CIDH demanda información sobre el paradero de pareja del fallecido Humberto Ortega
Organizaciones defensoras plantean que la falta de respuestas de las autoridades de las personas desaparecidas, no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que perpetúa el sufrimiento de su familia.

Humberto Ortega, antes de su muerte, mediante un audio filtrado a un medio digital había señalado que su pareja estaba detenida junto a él, luego de su muerte su familia no ha podido localizarla.
Mediante un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el pasado 10 de enero otorgó medidas cautelares a favor de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, quien fue pareja sentimental del fallecido general en retiro Humberto Ortega.
Chavarría se encuentra en desaparición forzada desde el 19 de mayo de 2024, luego de que fuera sometida junto con su pareja a arresto domiciliario y sin posibilidades de comunicación.
“No obstante, tras la muerte de su pareja en septiembre de 2024, los familiares no han logrado dar con su destino. Las autoridades estatales tampoco habrían brindado información oficial sobre su paradero ni sobre su estado actual. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH”, refiere la comunicación.
La CIDH, demandó al Estado que precise si la beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención. En particular, informar sobre el lugar de su detención, permitiendo el acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias.
Así mismo que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Una práctica sistemática del Estado de Nicaragua
La noche del 11 de junio de 2024, Humberto Ortega fue trasladado de emergencia al Hospital Militar, donde permaneció, bajo aislamiento total, hasta el día de su muerte el 30 de septiembre de 2024. Ese mismo día fue cremado y al día siguiente fue enterrado.
El número de personas presas políticas es incierto, datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicados en diciembre 2024 contabilizaban 9 casos. Sin embargo, existen otros casos como el de Chavarría, que han sido denunciados de forma individual y el de otras personas que nunca han sido dados a conocer por temor.
El Mecanismo plantea que “la desaparición forzada por ocultamiento de paradero continúa siendo una práctica sistemática del Estado. Las autoridades niegan a las familias el derecho fundamental de conocer el paradero de sus seres queridos”.
Apuntan que la falta de respuestas de las autoridades no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que perpetúa el sufrimiento de su familia.
Preocupación internacional por la gravedad de las desapariciones forzadas
La desaparición forzada de Chavarría y la de otras personas nicaragüenses fue denunciada el 15 de diciembre pasado por la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, durante su última actualización oral sobre la situación de Nicaragua.
Estas desapariciones forzadas son una muestra de que la situación política en Nicaragua “continúa deteriorándose” y reina en el país “un grave clima represivo”, indicó Al-Nashif.
En un comunicado conjunto firmado, por los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, y el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, insistieron sobre los casos de desaparición forzada.
“Muchas personas fueron arrestadas violentamente sin órdenes judiciales, sometidas a detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, y condenadas en procesos judiciales sin representación legal adecuada. Muchas siguen en prisión, incluso después de cumplir sus sentencias”, denunciaron.
Insistieron que las familias a menudo no pueden verificar la ubicación de sus seres queridos y ni temen denunciar desapariciones forzadas por miedo a represalias, lo que se agrava cuando las familias están en el exilio.