Medios oficialistas adoptan de forma exprés el término: “co-presidenta” para Murillo

Rosario Murillo ha realizado diversas modificaciones para garantizar sus espacios y poder.
Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara en su totalidad la reforma a la Constitución Política del país que crea la figura de “copresidencia”, los medios oficialistas fueron “instruidos” a denominar a Rosario Murillo, vocera del régimen y esposa del presidente Daniel Ortega con ese nuevo título.
Además de este cambio en la forma de referirse a ella, Murillo comparte ahora de forma “legal” el control sobre el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior.
Desde que Ortega asumió el poder en 2007, Murillo ha procurado consolidar su influencia en el país. En 2016, tras una reforma constitucional fue designada como candidata a vicepresidenta y junto a Ortega se proclamó ganadora, pese a la amplia cuestionabilidad del proceso electoral.
La reforma actual que modificó más de 100 artículos de la Constitución y eliminó más de 30, ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. La figura de “copresidentes” ha sido rechazada por sectores opositores, que la consideran una medida que fortalece el control autoritario de la pareja presidencial sobre Nicaragua.
Oficina del Alto Comisionado muestra preocupación
Organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han denunciado que la reforma constitucional refuerza una “dictadura familiar”, concentrando aún más el poder en manos de Ortega y Murillo.
El texto de la reforma fue aprobado de manera unánime por los 91 miembros de la Asamblea Nacional, completamente controlada por el oficialismo.
Este cambio constitucional, junto con las leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, refuerza el control y la represión en el país, afectando gravemente las garantías para unas elecciones libres y justas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
La OACNUDH ha reiterado su llamado al Estado de Nicaragua para que revise la reforma constitucional y garantice la separación de poderes, el pluralismo político y las libertades fundamentales, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.
De igual modo, la Oficina ha ofrecido su apoyo técnico a las autoridades nicaragüenses para asegurar la implementación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos.