Las 5 noticias más impactantes de 2024 en Nicaragua
El sexto año de la crisis sociopolítica en Nicaragua cerrará en una nota sombría.
República 18
En 2024 Nicaragua atravesó el sexto año de su crisis sociopolítica.
La deriva autoritaria del régimen sandinista se compaginó con mayores niveles de inseguridad y criminalidad (según reportes ciudadanos, porque oficiales no hay), una acrecentada crisis económica y la persistencia del flujo emigratorio que ha llevado ya al equivalente a un 12% de la población del país hacia Costa Rica, Estados Unidos y Europa, entre otros destinos.
Estas son algunas de las noticias que más destacaron incluso en un contexto tan convulso como el nicaragüense:
El caso Maldonado
El 10 de enero, los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y Nadia Robleto fueron acribillados a balazos en la entrada de la Calle de la Amargura, en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, por dos hombres en una motocicleta los abordaron en el automóvil que conducían. Sobrevivieron, pero con graves secuelas.
Peritos de la autoridad costarricense examinan la escena del crimen en San José, Costa Rica. Foto: La Nación
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), una organización de opositores nicaragüenses que opera en Costa Rica, atribuyó el atentado a “células sandinistas” que operan en el país en la clandestinidad. Las autoridades costarricenses negaron que este fuera el caso y, hasta la fecha, todavía no se han esclarecido los motivos completamente.
Por meses no hubo información sobre las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense. UEN señaló a un periodista nicaragüense, Danilo Aguirre Sequeira, como sospechoso. El OIJ pudo ubicarlo en un video de seguridad junto con otros sospechosos, tres de ellos detenidos el 29 de octubre por la Policía costarricense.
Imágenes de algunos de los sospechosos de atentar contra la vida de Joao Maldonado divulgadas por la televisión costarricense. El segundo desde la izquierda es Sequeira (según confirmó él mismo), quien se presume permanece en Nicaragua. Foto: Teletica
El atentado dejó consternada a la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Muchos optaron por dejar el país cuando la oportunidad surgió meses después a través del programa de Movilidad Segura, motivados además por un aumento en la inseguridad ciudadana.
Otros opositores nicaragüenses han sido asesinados en circunstancias sospechosas en el extranjero y dentro del país. El caso más reciente ocurrió el 28 de octubre en Costa Rica, cuando el opositor Jaime Ortega, ligado al Movimiento Campesino de Nicaragua, fue baleado en una zona fronteriza.
Destierros
Tres días después del atentado contra Maldonado y Robleto, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó del país a 19 religiosos, entre ellos 13 sacerdotes, que había detenido en distintas fechas el año anterior. Entre ellos se encontraba el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, preso político desde agosto de 2022.
La presencia de Álvarez en momentos clave de la estallido social de abril de 2018, así como posteriores ataques que sufrió de parte del régimen sandinista, lo convirtieron en un símbolo de la resistencia de la Iglesia católica de cara a la agresión anticlerical de la dictadura.
Los religiosos fueron transportados a la Santa Sede en El Vaticano, Roma, por avión. Se trató de la segunda expulsión de religiosos después de los 12 sacerdotes presos políticos enviados también a Roma el 18 de octubre de 2023, abriendo una nueva modalidad de represión contra los religiosos, aunque ya había sido aplicada contra presos políticos laicos.
El director de la Oficina de Prensa del Vaticano confirmaría posteriormente que el destierro fue una iniciativa del régimen, que había pedido a la Santa Sede acoger a los sacerdotes. Lo mismo ocurrió el 8 de agosto con otros 7 sacerdotes detenidos en operativos policiales; dos más fueron expulsados el 19.
Monseñor Álvarez oficia su primera misa pública en el exilio en Sevilla, España. 18 de diciembre, 2024. Foto: República 18
El 5 de septiembre, el régimen aplicó una vez más su estrategia de expulsión: 135 presos políticos fueron enviados a Guatemala, su nacionalidad revocada, sus propiedades en el país confiscadas, declarados traidores por el régimen sandinista. La condena internacional no se hizo esperar, así como el alivio muchos por volver a ver a sus familiares.
En el país todavía quedan presos políticos, así como desaparecidos forzosamente. El número no es exacto debido a la misma represión, pero organizaciones de monitoreo y defensoras de derechos humanos han contabilizado un mínimo de 58 víctimas de la dictadura, tras una serie de operativos realizados a finales de noviembre y principios de diciembre en varias ciudades del país.
Los crímenes más impactantes
El 18 de agosto, la desaparición de Ariel Gaitán, un niño de 7 años en Catarina, Masaya, tomó un giro aún más oscuro cuando su cuerpo fue encontrado debajo de la cama de su medio hermano, Edward Gaitán, de 21 años, quien más tarde confesaría haberlo asesinado golpeándolo en la cabeza con una roca y asfixiándolo con una bolsa plástica.
