229 casos de tortura han sido documentados por el Colectivo Nicaragua Nunca Más en Nicaragua
El abogado Marenco señaló que en Nicaragua, las reformas constitucionales eliminan la prohibición de la tortura y otros derechos fundamentales, dejando a las personas presas políticas en indefensión.
Abogado Salvador Marenco del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Durante el evento “Víctimas de tortura en América Latina: Historias de resiliencia y desafíos para la justicia a 40 años de la creación de la Relatoría Especial sobre la Tortura”, el abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que en Nicaragua las reformas constitucionales eliminaron la prohibición contra la tortura y otros derechos fundamentales.
Refirió que como Colectivo, han logrado documentar 229 casos de personas supervivientes de torturas, evidenciando más de 170 perpetradores, así como 40 formas o métodos de tortura.
Entre estos, mencionó el plazo máximo para la presentación de las personas detenidas ante una autoridad judicial, el derecho a ser escuchado y obtener una sentencia razonada, el derecho a la defensa, la eliminación de la responsabilidad civil y penal por detenciones arbitrarias, el derecho a recurrir una sentencia ante una instancia superior y, en general, el derecho a ser juzgado por una autoridad independiente e imparcial.
“Con estas reformas, se elimina al Poder Judicial como un poder de Estado, transformándose simplemente en un órgano subordinado a la copresidencia. Aunque estos derechos ya habían sido eliminados en la práctica desde 2018, con la reforma y la eliminación del texto constitucional, se deja a las personas presas políticas en una situación de absoluta indefensión. La tortura y detención arbitraria en Nicaragua ya se habían establecido como una política de Estado desde el inicio de las protestas en 2018”, señaló.
Añadió que en diciembre de ese mismo año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había advertido que la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada constituían crímenes de lesa humanidad, lo cual fue reafirmado tanto en 2023 como en diciembre, así como en el informe más reciente de febrero de 2025. La tortura y las detenciones arbitrarias en Nicaragua han atravesado distintas fases.
Las formas de tortura más comunes del régimen Ortega-Murillo
El abogado detalló que entre las formas de tortura documentadas se incluyen golpizas, colgamientos o tortura por suspensión, choques eléctricos, extirpación de uñas y piezas dentales, quemaduras con ácidos, asfixias, violación sexual, ingesta forzada de medicamentos o estupefacientes, aislamiento, amenazas contra familiares, entre otros, destacando un especial ensañamiento contra las mujeres, quienes son atacadas en su rol de madres o hijas, normalizándose la violencia sexual en su contra.
El abogado también mencionó que las detenciones han sido producto de la represión por la participación en protestas, pero también por el ejercicio cotidiano de derechos como la libertad religiosa, la libertad de expresión o simplemente por manejar negocios o propiedades codiciadas por el régimen.
“La mayoría de las personas encarceladas presentan lesiones y secuelas psicológicas y físicas, así como un agravamiento en su salud, con la aparición de enfermedades crónicas”, lamentó Marenco.
Además, mencionó que de los presos documentados, las detenciones fueron mayoritariamente violentas, y en múltiples casos se denunció que agentes parapoliciales o paraestatales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños, niñas y adolescentes presentes en el momento de la detención, causando desesperación, impotencia y sufrimiento.
“Algunos de ellos quedaron incluso tirados en el suelo, llorando, golpeando el piso o incluso convulsionando. Estos agentes paraestatales ahora están reconocidos en la Constitución política como policías voluntarios.”
Las personas presas políticas, además de sufrir torturas, enfrentan otros crímenes de lesa humanidad como la deportación, el traslado forzado y la extradición. También se da el crimen de persecución a través de la nacionalización, tanto judicial como de hecho, la confiscación de sus bienes y una constante vigilancia sobre sus familiares en el país. En muchos casos, las personas presas políticas han sido desaparecidas. Actualmente se contabilizan 12 personas en desaparición forzada, dijo Marenco.
Sin embargo, este número es considerablemente inferior a la realidad, ya que los familiares temen denunciar debido a la represión y las amenazas de muerte que enfrentan, destacó.
Marenco mencionó que a 40 años de la Convención contra la Tortura, en Nicaragua sigue prevaleciendo la impunidad y la brutalidad con que actúan las fuerzas policiales, paramilitares y el ejército, con total impunidad garantizada por jueces, fiscales e incluso por la Procuraduría Permanente de Derechos Humanos, que, a pesar de ostentar el mecanismo contra la tortura, es cómplice de la misma, sometiendo a estas personas a una situación de extrema vulnerabilidad e indefensión.
Finalizó diciendo que Nicaragua no solo ha dejado de colaborar con el Comité contra la Tortura, la Relatoría y los Mecanismos Especiales, sino que se ha retirado de la OEA, del Consejo de Derechos Humanos y ha roto relaciones con otros Estados. Por lo que demandan procesar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, justamente por la violación a la Convención contra la Tortura y por otras vías alternativas de justicia.
