Casi 100 mil nicaragüenses perderán protección de parole humanitario con nueva decisión de Trump

La administración Trump busca acabar con la protección que la administración Biden creó a principios de 2023 como una manera de limitar la migración irregular.

  • San José, Costa Rica
  • 4:03 pm
  • Feb 3, 2025

Bajo el programa de parole humanitario y otras iniciativas de la administración, casi un millón y medio de migrantes llegaron a los Estados Unidos con permiso de trabajo y residencia de hasta dos años. Trump pretende dejarlos indefensos. Foto:

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República 18

Alrededor de 90 mil migrantes nicaragüenses que llegaron a los Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, implementado por el expresidente Joseph Biden, podrían perder la protección que tal estatus ofrecía, de acuerdo con un memorando del secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine C. Huffman, con fecha del 23 de enero pero divulgado tiempo después por la prensa estadounidense.

A través del programa de parole humanitario, la administración Biden permitió vivir y trabajar a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en los Estados Unidos por un plazo de dos años bajo auspicios de un patrocinador legal. De estos, unos 90 mil serían nicaragüenses, de acuerdo con datos divulgados por la prensa estadounidense a finales de 2024.

En total, las nuevas medidas de Trump acabarían con el estatus legal de casi millón y medio de migrantes en Estados Unidos, pues la suspensión de programas de protección migratoria se extiende a todos los implementados durante la administración Biden, parte de una estrategia mayor que ha involucrado redadas y deportaciones masivas.

Además de llamar a la deportación de los beneficiados con el parole, el memorando aprobó a utilizar a nivel nacional un proceso de “deportación expedita” que antes sólo se había aplicado a migrantes detenidos en una ventana de 14 días posterior a su entrada al país en tanto permanecieran a unos 160 kilómetros de la frontera durante el mandato de Biden.

Acabar con el parole fue una de las promesas de campaña expresadas tanto por Trump como por su vicepresidente, J. D. Vance, ambos habiendo acusado al programa de erosionar “de forma intencional y maliciosa la seguridad fronteriza de esta nación“. Esta narrativa se ha convertido en la postura oficial del Partido Republicano, cuya hostilidad fue alimentada luego de un escándalo de fraudes rápidamente solucionado por la administración anterior en agosto de 2024.

La oposición, representada por el Partido Demócrata, así como una multitud de activistas y organizaciones defensoras de libertades civiles en Estados Unidos argumentan por su parte que esta agresiva aplicación de la ley por parte de Trump podría afectar de manera negativa a la sociedad estadounidense, perturbando el funcionamiento de negocios y dividiendo familias.

Sobre la idea de dividir familias, el encargado de la frontera de Trump, Tom Homan, ha declarado que “las familias pueden ser deportadas todas juntas“, insinuando además la posibilidad de deportar a individuos que residen de forma legal en el país si tienen familiares residiendo de forma irregular, una acción a todas luces ilegal.

Los primeros beneficiados con el parole debieron empezar a regresar a sus países de origen a partir del 5 de enero, segundo aniversario del programa y fecha de expiración mínima, pero todavía quedan en el país cientos de miles de migrantes que realizaron su proceso tiempo después y a quienes todavía les quedaban meses o hasta años de estadía bajo el acuerdo original.

Dado que el parole es un beneficio extendido por el presidente de los Estados Unidos a través del Fiscal General, legalmente Trump está habilitado a suspender la iniciativa. A pesar de la hostilidad de Trump y el Partido Republicano, esta modalidad de parole ha sido utilizado ampliamente en la historia de los Estados Unidos para beneficio de refugiados de naciones bajo ocupación comunista y otras personas de interés.