Comité de DDHH de la ONU condena embarazo y maternidad forzada de dos niñas en Nicaragua

Las niñas sufrieron un alto nivel de angustia causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza.

  • 10:09 am
  • Ene 20, 2025
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Para el Comité, los embarazos forzados condujeron a la maternidad forzada y tienen sus raíces en la discriminación estructural e interseccional sufrida por las niñas sobrevivientes.

República 18

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este lunes sus decisiones en dos casos contra Nicaragua, que involucran a niñas entre 12 y 13 años que quedaron embarazadas producto de violaciones sexuales.

“Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de unas de las más vulnerables”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

El comité investigó a petición de la defensa de las víctimas los casos de Susana y Lucía (seudónimos para proteger la identidad de las menores), después de que no fueran investigados en Nicaragua.

Comité consideró que la falta de acción era omisión del Estado

Susana tenía seis años cuando su abuelo materno comenzó a abusar sexualmente de ella. Quedó embarazada a la edad de 12 años. Aunque hubo una denuncia en contra del agresor, la impunidad prevaleció por ser este miembro de un grupo armado local. Susana no tuvo otra opción que quedarse con el niño, quien ahora es criado por su abuela.

La otra menor es Lucía, quien tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla. Ella y su familia fueron amenazados cuando intentaron denunciar las violaciones. Al igual que en el caso de Susana, Lucía no pudo acceder al aborto y terminó siendo obligada a llevar su embarazo a término.

Dado que en Nicaragua no se habían investigado estos casos de violación ni adoptado medidas para llevar a los perpetradores ante la justicia, el Comité consideró que la falta de acción era “una omisión del Estado Parte en relación con su obligación de ejercer un deber reforzado de protección en el caso de una niña víctima de violencia”.

El Comité concluyó que el Estado de Nicaragua había violado el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las niñas sufrieron un alto nivel de angustia causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza”, subrayó Tigroudja.

El Comité también pidió al Estado de Nicaragua que adopte medidas para reparar los daños causados por los embarazos forzados y las resultantes maternidades forzadas, y por el impacto en los planes de vida de Susana y Lucía, así como para garantizar el acceso a la educación y a la atención psicológica de los niños y niñas nacidos de violencia sexual.