No descarto la posibilidad de que estén preparándose para reprimir y desarticular un nuevo estallido social, como el de 2018. Ese temor está presente“, concluyó Centeno.
