Casi 40 personas presas políticas desterradas a Guatemala, fueron rechazadas para reasentarse en EE.UU

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), confirmó que a pesar de las pruebas de que son personas perseguidas políticas, Estados Unidos les ha cerrado la puerta del reasentamiento, lo que suma un mayor estrés y les pone en vulnerabilidad extrema.

 

  • 12:47 pm
  • Ene 15, 2025
Excarcelación a Guatemala.

La tarde del 5 de septiembre el gobierno de Guatemala, , informó que los 135 presos políticos que recibieron provenientes de Nicaragua tendrían 90 días para que puedan regularizar su situación migratoria.

Tomada de la web.
República 18

Las activistas Gabriela Morales y Mayela Campos, excarceladas políticas y parte del grupo de 135 nicaragüenses que en septiembre del 2024,  fueron expulsados de Nicaragua hacia Guatemala, expresaron su preocupación por la negativa de reasentamiento en Estados Unidos.

En un video difundido en redes sociales, Campos detalló que al menos 37 casos de personas excarceladas  fueron rechazadas por el gobierno de Estados Unidos a través del programa Movilidad Segura.

Indicó que además de las personas titulares,  2 esposas y 13 niñas y niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema ante la imposibilidad de viajar a Estados Unidos y la falta de apoyo para continuar fuera de Nicaragua.

 Gabriela Morales, señaló que es trabajadora social de profesión y ha sido activista desde el 2018 a la actualidad, motivo por el cual fue encarcelada injustamente durante un año y 15 días. En tanto, Mayela Campos se presentó como una expresa política detenida injustamente por el Gobierno de Nicaragua por “ejercer mi derecho de libre expresión”.

Las jóvenes activistas, señalaron que los 135 nicaragüenses fueron expulsados de Nicaragua a Guatemala bajo un acuerdo internacional promovido por Estados Unidos, el gobierno de Guatemala, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

Nuestro objetivo era claro una permanencia temporal en Guatemala con fines humanitarios mientras se definía un proceso de reasentamiento en un tercer país, huyendo de la persecución y el peligro en Nicaragua, buscamos cómo construir nuestra vida y nuestro futuro en un lugar seguro”, apuntó Campos. 

Guatemala no era el destino final

Insistió que no eligieron Guatemala como destino final pues la principal aspiración fue tramitar la solicitud de refugio en un tercer país como el acuerdo original.

A pesar de cumplir con el proceso establecido por OIM y  ACNUR para gestionar refugio en Estados Unidos, al día de  hoy es alarmante que las razones de estas denegaciones coincidan con las mismas acusaciones injustas que nos llevaron a ser perseguidos y encarcelados en Nicaragua perpetuando así la narrativa de la dictadura”, lamentó.

A su vez  rechazó las resoluciones e insistió que  tras analizar la situación de manera colectiva identificaron que 37 titulares y 22 núcleos familiares  han sido afectados sumando 59 personas en total.

Campos señaló  que conocen de casos de separación familiar donde solo parte de la familia ha sido aceptada. Destacó además que existe una persona que no aparece en los registros de OIM y que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

Preocupación por manejo de datos confidenciales 

Por su parte, Morales señaló que únicamente cuatro personas fueron notificadas por escrito de su rechazo y el resto únicamente de forma verbal. Agregó que el ACNUR ha notificado el desalojo inminente de los hoteles donde se hospedan sin ofrecer alternativas seguras.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es el manejo de nuestra información personal por diferentes personas y organizaciones sin nuestro consentimiento, esta falta de control y transparencia nos expone a un riesgo innecesario lo cual agrava aún más nuestra situación de vulnerabilidad”, lamentó Morales. 

A su vez solicitó respeto por la privacidad y demandó que cualquier decisión o manejo de datos sea consultado directamente con una comisión que como grupo afectado han creado para facilitar los canales de diálogo.

Indicó que como primera medida han enviado una carta a la directora de ACNUR en Guatemala solicitando, que se mantenga el apoyo de alojamiento, alimentación y servicio de salud mientras mientras no sean reasentados.

“Respeto a nuestro derecho de decidir libremente dónde tramitar nuestra solicitud de refugio, garantía de un trato digno y respetuoso acorde a con los estatutos internacionales de derechos humanos. También buscamos asesoría legal para apelar la resolución y garantizar nuestra dignidad mientras permanezcamos en Guatemala”, expuso Morales.

Finalmente hizo un llamado a todas las organizaciones solidarias a unirse  a su causa en busca de la garantía a sus derechos humanos. 

Negativa de reasentamiento en  Estados Unidos aumenta el estrés

Una publicación de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), indica que las torturas ejecutadas contra las 135 personas excarceladas y desterradas, estuvieron mayormente orientadas al estado mental y sensorial, aunque refieren que hay casos donde fueron torturados sexual y/o físicamente.

El Estado de Nicaragua ejecutó contra estas personas una práctica generalizada de tortura blanca. Advierte que ese tipo de práctica ha conllevado a afectaciones post excarcelación, tanto físicas como emocionales. 

La UDJ señala además que la mayoría de las 135 personas desterradas son provenientes de familias de escasos recursos por lo que para ellos ha sido muy difícil poder asumir el destierro forzado hacia otro país, tomando en cuenta que la mayoría nunca había salido de Nicaragua por las limitaciones económicas, muchos han tenido problemas para reunificarse con su núcleo familiar en Guatemala.

A su vez confirmó que a mediados de enero de 2025, se conoció que Estados Unidos negó el reasentamiento de entre 30 y 40 personas presas políticas desterradas a Guatemala.

A pesar de las pruebas de que son perseguidos políticos, Estados Unidos les ha cerrado la puerta del reasentamiento, lo que suma un mayor estrés para estas personas cuya nacionalidad también les fue despojada y están en la vulnerable situación de apatridia”, señaló la UDJ.

La UDJ agregó que la orden del decomiso de bienes ha generado un gran impacto emocional en todos aquellos ex-presos que tenían bienes en Nicaragua

Por otro lado, denunciaron que se han registrado casos donde la policía ha seguido dándole vigilancia a los familiares, incluso llegando a su casa (alquilada, que no es de su propiedad) para tomarles fotos y hasta para preguntarles cuántas personas viven en su casa.