Edward Gaitán presentado por la Policía Nacional. Foto: Medios oficialistas
Gaitán fue condenado a prisión perpetua revisable el 1 de octubre por el delito de parricidio agravado, “un crimen de odio“, en palabras de la segunda al mando del régimen sandinista, Rosario Murillo, quien intentó ligar el crimen a la cobertura de la situación nacional de medios de comunicación independiente.
La muerte del menor causó indignación en toda Nicaragua, así como el perfil psicológico de su victimario. Aunque descrito por allegados como un individuo “tranquilo”, detalles sobre los intereses de Gaitán revelados posteriormente apuntaban a una faceta más irracional atribuida a problemas familiares, contribuyendo al debate sobre la situación de la salud mental en el país.
Tres días después del crimen contra el menor, el 21 de agosto, la joven Érica Martínez fue asesinada a puñaladas en la capilla del Hospital Militar de Managua, donde laboraba, por su ex-pareja, Giovanni Fonseca, quien a pesar de múltiples incidentes de violencia reportados a las autoridades había permanecido en libertad gracias a un proceso de “mediación”.
Fonseca fue condenado a cadena perpetua el 23 de octubre tras haber confesado el delito, culmen de años de abuso y acoso perpetrados contra Martínez.
Giovanni Fonseca, feminicida convicto y confeso del asesinato de su expareja, Érica Martínez, durante la lectura de su sentencia. Foto: Medios Oficialistas
Al momento de publicarse esta nota, el conteo del Observatorio contra la violencia de género de la organización feminista Católicas por el derecho a decidir (CDD) ha recopilado un total de 59 feminicidios en lo que va de 2024.
También hubo 19 víctimas nicaragüenses de la violencia machista en el extranjero, lo que elevaría el total general a 78, superando por 5 casos el conteo de 2023. En el país no opera ninguna organización feminista, pues el régimen sandinista ha imposibilitado su labor a través de tácticas represivas.
La muerte del general
Cuando ocurrió aquel delito en el Hospital Militar, Humberto Ortega Saavedra, general en retiro del Ejército Popular Sandinista (EPS) y hermano de Daniel Ortega, llevaba más de dos meses internado. A una serie de declaraciones que brindó a medios nacionales e internacionales le siguió un brusco deterioro de salud, al menos según la historia oficial del régimen sandinista.
El 21 de mayo, bajo la excusa de atenderlo en la presunta enfermedad, agentes de la Policía Nacional entraron a su casa. Acabó a todas luces en casa por cárcel y así permanecería hasta el 11 de junio, cuando su salud empeoró a tal punto que debió ser internado en el Hospital Militar.
Humberto Ortega encabezó a las fuerzas armadas de la primera dictadura sandinista, apoyando a su hermano en la jefatura del Estado. Foto: Getty Images
En todo ese tiempo permaneció incomunicado. El 29 de septiembre, Nicaragua vuelve a saber de él: un “deterioro brusco” ameritó una intervención urgente. La madrugada del 30, a eso de las 1:55 AM, presentó señales de un paro cardio-respiratorio. A las 2:30 murió, pero el país no lo sabría sino hasta diez horas después.
Sus últimas palabras registradas surgieron al día siguiente, un mensaje grabado en un teléfono de seguridad que Ortega confió al medio Confidencial dos días antes de su internamiento en el Hospital Militar. El mensaje iba a su hermano, un último intento de apelar a su razón.
Humberto Ortega fue cremado y enterrado en una ceremonia privada organizada por su familia. Para el fundador del actual ejército de Nicaragua no hubo funeral de Estado, tampoco un sólo día de duelo. La muerte del general en retiro dejó claro al país hasta dónde estaba dispuesto a llegar Daniel Ortega con tal de mantener su poder indiscutido.
La reforma que matará a la república de Nicaragua
Presentada el 19 de noviembre y aprobada con urgencia en la Asamblea Nacional el 22, la última reforma constitucional del régimen sandinista es la más grande en los 16 años de su existencia. Presentada como una reforma “parcial”, el texto reforma más de un centenar de artículos y deforma la estructura del Estado a nivel extremo.
Se instituye un ejecutivo bicéfalo, “co-presidentes” con autoridad acrecentada para “coordinar” a los demás poderes del Estado, efectivamente negando el principio de separación de poderes y facilitando una sucesión dinástica de Ortega a Murillo.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, al recibir el texto de la propuesta de reforma constitucional. 19 de noviembre, 2024. Foto: Medios Oficialistas
Se elimina la prohibición a la tortura; se legalizan la existencia de grupos armados para-policiales y la censura a medios de comunicación. También denomina a Nicaragua como un “Estado revolucionario” e impone como símbolo patrio la bandera rojinegra del Frente Sandinista, el partido de gobierno; faculta al Ejecutivo a desplegar a las fuerzas armadas contra su propia población, entre otros lineamientos altamente cuestionados.
Condenada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el nuevo texto entrará en vigor en enero de 2025.
Si bien muchas de las acciones que la constitución reformada instituye ya eran prácticas ampliamente documentadas del régimen sandinista, analistas señalan que la nueva carta magna supone “distorsión irreversible” del Estado nicaragüense, en efecto la muerte de la república de Nicaragua como entidad política.
