Nicaragua refuerza la censura mediática con aprobación de reforma constitucional

La enmienda constitucional, aprobada de manera unánime en su segunda y definitiva votación, le da libertad a la dictadura para controlar a los medios de comunicación. Esta reforma tiene base en la Ley Especial de Ciberdelitos, modificada por la Asamblea en septiembre del 2024, que penaliza con prisión la propagación de noticias “falsas o tergiversadas que generen alarma, temor o zozobra en la población”.

  • 12:40 pm
  • Ene 17, 2025

El Parlamento de Nicaragua de mayoría oficialista avanza a pasos agigantados en la reforma a la Constitución enviada por Daniel Ortega.

Medios oficialistas
República 18

Como parte de la escalada represiva que sostiene en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega, este jueves se aprobó una reforma  a la Constitución que refuerza el poder del Estado para vigilar a los medios de comunicación  para “evitar la difusión de noticias falsas” y  “garantizar” que no sean intervenidos por “intereses extranjeros”.

La Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el oficialismo, siguiendo las directrices del régimen de Ortega y Murillo, ratificó los artículos correspondientes al título “Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense” en el marco de una reforma a la Constitución Política del país.

La enmienda constitucional, aprobada de manera unánime en su segunda y definitiva votación, le da libertad al Estado nicaragüense para controlar a los medios de comunicaciónEsta reforma tiene base en la Ley Especial de Ciberdelitos, modificada por el Parlamento en septiembre pasado, que penaliza con prisión la propagación de noticias “falsas o tergiversadas que generen alarma, temor o zozobra en la población”. 

Esta ley ha sido ampliamente criticada porque debido a la ambigüedad de algunos de sus puntos centrales va a ser aplicada a discreción. 

Violenta convenios internacionales 

El periodista Sergio Marín, director del medio digital La Mesa Redonda, expresó su rechazo absoluto ante lo que consideró una medida arbitraria del régimen de Nicaragua.

“Una medida desesperada por controlar lo que ellos definitivamente no pueden controlar y entonces en esta escalada de represión anti medios de comunicación, quieren darle visos de legalidad a lo que es totalmente ilegal e ilegítimo”.

Marín subrayó que esta reforma violenta “todos los convenios internacionales que Nicaragua ha suscrito en materia de derechos humanos, incluyendo la Declaración de Chapultepec, que habla específicamente de los derechos de los periodistas”. Afirmó que para una dictadura como la de Ortega la legalidad no es necesaria. 

“Aquí está la conciencia de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, pero eso no le da legalidad al régimen”, destacó. 

Sobre las reformas constitucionales que promueve el régimen, Marín las calificó de “una nueva Constitución chamuca al margen de la legalidad internacional”, explicando que no representan la voluntad del pueblo, sino la voluntad de “dos personas” que en sus ansias de poder tratan de garantizarse un proceso de sucesión familiar dinástico

En cuanto al futuro del periodismo en Nicaragua, Marín fue claro, “el periodismo va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo a pesar de las amenazas de ese régimen que cada día nos muestra un deterioro moral. Ya no saben qué hacer, están locos, enfatizó.

Insistió que los periodistas y medios independientes tienen un compromiso  frente al pueblo de Nicaragua que es el que les da “sustento de actuación. Lo demás, la dictadura, eso es lo de menos”, finalizó. 

Casi 150 artículos reformados

Los diputados nicaragüenses modificaron 148 de los 198 artículos de la Constitución y derogan otros 37.

Grupos opositores han señalado que la nueva Carta Magna no expresa la voluntad popular porque el régimen negó a los nicaragüenses el derecho a participar en su redacción a través de la consulta ciudadana, y en su ratificación a través del voto en un referéndum habilitante. 

Advierten además que a través de lo que denominan una nueva Constitución, los dictadores pretenden extender su mandato y aumentar sus facultades para perpetuarse en el poder e instaurar su dinastía. Ortega Murillo convirtió a Nicaragua en un Estado forajido que infringe el derecho internacional y violenta los convenios y tratados en materia de derechos humanos y compromisos democráticos, señalan.