Asciende a 971 el número de agresiones del régimen de Nicaragua en contra de la Iglesia Católica
La sexta entrega del informe Nicaragua: Una Iglesia Perseguida reporta 971 agresiones contra la Iglesia Católica desde 2018, con un incremento en 2024. El informe también denuncia que a través del uso arbitrario del poder punitivo del Estado, 266 hombres y mujeres, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas, han sido forzados a salir del país.

La Iglesia Católica de Nicaragua ha resisistido en silencio la mayoría de agresiones y ataques de la dictadura.
La sexta entrega del informe “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida” señala que, durante 2024, el régimen de Daniel Ortega cometió al menos 177 hostilidades en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua, lo que eleva el total a 971 agresiones desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
Entre las tipologías de ataques y agresiones cometidas entre abril de 2018 y diciembre de 2024, el documento muestra las siguientes:
- Represiones a religiosos: 348
- Ataques, asedios e impedimentos a templos/edificios religiosos: 244
- Robos y profanaciones: 101
- Represiones a laicos: 97
- Pintas y mensajes de odio: 88
- Cierres de OSFL (Organizaciones Sin Fines de Lucro) y medios de comunicación: 74
- Confiscaciones: 19
La investigación denuncia que una de las técnicas de represión utilizadas por la dictadura Ortega-Murillo contra los religiosos consiste en forzarlos a cesar su labor pastoral en Nicaragua.
A través del uso arbitrario del poder punitivo del Estado, 266 hombres y mujeres, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas, han sido desplazados y privados de su presencia física en el país. Aunque la mayoría de estos religiosos son nicaragüenses y tienen el derecho de entrar y salir libremente, la dictadura ha vulnerado ese derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Nicaragua, refiere.
El informe, elaborado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, destaca que el 22 de noviembre de 2024, la dictadura sandinista elaboró una nueva Constitución Política para Nicaragua.
En el documento, se advierte que las reformas “proponen una ruptura definitiva entre el Papa, Sumo Pontífice, y los miembros de la Iglesia Católica nicaragüense. Al parecer, con esas reformas se puede crear una iglesia paralela que no esté en comunión con el Papa”.
Además, el informe señala que “el poder discrecional del que gozan los dictadores Ortega-Murillo considerará agresión cualquier opinión emitida por el Papa Francisco, cardenales u obispos extranjeros, y los dictadores de Nicaragua podrán ejecutar acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esa disposición”.
Procesiones y actividades religiosas prohibidas por la Policía
El estudio también documenta que desde 2019 hasta diciembre de 2024, la Policía de Nicaragua ha prohibido 11,763 procesiones y actividades religiosas.
Estas prohibiciones, según el informe, son comunicadas a los obispos y sacerdotes mediante “llamadas telefónicas o visitas de cortesía”, aunque sin dejar evidencia o pruebas escritas. Esto permite a las autoridades hacer creer a la población y a la comunidad internacional que la suspensión de las actividades fue decisión de la Iglesia, refiere.
Entre 2019 y 2022, las prohibiciones a las actividades de piedad popular fueron esporádicas. Sin embargo, en 2023 y 2024, las prohibiciones se generalizaron, y la policía orientó a los clérigos a realizar las actividades religiosas dentro de los templos. En algunos casos, se permitió la realización de procesiones únicamente dentro del perímetro del templo.
El informe señala que las cifras expuestas no incluyen las prohibiciones aplicadas en las capillas de cada parroquia, por lo que el número real podría ser tres veces mayor.
A pesar de que no existe ninguna ley en Nicaragua que prohíba realizar procesiones o actividades de piedad popular, el informe subraya que más del 98% de estas actividades han sido prohibidas por las autoridades.
Una de las más recientes agresiones en contra de la Iglesia Católica es la expulsión de un grupo de monjas clarisas, quienes fueron forzadas a abandonar sus conventos con pocas pertenencias, en su mayoría locales y cuyo paradero es desconocido.
Muchos religiosos han sido obligados a salir del país debido al incremento del hostigamiento, mientras las autoridades han intensificado la vigilancia y control sobre las actividades religiosas, imponiendo restricciones a ceremonias y servicios eclesiásticos, lo que ha generado un ambiente de temor y censura que afecta a líderes religiosos y comunidades de todo el país.